Las diversas bancadas tienen una posición dividida respecto de este problema. La Asamblea Legislativa Plurinacional solo necesita mayoría simple y no dos tercios para ampliar las restricciones.
“Yo sugiero en este proyecto de ley que ampliemos tres meses más con la finalidad sobre todo de generar una fiscalización como lo están pidiendo varios sectores: Han pedido mejor fiscalización y que nunca más (falta de) combustible, (problemas con recojo de) basura, entonces creo que eso es muy importante también hay que fiscalizar el tema del contrabando a la inversa y creo que estos aspectos fácilmente se pueden dar dentro del estado de excepción”, dijo el diputado proyectista.
El 22 de junio pasado el presidente, Rodrigo Paz, declaró el estado de excepción y de acuerdo con la Ley 1740 que regula este tipo de disposición presidencial, el periodo declarado fue de 90 días. Ese plazo se cumple el próximo 22 de septiembre, por esa razón se plantea ampliar esta medida.
“De forma excepcional, se podrá ampliar dicho plazo previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por votación de la mayoría absoluta de sus miembros presentes” señala el parágrafo II del artículo 10 que especifica la duración de este mecanismo.
Sin embargo, la diputada Lissa Claros, una de las más aguerridas legisladoras, advirtió que ella de forma personal no aprobará la ampliación porque el gobierno tuvo suficiente tiempo para pacificar el país y recordó que el principal problema es el combustible.
“Un gobierno no puede estar gobernando eternamente a través de un estado de excepción, tiene que tener la capacidad de resolver los problemas de la ciudadanía y si no tiene la capacidad, hay que empezar a hablar, sin miedo, de otra salida democrática porque la solución para Bolivia no es gobernar a través de estados de sitio”, dijo la diputada.
