Ningún Gobierno, desde la conquista de la democracia en Bolivia en 1982, empezó tan mal su gestión hasta arrastrar tal cantidad de problemas en sus primeros nueve meses de gestión como el del presidente Rodrigo Paz.
Fuente: Los Tiempos
La cantidad de denuncias de corrupción, investigaciones, escándalos y hechos irregulares suman día que pasa.
Gasolina basura, el auto Audi del exministro José Espinoza, tráfico de oro, casos maletas y maderas, tráfico de armas, denuncias en contra funcionarios de la Caja Nacional de Seguridad (CNS), escándalo por la presencia del asesor argentino Fernando Cerimedo en el esquema de Gobierno y otros.
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Pero en lugar de una rápida reacción del Gobierno para neutralizar la denuncia o para mostrar a la población que tiene la intención de investigar el caso y establecer responsabilidades, el Gobierno desata incertidumbres y genera rechazo ciudadano.
Cuatro de estos casos (maletas, tráfico de oro, contrabando de armas y Cerimedo) tienen en común que están deteriorando gravemente la imagen del Gobierno y del presidente Rodrigo Paz. Una reciente encuesta de Ciesmori reveló una caída de la popularidad del Presidente, desde el 65% en los primeros meses de gestión hasta el 21% en agosto de este año.
Un detalle interesante es que, de alguna manera, los cuatro casos mencionados pasan por el aeropuerto cruceños de Viru Viru.
Al aeropuerto de Viru Viru llegaron las 32 maletas de las que aún no se conoce su contenido ni su paradero.
Al Viru Viru llegó el cargamento de armas del que tampoco la Policía ha dado un informe sobre su procedencia, destino o propietario.
En Viru Viru incautaron los 189 kilos de oro que un joven pretendía sacar de Bolivia rumbo a Dubái.
Finalmente, en Viru Viru fue arrestado Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz. La circunstancia sobre sí estaba llegando de la ciudad de La Paz a Santa Cruz o si pretendía salir rumbo a Argentina en el momento que fue aprehendido, aún no fue esclarecida.
Para Miroslava Fernández, periodista y analista política, la aparente parálisis de la justicia y la falta de resultados procesales terminan en escándalos tan graves como el de las 32 maletas o el contrabando de oro o el propio caso Cerimedo.
“Todos estos hechos responden a un patrón de opacidad, inacción e impunidad que parece proteger a quienes pululan cerca del poder”, dijo Fernández.
Caso maletas
El 29 de noviembre de 2025 un avión privado, procedente de Estados Unidos, trajo hasta la ciudad de Santa Cruz 32 maletas. La propietaria de las valijas es la exdiputada Laura Rojas. En el vuelo también estaba presente el ciudadano uruguayo Gabriel Giuliano Leoni y dos menores.
Lo llamativo es que al momento del descargo de las maletas, ningún funcionario del aeropuerto de Viru Viru intentó establecer el contenido de la maletas, misterio que hasta hoy, casi un año después, aún no se ha esclarecido.
Laura Rojas habría utilizado un pasaporte diplomático (ya fenecido en ese momento), para evitar los controles.
Las maletas permanecieron varios días en la Aduana y luego fueron trasladadas fuera del aeropuerto hasta dependencias de una empresa de seguridad vinculada al exjuez Hebert Zeballos. Allí desaparecieron.
A esto se suma que durante una requisa a la propiedad del exjuez Zeballos la Policía halló un cargamento de marihuana.
Hace pocas semanas tanto Rojas como Zeballos, detenidos preventivamente, se beneficiaron con detención domiciliaria sin una explicación clara de parte de las autoridades.
Hasta el día de hoy, se desconoce el contenido y destino de las maletas.
Contenido de las maletas
Varias versiones circularon sobre el contenido de las maletas, desde dólares, droga, armas y otros bienes. Ninguna de esas hipótesis fue avalada por las autoridades que investigan el caso.
