Durante demasiado tiempo, los bolivianos hemos buscado las causas de nuestros problemas en los gobernantes de turno. Y, en buena medida, tenemos razón. Después de 201 años de vida republicana, seguimos arrastrando problemas estructurales que limitan nuestras posibilidades de desarrollo: instituciones débiles, corrupción, inseguridad, pobreza, desigualdad, informalidad, deficiencias educativas y de salud, falta de empleo digno y una economía excesivamente vulnerable.
La responsabilidad principal de resolver estos problemas corresponde, sin duda, al poder político. Son los gobernantes quienes reciben el mandato ciudadano, administran los recursos públicos y tienen la obligación de conducir al país hacia mejores condiciones de vida.
Pero existe una segunda verdad que resulta mucho más incómoda: ninguna transformación profunda será posible mientras la ciudadanía continúe delegando casi completamente en los políticos la responsabilidad de construir el país.
El ciudadano también tiene una responsabilidad
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Hemos desarrollado una peligrosa costumbre: protestamos cuando las cosas salen mal, nos indignamos ante la corrupción, cuestionamos a los gobernantes y nos quejamos de los servicios públicos; pero con demasiada frecuencia nuestra participación termina en el voto, en una conversación entre amigos o en las redes sociales.
Después volvemos a nuestra vida cotidiana y dejamos que otros decidan por nosotros.
Esta actitud de comodidad, pasividad o indiferencia ciudadana puede convertirse, aunque no sea nuestra intención, en una forma de complicidad con aquello que criticamos.
Una democracia no puede funcionar adecuadamente si la ciudadanía aparece únicamente cada cinco años para depositar su voto. Votar es indispensable, pero no suficiente.
La democracia también significa vigilar, preguntar, proponer, fiscalizar, organizarse, participar y exigir resultados. No basta cambiar gobernantes; hay que cambiar la relación entre ciudadanos y poder
Bolivia ha cambiado gobiernos, presidentes, partidos y modelos políticos. Sin embargo, muchos de los problemas fundamentales permanecen.
Esto debería llevarnos a una conclusión: quizás el problema no está solamente en quién gobierna, sino también en cómo funciona la relación entre el poder y la sociedad.
Mientras el ciudadano permanezca distante de los asuntos públicos, el poder tendrá demasiados espacios para actuar sin control suficiente.
Por eso, la solución estructural que Bolivia necesita no puede limitarse a una reforma política o económica. Debe incluir una verdadera revolución ciudadana, entendida no como confrontación ni violencia, sino como un cambio profundo en nuestra cultura democrática.
Del ciudadano espectador al ciudadano protagonista
¿Qué significa concretamente esto?
Primero, debemos recuperar la participación ciudadana como un deber cívico permanente.
Las organizaciones vecinales, gremiales, profesionales, empresariales, académicas, universitarias, campesinas, indígenas y de la sociedad civil deberían dejar de ser únicamente estructuras destinadas a defender intereses sectoriales y convertirse también en espacios de construcción de propuestas nacionales.
Segundo, necesitamos fortalecer el control social sobre los recursos públicos.
Cada ciudadano debería tener derecho, y también responsabilidad, de saber cuánto dinero administra su municipio, cuánto se destina a salud, educación, infraestructura o seguridad y qué resultados se obtienen. La transparencia no puede ser solamente una obligación burocrática del Estado; debe convertirse en una exigencia cotidiana de la sociedad.
Tercero, necesitamos una ciudadanía mejor informada.
No podemos exigir buenas decisiones públicas si la sociedad desconoce cómo funciona el Estado, de dónde provienen los recursos, cómo se aprueban las leyes, cuáles son las competencias de un municipio, una gobernación o el Gobierno nacional, y cuáles son los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
La educación cívica debería recuperar un lugar central en la formación de las nuevas generaciones.
Cuarto, necesitamos pasar de la protesta a la propuesta.
Una ciudadanía madura no solamente dice “no estoy de acuerdo”. También pregunta: ¿cuál es la alternativa?, ¿cuánto cuesta?, ¿cómo se financia?, ¿quién debe ejecutarla?, ¿cómo se medirán los resultados?
Ese cambio cultural sería enorme: pasar de una sociedad que reclama soluciones a una sociedad que también ayuda a construirlas.
El camino real hacia la solución estructural de Bolivia no comienza únicamente en el Palacio de Gobierno, en la Asamblea Legislativa o en los tribunales. Comienza también en cada ciudadano que decide dejar de ser espectador.
El país que queremos no se construirá solamente con mejores gobernantes. Se construirá cuando tengamos también mejores ciudadanos: informados, organizados, participativos, vigilantes y comprometidos con el bien común.
Ese podría ser el verdadero cambio estructural que Bolivia necesita.
Fernando Crespo Lijeron