El próximo 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de 43 estudiantes en México.
Fuente: https://actualidad.rt.com
Una veintena de bolsas con restos humanos y un crematorio clandestino se convirtieron en una nueva e inesperada pista para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Aytozinapa, ocurrida hace casi 12 años en México, reveló el diario La Jornada.
Según el reporte, los investigadores están analizando bolsas que fueron encontradas en un basurero y un río, y que forman parte de un conjunto de muchos otros fragmentos corporales rescatados dentro y fuera de una funeraria que contaba con un horno ilegal.
Los datos podrían dar un vuelco a uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en la historia de América Latina, y que comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando jóvenes que estudiaban en una escuela rural en Ayotzinapa fueron perseguidos, torturados y desaparecidos en Iguala, una ciudad ubicada en el estado de Guerrero, en el sur mexicano.
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Al día siguiente estalló una conmoción social que marcó al Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que quiso cerrar en pocos meses la investigación con la llamada «verdad histórica», una tesis que afirmó que miembros del cártel Guerreros Unidos habían secuestrado y asesinado a los estudiantes, y que después incineraron los cuerpos en el basurero de Cocula y dispersaron los restos en el río San Juan.
Teorías y omisiones
Investigadores independientes e internacionales demostraron, a través de pruebas científicas e informes, que esto no era posible. Más tarde, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) denunció que su antecesor había construido una «mentira histórica».
Sin embargo, la revelación de La Jornada afirmó que durante todo este tiempo las personas que participaron en la investigación no tomaron en cuenta las bolsas con restos humanos y el crematorio clandestino que recién ahora se están analizando.
También advirtió que la omisión de las bolsas durante todos estos años se debió a una posible cadena de complicidades en la que —supuestamente— habrían participado políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y organizaciones no gubernamentales.