Desde el inicio, el Gobierno de Paz sostuvo que el caso debía investigarse y que nadie debía estar por encima de la ley. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el Ejecutivo exigía transparencia y que las responsabilidades debían establecerse mediante la investigación.
El analista político Gonzalo Mendieta cuestionó, en un medio de La Paz, el vacío de explicaciones. Dijo que, ante la falta de información de fondo, la sociedad queda obligada a “conjeturar” y termina imaginando desde las hipótesis más graves hasta las más inocentes.
También cuestionó que ni el Gobierno ni la Fiscalía hayan dado una explicación suficiente sobre el caso y las decisiones judiciales.
Lo último que supo del caso es el informe de una comisión de asambleístas que la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad al considerar que el documento era insuficiente y carecía de objetividad. Un integrante de la propia comisión reconoció que no se realizó una investigación propia ni se logró obtener la declaración de los principales sindicados.
Desaciertos
Estos desaciertos tempranos responden a “una profunda desconexión entre la retórica y la práctica de poder, donde el presidente Rodrigo Paz, por ejemplo, habría permitido que Cerimedo actuara como un “abusivo sin control, con poder delegado” dentro de su gabinete. Recordemos artículos de prensa de meses pasados al respecto”, anotó Fernández.
“Adicionalmente, el gobierno cometió el error estratégico de delegar su gobernabilidad digital y el modelado de la opinión pública a herramientas de posverdad (como las granjas de bots” y perfiles falsos hallados en La Paz) para simular un apoyo social ficticio (técnica del astroturfing), en lugar de construir legitimidad real en las calles y con las instituciones, aprovechando que tienen “el sartén por el mango” como gobierno”, refirió la analista.
Al estallar la crisis del atentado criminal (contra Nadia Beller) el Ejecutivo aplicó de forma errada la “técnica del silencio” para intentar distanciarse y encasillar el hecho como un asunto estrictamente de pareja. “Sin embargo, el silencio en situaciones de alta gravedad produce un efecto bumerán que “sugiere debilidad, inestabilidad o falta de honor”, acelerando el desgaste del presidente, concluyó Fernández.
Desconfianza
Para Fernández, la acumulación de estos escándalos sin resolver está arrastrando al resto de las instituciones del Estado a un abismo de desconfianza y degradación.
“Vemos el desprestigio total de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno con la revelación de que el jefe de Inteligencia de la Felcn, Erick Correa Gonzales (“ECG”), monitoreaba la escena del atentado de Nadia Beller y le reportaba minuto a minuto a un consultor extranjero, develando que los aparatos de inteligencia del Estado fueron desviados de su mandato constitucional para operar como una escolta de seguridad privada y encubrimiento”, señaló la analista.
Según Fernández, este despretigio pasa también por la crisis de legitimidad en la Asamblea Legislativa “con la denuncia de pago a 28 asambleístas, o los negociados con el entorno familiar de Paz.”.
Consecuencias
Los casos oro, maletas y armas están afectando a otras instancias de Gobierno. ¿Cuáles serían las consecuencias?
Fernández responde “podría hablar de dos escenarios negativos, como la implosión en el Ejecutivo por este “Gobierno invisible” y Juicio de Responsabilidades. Existen fuerzas fácticas sin representatividad formal que aseguran dirigían las decisiones fundamentales del Estado.”.
Sobre los audios presentados por Edmand Lara, Fernández anota que pueden empujar a la necesidad de ampliar el Estado de Excepción, por la posibilidad de otra etapa de conflictos.
“Estarían buscando una renuncia del primer mandatario, asumiendo la presidencia el vicepresidente Lara de forma constitucional, lo que sellaría un fin definitivo de la administración actual”, concluye la analista.
Pasa el tiempo y la perspectiva empeora para el Gobierno con anuncios de varios sectores que se alistan para salir a las calles, o ya salieron a desafiar el estado de excepción.
Fuente: Los Tiempos
