Señalaron que una posible ampliación atentaría contra los derechos de la sociedad además de vulnerar la Constitución.
Operativos durante el Estado de excepción. Foto: ABI.
El ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales, Juan Carlos Mamani, advirtió que el sector rechazará una posible ampliación del estado de excepción y sostuvo que, en ese caso, este tendría que “romperse”.
“Va a tener que romperse ¿No? También el Gobierno está yendo a ese camino. Entonces puede que sea una posibilidad muy cierta de que más adelante se pueda romper este estado de excepción”, señaló Mamani en contacto con los medios.
El ejecutivo sostuvo que la medida vulnera los derechos de la población y afirmó que se debe respetar la constitución Política del Estado.
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“Nosotros somos respetuosos de la Constitución Política del Estado y obviamente no vamos a permitir de que haya una ampliación en este estado de excepción, porque también es atentatorio contra los derechos de la sociedad boliviana. Porque tiene que haber un respeto a la Constitución”, afirmó.
Asimismo, afirmó que en caso de que el Órgano Ejecutivo concrete una ampliación, se consultará con las bases del Magisterio para definir una determinación en contra de la medida.
“Dependiendo de cómo el gobierno vaya a manejar este tema de estado de excepción, seguramente vamos a tener socialización con nuestros representantes de distrito, de núcleos y unidades educativas y vamos tomar determinaciones también”, manifestó.
Ampliación
Las declaraciones surgen en respuesta ante el planteamiento realizado por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien el pasado miércoles, propuso ampliar el estado de excepción que entró en vigencia el 20 de junio.
“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento y, si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y el respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse, porque quiere decir que hay grupos que continúan con la intención de desestabilizar la democracia”, afirmó Aramayo.
La norma tiene una vigencia de 90 días, plazo que vence en la segunda quincena de septiembre, aunque permite su ampliación, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
