El debate del 50/50 ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión que Bolivia nunca terminó de resolver: ¿cuánto de los recursos públicos debe permanecer en el nivel central y cuánto debe llegar a los departamentos y municipios?
En Santa Cruz, la propuesta de comenzar este proceso mediante una redistribución del Impuesto a las Transacciones abre una discusión necesaria. Pero reducir el 50/50 a una fórmula para repartir impuestos sería quedarnos solamente con una parte del problema.
La pregunta de fondo es otra: ¿queremos gobiernos subnacionales con más recursos o autonomías con verdadera capacidad de decisión?
Bolivia reconoció constitucionalmente las autonomías, pero durante los largos años de gobierno del Movimiento al Socialismo se consolidó un modelo que, en muchos ámbitos, mantuvo una fuerte concentración del poder en el nivel central.
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No fue necesario eliminar las autonomías de la Constitución. Bastó con construir una arquitectura legal centralista que condicionó el ejercicio de numerosas competencias, fortaleció la conducción nacional de las políticas públicas e impuso obligaciones financieras a los gobiernos subnacionales.
Pero sería incompleto responsabilizar únicamente al nivel central. Durante los años de bonanza económica, muchos gobiernos subnacionales tampoco defendieron con suficiente firmeza sus espacios de autonomía. Los ingresos provenientes de los hidrocarburos permitían financiar obras, sostener estructuras administrativas y asumir nuevas obligaciones sin que sus efectos fueran inmediatamente visibles. Mientras había recursos abundantes, discutir quién debía financiar cada competencia o hasta dónde podía intervenir el nivel central parecía menos urgente.
El problema estaba ahí, pero la bonanza lo disimulaba. Hoy la realidad es distinta. La reducción de los ingresos provenientes de los hidrocarburos ha dejado al descubierto las debilidades de aquel modelo. Las competencias permanecen, las obligaciones continúan y el marco regulatorio sigue vigente, pero los recursos que permitían sostenerlo ya no son los mismos.
La bonanza permitió financiar las contradicciones del modelo autonómico; la disminución drástica de recursos públicos terminó por hacerlas visibles.
Así se instaló una contradicción difícil de sostener: autoridades electas territorialmente, con competencias reconocidas constitucionalmente, pero sin los recursos ni la capacidad suficiente para ejercerlas plenamente.
En seguridad ciudadana, por ejemplo, los gobiernos subnacionales destinan recursos para infraestructura y equipamiento vinculados a la Policía, mientras el mando institucional permanece en el nivel central. En términos sencillos: se puede exigir al nivel subnacional que ayude a pagar, sin darle una capacidad equivalente para decidir.
En otros ámbitos ocurre algo diferente. Existen competencias constitucionalmente compartidas cuyo desarrollo regulatorio terminó dejando márgenes reducidos de decisión a las entidades territoriales autónomas. Incluso hay materias donde la regulación nacional alcanza aspectos que, por su naturaleza, deberían permitir un mayor margen de decisión a gobiernos departamentales y municipales.
Salud y educación muestran otra cara del mismo problema.
Es razonable que exista una política nacional de salud y que todos los bolivianos tengan estándares mínimos de atención. También es razonable que exista una política educativa nacional. La unidad del Estado requiere ciertos criterios comunes.
Pero rectoría no debería significar centralización de cada decisión. Son los gobiernos locales y departamentales los que conviven diariamente con hospitales saturados, centros de salud insuficientes, unidades educativas que necesitan infraestructura y poblaciones que crecen mucho más rápido de lo que puede prever una planificación realizada desde el centralismo.
Quien está más cerca del problema debería tener también mayor capacidad para participar en su solución.
Ese es precisamente uno de los principios que debería sostener cualquier proceso serio de descentralización: las decisiones deben tomarse lo más cerca posible del ciudadano, siempre que ese nivel de gobierno tenga capacidad para asumirlas.
Por eso el problema de las autonomías bolivianas nunca fue exclusivamente económico.
Durante años discutimos cuánto dinero reciben gobernaciones y municipios, cuando debimos preguntarnos también cuánto pueden realmente decidir.
Porque el centralismo no consiste únicamente en concentrar recursos. También existe cuando se descentralizan responsabilidades mientras se conserva la decisión; cuando se obliga a financiar políticas sin otorgar capacidad equivalente para conducirlas; o cuando una competencia reconocida constitucionalmente termina limitada por un diseño regulatorio centralizado.
La autonomía no solo se debilita cuando pierde recursos; también cuando pierde progresivamente su capacidad para decidir.
Aquí radica el verdadero desafío del 50/50. Si se limita a redistribuir ingresos, corregirá solo una parte del problema. El debate debe ir mucho más allá del ámbito financiero y plantear si estamos dispuestos a revisar el modelo legal que durante años concentró decisiones en el nivel central.
El 50/50 no puede ser únicamente una nueva fórmula para repartir impuestos. Debe convertirse en el inicio del desmontaje de un modelo centralista que limitó el desarrollo efectivo de las autonomías.
Hoy el país enfrenta una circunstancia política excepcional. Después de casi dos décadas de predominio legislativo del MAS, en el escenario político actual, las fuerzas de oposición cuentan con una mayoría suficiente en la Asamblea Legislativa para impulsar reformas de fondo.
Esa oportunidad no debería agotarse en una reforma tributaria. Si la nueva mayoría se limita a redistribuir recursos, habrá corregido un desequilibrio fiscal, pero habrá dejado intacto el modelo que limita el ejercicio de las autonomías. En cambio, si asumen el desafío de revisar el marco legal que concentra decisiones en el nivel central, podrá iniciar una verdadera segunda etapa del proceso autonómico boliviano.
No se trata de discutir hoy un Estado federal. Ese es un debate que requiere madurez institucional y autonomías plenamente desarrolladas. Pero tampoco podremos hablar seriamente de federalismo mientras no hayamos ejercido primero las autonomías que la propia Constitución reconoce.
El 50/50 puede marcar ese punto de inflexión. Bolivia no necesita únicamente redistribuir los recursos del Estado. Necesita redistribuir su capacidad de decidir. Solo entonces podremos hablar de autonomías reales y de un nuevo modelo de Estado al servicio de los ciudadanos.