La determinación se conoció este viernes, después de tres años y ocho meses.
Fuente: El Deber
La Justicia determinó poner fin al proceso penal que se había iniciado contra autoridades y líderes de Santa Cruz por el paro de 36 días, realizado en la gestión 2022, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda.
Este caso fue planteado el 11 de noviembre del mencionado año, por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso en representación del gobierno del presidente Luis Arce.
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La denuncia fue planteada por los cargos de racismo y discriminación; asociación delictuosa, y desórdenes o perturbaciones públicas, además de terrorismo.
Entre los procesados se encontraban el exgobernador Luis Fernando Camacho; el exrector de la Uagrm, Vicente Cuéllar; el abogado José Luis Santistevan; y el actual rector de la universidad estatal cruceña, Reinerio Vargas.
Santistevan en un contacto con EL DEBER indicó que recibió con satisfacción la extinción de este proceso judicial y añadió que este fue un “proceso penal armado por el centralismo” y utilizado para “secuestrar” a Camacho durante tres años en el penal de Chonchocoro.
“Los cruceños no nos doblegamos ante el abuso y el miedo. Santa Cruz a lo largo de su desarrollo ya vivió procesos de exilios, persecuciones y encarcelamientos. Nuestra mejor herencia será haber luchado por nuestra región”, complementó Santistevan.
A su vez, Vargas dijo la decisión judicial “fue un beneplácito” debido al agobio que significó enfrentar los procesos y lo que estos significaban.
“Es una pérdida de tiempo, dinero, salud física y emocional. Esto demuestra que cuando uno persevera y no claudica; Dios da la fuerza a uno para seguir adelante”, concluyó Vargas.
Por su parte, Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, en sus redes sociales escribió: «Con la finalización del proceso judicial tras el paro de 36 días, se pone fin definitivo a cualquier tipo de persecución en contra del exgobernador Luis Fernando Camacho. (…) Esto demuestra una vez más que el objetivo del MÁS era perseguir a nuestros líderes y relegar a nuestro departamento».
