Fuente: https://www.vision360.bo
Jorge Quispe / Sumando Voces
A menos de tres semanas de que concluya el estado de excepción en Bolivia, el país vuelve a encontrarse ante una encrucijada: tomar ahora las medidas necesarias para desactivar las tensiones sociales o esperar a que el malestar vuelva a convertirse en calles bloqueadas, desabastecimiento y confrontación. El 18 de septiembre marca el fin de la medida, pero también una fecha límite para que el Gobierno, el Legislativo y las organizaciones sociales construyan acuerdos capaces de evitar que Bolivia repita el escenario de los 51 días de bloqueos de mayo y junio.
El escenario político boliviano atraviesa un momento de extrema fragilidad. A casi un año de mandato, la administración del presidente Rodrigo Paz enfrenta una «tormenta perfecta», marcada por el desabastecimiento de carburantes, la pérdida de popularidad, el fantasma de la conflictividad social que dejaron los 51 días de bloqueos y la sombra del denominado caso Cerimedo, un escándalo que ha profundizado la desconfianza ciudadana hacia el Ejecutivo.
Frente a este panorama, cuatro analistas políticos coinciden en que la gobernabilidad y la prevención de nuevas eclosiones sociales dependen de dos caminos que deben avanzar en paralelo: la construcción de amplios puentes de diálogo y la generación de resultados tangibles en el corto plazo, tanto entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como con los sectores sociales.
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Atomización del poder y la urgencia de pactos legislativos
La falta de una mayoría contundente en la ALP obliga al Ejecutivo a buscar consensos indispensables para dar viabilidad a sus medidas económicas y de reforma. Sin embargo, la debilidad del oficialismo se ve acrecentada por las recientes denuncias públicas.
Para la politóloga María Teresa Zegada, la salida pasa ineludiblemente por una apertura política profunda. «En Bolivia, dado que no hay mayorías contundentes, es necesario que el Presidente y su Gobierno hagan acuerdos con los partidos del órgano legislativo», sostiene la académica.
Y la única manera, añade, «es generando una voluntad muy amplia de diálogo tanto con el Legislativo como con los sectores de la sociedad civil. La democracia no funciona sin acuerdos con la sociedad».
En la misma línea, el analista Marcelo Silva apunta a que la Asamblea «posee la llave» para destrabar la gobernabilidad, aunque advierte sobre los límites que imponen las recientes crisis.
«La Asamblea Legislativa tiene indudablemente la llave para ello (la gobernabilidad) y creo que el Gobierno debería establecer algún tipo de acercamiento para lograr acuerdos políticos partidarios», grafica Silva.
Por su parte, el analista cruceño José Peralta enfatiza que el Ejecutivo debe tender puentes concretos con los principales actores de la oposición para asegurar una mayoría funcional.
«Aquí lo importante es que aproveche el Gobierno, el Presidente, un acuerdo jurídico con líderes nacionales como es el caso de Tuto (Jorge Quiroga), Samuel (Doria Medina) o hasta Manfred (Reyes Villa), para poder tener la mayoría necesaria (en la ALP)», explica Peralta.
El impacto del caso Cerimedo y la erosión de la credibilidad
Ahora, el malestar ciudadano no solo se nutre de la crisis económica y de la escasez de combustibles, sino también de las dudas persistentes en torno a la gestión gubernamental. Zegada advierte que la institucionalidad atraviesa una crisis de confianza.
«El Gobierno tiene la obligación en este momento de aclarar todas las dudas de la población para recuperar en cierto modo la confianza en la gente», analiza Zegada.
El asesor presidencial Fernando Cerimedo fue detenido por el intento de feminicidio de su expareja, un hecho que desató una crisis política en el Gobierno de Rodrigo Paz luego de que, además, se denunciaran diversos hechos de corrupción.
La analista Erika Brockmann subraya, por su lado, que la legitimidad del poder no se juega únicamente en los despachos de las autoridades, sino también en las calles y en la respuesta efectiva a las demandas ciudadanas.
«El bloqueo (de mayo y junio) se desprestigió propiamente (…) pero la gobernabilidad en Bolivia no solamente pasa por la Asamblea Legislativa, pasa también por las calles con las organizaciones sociales», puntualiza Brockmann.
Para la académica, Paz debe hacer los esfuerzos para identificar y saber «qué es lo que quiere la gente que él haga».
Entre el pacto político y la exigencia social de resultados
El desafío del Gobierno no se agota en las alianzas dentro del Parlamento. Los especialistas advierten que existe una base social expectante que exige soluciones inmediatas a problemas cotidianos, como el abastecimiento de diésel y la estabilidad de los precios.
Marcelo Silva es enfático al señalar que los acuerdos parlamentarios, por sí solos, no desactivarán el malestar en las calles si no van acompañados de una gestión efectiva.
«Por mucho que el presidente Rodrigo Paz consiga el 80, 85% de unidad en la Asamblea Legislativa, hay un sector social que indudablemente está esperando resultados. Y esos resultados no llegan», insiste.
Ante este escenario de aislamiento interno, Silva apunta a un factor externo como el principal sostén táctico del Ejecutivo en este momento.
«El apoyo del gobierno de Estados Unidos creo que es, en este momento, su única fortaleza y su única tabla de salvación», complementa.
Para cerrar la tenaza de la sobrevivencia política, José Peralta remarca desde Santa Cruz la urgencia de actuar con rapidez en el plano económico para evitar que octubre reactive las movilizaciones.
«El Gobierno tiene que tomar decisiones rápidas en el caso, por ejemplo, de los combustibles […] si resuelve de manera gradual las colas, ese podría ser un colchón», opina Peralta.
Si lo hace de manera rápida y coordinada, «yo creo que puede sobrevivir octubre y neutralizar a los posibles bloqueadores o movilizados», precisa Peralta, quien además considera que la aprehensión del expresidente Evo Morales puede redituarle apoyo de parte de la población.
La prevención empieza antes del conflicto
El tablero político boliviano se encamina hacia una prueba de fuego. El fin del estado de excepción no resolverá por sí mismo las tensiones acumuladas ni garantizará que el país no vuelva a las calles. La prevención, coinciden los expertos, debe comenzar antes de que aparezca un nuevo bloqueo.
Para ello, el Ejecutivo necesita recuperar credibilidad, atender las urgencias económicas y abrir canales de diálogo con el Legislativo y las organizaciones sociales. La Asamblea, por su parte, deberá asumir su responsabilidad en la construcción de acuerdos, mientras que los sectores sociales tienen también el desafío de trasladar sus demandas a espacios de negociación que eviten que la protesta termine nuevamente afectando los derechos de millones de bolivianos.
Después de los 51 días de bloqueos, la lección parece evidente: esperar a que el conflicto estalle para empezar a dialogar tiene un costo demasiado alto. Bolivia todavía está a tiempo de elegir otro camino: anticiparse a la confrontación, escucharse y construir acuerdos antes de que las carreteras vuelvan a convertirse en el escenario de una nueva fractura social.
«Bolivianos por el diálogo y la paz social»
