Juan De Dios Villaroel, representante de la Gobernación, aseguró que existen elementos de prueba que fueron presentados ante las autoridades y expresó su confianza en que el proceso avance hasta establecer responsabilidades.
Fuente: Red Uno
Charles Muñoz Flores
La Gobernación de Santa Cruz denunció un presunto caso de corrupción relacionado con la venta ilegal de ítems en el Servicio Departamental de Salud (Sedes), específicamente para el área de inocuidad. Por este hecho, una persona fue aprehendida y el caso ya se encuentra en manos de la Justicia.
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Juan De Dios Villaroel, representante de la Gobernación, aseguró que existen elementos de prueba que fueron presentados ante las autoridades y expresó su confianza en que el proceso avance hasta establecer responsabilidades.
“Hay pruebas para que esta persona no quede impune”, afirmó Villaroel al referirse al caso.
Según la denuncia, el hecho estaría relacionado con presunto tráfico de influencias y la comercialización ilegal de cargos públicos. La autoridad explicó que el acusado no sería funcionario de la Gobernación, pese a que presuntamente habría ofrecido ítems para trabajar en el Sedes.
“Estaban vendiendo ítems, estaban vendiendo cargos. Bueno, está en un proceso judicial”, manifestó.

Tres ítems por aproximadamente $us 2.000
De acuerdo con la información proporcionada por la Gobernación, la denuncia involucra tres ítems que presuntamente habrían sido ofrecidos a cambio de dinero. El monto señalado sería de aproximadamente 2.000 dólares en total para las tres víctimas.
Villaroel evitó brindar mayores detalles sobre la declaración del aprehendido, debido a que la investigación continúa abierta. Señaló, sin embargo, que la institución presentó ante la Justicia la documentación y otros elementos que considera pruebas del presunto hecho irregular.
“Está con otra postura. Pero los detalles de este caso están en proceso, están abiertos. La Gobernación ha presentado todas las pruebas”, sostuvo.
La autoridad remarcó que corresponderá a las instancias judiciales determinar la existencia del delito y establecer las responsabilidades que correspondan.
Más de 300 denuncias anónimas
El caso habría sido conocido a través del mecanismo de denuncias anónimas habilitado por la Gobernación. Según Villaroel, desde el inicio de la actual gestión se recibieron más de 300 reportes relacionados con posibles irregularidades dentro de la administración departamental.
El sistema permite que las personas presenten denuncias sin proporcionar su identidad y adjunten fotografías, videos u otros elementos que puedan contribuir a una investigación.
“Vos puedes reportar videos, fotos, lo que sea y decirnos: está sucediendo esto en cualquier área de la Gobernación”, explicó.
De acuerdo con la autoridad, existe un equipo jurídico encargado de revisar los reportes y determinar cuáles ameritan acciones legales.
Villaroel indicó que la denuncia por la presunta venta de ítems fue recibida aproximadamente 24 horas antes de que se hiciera pública, por lo que la Gobernación habría activado de inmediato las acciones correspondientes.
Investigación por presunta corrupción
El caso fue denunciado bajo la figura de presunto tráfico de influencias y otros posibles hechos de corrupción vinculados con la venta de cargos públicos. La investigación deberá establecer cómo se habría producido la oferta de los ítems, quiénes estarían involucrados y si existió un beneficio económico ilícito.
Mientras el proceso continúa, la Gobernación sostiene que cuenta con elementos para respaldar su denuncia y espera que las autoridades judiciales valoren las pruebas presentadas.
“Vender cargos es un hecho de corrupción gravísimo”, concluyó Villaroel.