El asesinato de Noel Kempff Mercado expuso el peligro de la cocaína. Bolivia ahora enfrenta disputas territoriales, sicariato y una creciente preocupación por la penetración del crimen organizado en instituciones y economías legales.
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Para el penalista y exfiscal Joadel Bravo, la amenaza central es que esa criminalidad termine convirtiéndose en una estructura paralela de poder económico, territorial e institucional, allanando el camino hacia un narcoestado.
En 1986, el naturalista Noel Kempff Mercado, el piloto Juan Cochamanidis y el guía Fran-klin Parada, fueron asesinados en la meseta de Caparuch, donde operaba una factoría de cocaína. Dos brasileños fueron condenados, pero nunca se identificó a los propietarios ni a los autores intelectuales. Dos meses después, el diputado Edmundo Salazar Terceros, que investigaba la masacre, fue acribillado con impunidad.
Cuatro décadas después, Bolivia muestra mayor capacidad operativa antidroga, pero también un escenario criminal más sofisticado. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reportó 7.546 operativos, 2.187 aprehendidos, 16,29 toneladas de cocaína incautadas y 446 fábricas destruidas.
Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, sostiene que Bolivia pasó de producir hoja de coca y pasta base a ocupar un eslabón superior: procesamiento y fabricación de cocaína y ruta para el tráfico internacional. Se suman contrabando, minería ilegal y lavado de dinero.
Oporto atribuye este salto a la debilidad estatal, el débil control territorial y la ‘captura’ de instituciones por grupos criminales. La infiltración de la Policía y la Justicia, junto con fronteras demasiado permeables, ha reducido la capacidad de combate.
Con cuidado
Santa Cruz ocupa un lugar central por sus fronteras con Brasi y Paraguay. El director de la Fundación Milenio señala además que se convirtió en refugio para narcotraficantes. Sebastián Marset mostró la capacidad del narcotráfico de desplegar seguridad, inmuebles y logística aérea. Tras su captura, el viceministro Ernesto Justiniano advirtió: “Si se agarra un Marset, probablemente otros nueve se están cocinando”.
La Policía investiga una disputa por esos espacios, con presencia del PCC y el Comando Vermelho. Hasta el 3 de septiembre se contabilizaron 46 fallecidos en 37 ataques con características de ejecución o sicariato. No todos pueden atribuirse al narcotráfico, pero varios incluyen hipótesis de ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones.
Para Bravo, esa violencia distingue el escenario actual. Antes, Bolivia descubrió que existían grandes barones de la droga; hoy enfrenta una criminalidad descentralizada y transnacional que busca controlar territorios, rutas y mercados. “En 1986, Bolivia descubrió que tenía narcotráfico; 40 años después, el desafío es evitar que el narcotráfico termine convirtiéndose en una estructura paralela de poder económico, territorial e institucional, lo que instituye en el camino allanado para que Bolivia se convierta en narcoestado”, apuntó.
Huanchaca dejó una pregunta que 40 años después sigue abierta: quiénes estaban detrás del negocio y quiénes lo protegían. El desafío continúa siendo llegar al dinero, las redes de protección y los responsables que permanecen detrás de la estructura criminal.
