El documento señala que agentes encargados de la seguridad y del control del espacio público aparecen entre los principales responsables de vulneraciones contra esta población, en distintas ciudades de Bolivia
Fuente: ANF / La Paz
La Defensoría del Pueblo documentó casos de golpizas, abusos y tratos crueles contra niñas, niños y adolescentes en situación de calle (NNASC) en distintas ciudades del país, según el informe defensorial Derechos a la Intemperie, que advierte sobre una desprotección estatal de carácter estructural.
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El documento señala que agentes encargados de la seguridad y del control del espacio público aparecen entre los principales responsables de vulneraciones contra esta población. En La Paz, se reportaron agresiones físicas con toletes y castigos corporales, mientras que en El Alto se denunciaron cobros irregulares, amenazas de reclusión, retención de documentos y el presunto abuso sexual contra una adolescente de 16 años durante una requisa.
En Cochabamba, el informe recoge un caso en el que efectivos policiales habrían utilizado una bolsa plástica con agua y gas pimienta para introducir la cabeza de un adolescente. En Santa Cruz de la Sierra, se reportaron castigos físicos con palos y exposición al humo de gas pimienta.
Las denuncias también involucran a guardias municipales. En Cochabamba, se describen traslados forzados hacia el Cristo de la Concordia, donde las víctimas habrían sido golpeadas, desnudadas y obligadas a bajar descalzas. En Santa Cruz, el informe reporta batidas durante las cuales se golpeaba a menores, se quemaban sus colchas y ropa de abrigo y se los mojaba con agua durante el frío.
La Defensoría concluye que estas situaciones no responden únicamente a condiciones individuales de pobreza, sino a fallas acumuladas del Estado. El informe identifica ausencia de políticas especializadas, deficiencias en educación y salud, barreras para obtener documentos y falta de registros diferenciados que permitan dimensionar la problemática.
Ante este escenario, la institución recomendó establecer una política nacional especializada, crear protocolos para la Policía y las guardias municipales, garantizar el acceso a identidad, salud y educación, y aprobar una ley de prevención y atención intersectorial para las NNASC.
