Ante cuestionamientos a dirigentes y directivas, la diputada Sofía Rocha, de la bancada Libre, plantea acabar con la dictadura sindical para evitar que muchos ciudadanos sean sometidos a sanciones o multas pecuniarias por no asistir a movilizaciones u otro tipo de actividades impuestas por líderes de las organizaciones sociales en Bolivia.
Fuente: ANF
“Esta (propuesta de) ley no es en contra de los sindicatos, es en contra de la dictadura sindical. Es para que las bases puedan ver que realmente puede existir una representación real que pelee por los intereses que se tienen y no así por intereses políticos y personales. No así que (un dirigente) venda cada una de sus luchas”, declaró Rocha a la ANF.
La parlamentaria subrayó que el sindicalismo en Bolivia está protegido por la Constitución Política del Estado, pero eso es aprovechado por los dirigentes para someter a sus bases.
El anteproyecto de ley propone crear el Sistema de Verificación de Democracia Sindical (SVDS), como mecanismo técnico de carácter colegiado, encargado de verificar el cumplimiento de ciertos estándares que avalarán la representación institucional ante el Estado.
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La diputada aclaró que ese sistema de control no se entrometerá en las actividades internas de las organizaciones sindicales, sólo verificará que los dirigentes no se prorroguen en el cargo y que las bases sean libres de participar y elegir.
Durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo surgieron bastantes denuncias sobre prórroga de dirigentes sindicales que tenían acercamientos con el Gobierno. Un ejemplo claro es Juan Carlos Huarachi. Fue elegido como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) en 2018 y se prorrogó hasta finales del 2025, cuando su mandato debió ser sólo por dos años.
Este año, durante los 53 días de conflicto en el departamento de La Paz, muchos movilizados denunciaron a las organizaciones campesinas por obligarles a bloquear las carreteras bajo amenaza de multas, quita de terrenos o saqueo de negocios.
En enero de este año, maestros y pobladores del Trópico de Cochabamba denunciaron que son obligados a asistir a reuniones y vigilias en Lauca Ñ para proteger al exmandatario Evo Morales; en caso de que no quieran hacerlo, aplican multas que van desde Bs 400 hasta Bs 1.000.
La ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP), Anahí Bozo, rechazó la propuesta de ley porque interpreta que el Gobierno quiere acabar con el sindicalismo en Bolivia o reducirlo a su mínima expresión.
“No conocen nada del tema sindical y educativo, quieren meter sus narices y sus manos en los sindicatos para tenerlos controlados. Hablan de transparentar, pero son los más corruptos. Hemos visto en todos estos meses cómo entre diputados y el Gobierno ha habido cuoteos”, protestó Bozo.
La maestra aseguró que con la nueva directiva en el magisterio urbano de La Paz acabaron con años de una dictadura y ahora esa institución está en manos de las bases a través de sus representantes elegidos de manera democrática.
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