El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles la Minuta de Comunicación que recomienda al ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, disponer la creación de la Dirección de la Amazonia para efectuar políticas de desarrollo, coordinar con los gobiernos regional y locales, ocuparse de la prevención, denunciar la deforestación, los incendios, la minería ilegal, el tráfico de fauna y flora y otros.
Fuente: Prensa Senador Diego Romaña
Disponer la Creación de la “Dirección de la Amazonía”, como instancia técnica y operativa dependiente del Viceministerio de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Forestal y Biodiversidad, a través de Resolución Ministerial, previa emisión de informes técnicos y legales y de disponibilidad presupuestaria correspondientes, señala la Minuta de Comunicación.
“Porque ahí (está) el 80% de nuestra biodiversidad, nuestros principales reservorios de agua y porque la región es la más golpeada por el cambio climático, los incendios forestales, la minería ilegal y la falta de presencia del Estado.
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Actualmente, no existe una instancia que articule políticas siendo que la Constitución Política del Estado, en su artículo 391, parágrafo 3, refiere que “el Estado en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas y los habitantes de la amazonia, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la amazonia, para promover actividades propias de la región”, justificó Julio Diego Romaña, el legislador proyectista.
La Dirección de la Amazonia, entre sus funciones, deberá diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar políticas, planes, programas y proyectos integrales específicos para la Amazonía boliviana, en el marco del desarrollo sostenible y la resiliencia climática. Coordinar con los Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos y organizaciones sociales de la región amazónica, para garantizar una gestión concurrente y participativa, agrega.
Además de monitorear, prevenir y denunciar la deforestación, los incendios forestales, la minería ilegal, el tráfico de fauna y flora, y otros delitos ambientales en la región amazónica, en coordinación con instancias competentes. También gestionar, captar y administrar recursos de cooperación internacional, fondos climáticos y financiamiento público-privado destinados a la conservación, restauración y desarrollo sostenible de la Amazonía, entre otras, según el documento.