Representantes de instituciones públicas, autoridades nacionales, departamentales y municipales, legislativos y demás entidades convocadas, a la cabeza del Comité pro Santa Cruz determinaron trabajar conjuntamente para recuperar la legalidad, esclarecer los hechos, determinar las actuaciones institucionales desarrolladas y defender los intereses generales de los predios del exaeropuerto Juan Cochamanidis, ubicado en el municipio de San Ignacio de Velasco.
Fuente: El Mundo
Martha Gil
Luego de denunciar el presunto “loteamiento”, autoridades aseguraron que defenderán el ordenamiento jurídico y evitarán la consolidación de situaciones contrarias a la ley respecto de los predios del exaeropuerto. “Con esto iniciamos la recuperación del mayor loteamiento urbano que se está dando en el país, de más de 314.000 metros cuadrados en pleno centro de San Ignacio de Velasco”, indicó, el segundo vicepresidente del Comité cívico, Dino Franco.
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En ese marco, determinaron conformar una Comisión Técnica Interinstitucional encargada de recopilar, sistematizar, analizar y contrastar toda la documentación relacionada con el inmueble, incluyendo antecedentes dominiales, Ley Municipal, convenio GAMSIV–AASANA, registros de Derechos Reales, planos, catastros, documentación de Aasana y Naabol, informes de la DGAC, resoluciones administrativas, denuncias y actuaciones fiscales o judiciales existentes.
A raíz de esto, se prevé constituir un nuevo Convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco y Naabol, que permita establecer documentalmente la situación jurídica del inmueble y sustentar las posteriores acciones institucionales y legales que correspondan su registro en derechos reales. Asimismo, en esta primera etapa, se volverá a sostener una reunión en el Comité pro Santa Cruz el jueves 1 de octubre de 2026 a las 10:00.
Entre otras de las determinaciones, las autoridades se comprometieron a extremar la verificación de la legalidad y del derecho propietario ante cualquier trámite relacionado con fraccionamientos, registros, transferencias, construcciones, regularizaciones u otras actuaciones que pudieran afectar los predios objeto de análisis. Dando así, continuidad a la defensa legal de los predios en las instancias jurisdiccionales competentes.
De igual forma, una vez organizado el expediente técnico-jurídico, remitirán copia documentada de los antecedentes pertinentes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Consejo de la Magistratura y la Procuraduría General del Estado, poniendo institucionalmente en su conocimiento la existencia de la problemática y sus antecedentes para contribuir a que cualquier proceso judicial. Sumado a esto, autoridades harán el acompañamiento institucional del trabajo de la Comisión y ejercerán, los mecanismos de fiscalización que correspondan.
