La propuesta plantea, entre otros aspectos, elevar progresivamente el presupuesto del Órgano Judicial hasta el 3%, establecer una carrera judicial obligatoria y prohibir las prórrogas de mandato de autoridades judiciales.
Fuente: Prensa Juan del Granado
La Paz, 01 de septiembre de 2026.- El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan Del Granado, se reunió este martes con jefes de bancada en Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional para socializar el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) en materia de justicia, con el objetivo intercambiar criterios, generar consensos y facilitar el tratamiento de la iniciativa en Sesión Plenaria.
De la reunión participaron jefes de bancada, además de diputados y senadores de las fuerzas políticas Libre, PDC, Alianza Popular, Súmate y Unidad. Entre los asistentes estuvieron los senadores Tomasa Yarhui, José Sánchez y Daniel Ortiz, así como los diputados Marlene Miranda, Karina Lierbers, Claudia Herbas, Lily Zurita, Luis Laredo, Rafael López, Freddy Camacho, Diego Brañez y Ruddy Pantaleón.
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“La Comisión de Constitución ha tenido una reunión importante, en la que hemos ratificado nuestra propuesta de reforma judicial. Es una propuesta que ya está para el tratamiento de la Cámara y esperamos que, en el curso de las próximas sesiones, sea objeto de consideración, tanto en grande como en detalle, para su posterior aprobación”, señaló Del Granado.
El Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado en materia de Justicia surge como continuidad de una iniciativa popular impulsada en 2023 por un colectivo de juristas independientes, de la cual fue participante el diputado Juan Del Granado.
Durante la reunión, Del Granado, junto con la secretaria técnica de la Comisión de Constitución, Kathia Saucedo, explicó los principales alcances de la propuesta, con el propósito de recoger criterios y alcanzar los consensos necesarios para su aprobación en el Pleno de la Asamblea Legislativa.
Una reforma frente a la crisis de la justicia
La iniciativa legislativa identifica como principales fundamentos el colapso de la institucionalidad, caracterizado por un sistema burocrático e ineficiente; la instrumentalización del poder y la falta de independencia judicial; el estrangulamiento económico del sistema, que actualmente cuenta con un presupuesto equivalente al 0,5% del Presupuesto General del Estado (PGE); y la exclusión social y las barreras de acceso a la justicia.
Ante este escenario, Del Granado explicó que el proyecto contempla varios componentes fundamentales. Uno de ellos es el incremento progresivo del presupuesto destinado a la administración de justicia hasta alcanzar el 3%, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y fortalecer su independencia económica.
“Son apenas 1.100 jueces y 500 fiscales, mal pagados y con una infraestructura muy precaria, que de ninguna manera satisface los intereses y las necesidades de la población litigante. Estamos planteando un presupuesto progresivo de hasta un 3%, que debe estar inscrito en la Constitución para que no sea objeto de modificaciones gubernamentales transitorias”, explicó.
La propuesta también plantea establecer una carrera judicial obligatoria, con la prohibición de jueces provisorios, temporales o “ad hoc”. Asimismo, establece la prohibición de cualquier tipo de presión o influencia externa sobre las decisiones judiciales y la sustanciación de los casos.
Otro de los componentes es el reconocimiento constitucional de la justicia de paz, la conciliación y el arbitraje, además de la obligación del Estado de garantizar la defensa pública y servicios integrales para sectores en situación de vulnerabilidad.
El proyecto establece, además, la prohibición constitucional de las prórrogas de mandato y el cese automático de funciones una vez concluido el periodo establecido. En caso de prórrogas indebidas, los responsables serían sometidos a la justicia ordinaria.
Uno de los puntos que generó mayor intercambio de criterios entre los asistentes fue la propuesta de eliminar definitivamente la Procuraduría General del Estado, al considerar que esta institución habría fracasado en el cumplimiento de sus objetivos. De acuerdo con la iniciativa, sus atribuciones serían asumidas por el Órgano Ejecutivo.
Preselección y elección de altas autoridades
El proyecto propone un nuevo modelo de selección de magistraturas con la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones a las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, además de los cargos de Defensor del Pueblo y Fiscal General del Estado.
La Comisión Nacional de Postulaciones estará integrada por: Asamblea Legislativa Plurinacional (2); Sistema Universitario (2); Asociación Nacional de la Prensa (2); Asociación de Jueces y Magistrados (1); Colegio de Abogados (1) y Justicia Indígena Originaria (1).
La propuesta contempla una evaluación rigurosa de la probidad de los postulantes, la conformación de ternas blindadas y la designación final mediante referendo.
Durante la jornada, los legisladores participantes plantearon sus criterios y observaciones sobre los diferentes componentes de la propuesta. Se prevé que los representantes socialicen el proyecto con sus respectivas bancadas, con miras a consolidar consensos y viabilizar su tratamiento y eventual aprobación en el Pleno Camaral.