La Gobernación promete “cero tolerancia” ante presuntas irregularidades, pero el desafío para la administración de María René Soruco es pasar de los comunicados a corregir prácticas instaladas y transparentar la gestión.
Fuente: https://elpais.bo
Los escándalos que en las últimas semanas han salpicado al Servicio Eléctrico de Tarija (Setar) han puesto nuevamente bajo presión a una de las empresas estratégicas del departamento. Denuncias recurrentes por sobrefacturación, errores en los cobros, salarios desmesurados, subcontratación de ambientes y hasta festejos en horario laboral han alimentado cuestionamientos sobre la administración de la empresa y sus mecanismos de control, algo que afecta directamente a la Gobernación de Tarija.
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Tras varias semanas, la Gobernación salió a fijar posición. La gobernadora María René Soruco aseguró que su gestión actuará con firmeza y transparencia ante cualquier presunto hecho irregular y afirmó que existe “cero tolerancia” a la corrupción.
Según la Gobernación, tras la denuncia presentada y la remisión de antecedentes a las áreas correspondientes, se activaron los mecanismos institucionales para que los hechos sean investigados por las instancias competentes.
El pronunciamiento, sin embargo, abre un desafío mayor para la propia administración departamental. Setar no es una entidad ajena a la Gobernación: forma parte de su estructura institucional y su funcionamiento compromete directamente recursos e intereses de los tarijeños. Por eso, señalan desde las Juntas Vecinales, la responsabilidad política no puede agotarse en derivar denuncias a otras instancias.
Los vecinos piden que la promesa de una “nueva etapa para Setar” tese traduzca en resultados concretos: investigaciones transparentes, corrección de procedimientos, controles internos efectivos y explicaciones públicas sobre las decisiones administrativas que han generado cuestionamientos.
El punto de partida tampoco es menor. Los problemas denunciados no se limitan a un eventual error aislado en una factura. Si existen prácticas irregulares sostenidas en el tiempo, corresponde determinar quién las permitió, quién debía controlarlas y qué medidas se tomarán para evitar que vuelvan a ocurrir.
Soruco tiene ahora la oportunidad de convertir su discurso de “cero tolerancia” en una política efectiva de saneamiento institucional.
