Fuente: Infobae
Por Gastón Calvo
Cuba cerró agosto con 1.339 presos políticos registrados, la cifra más alta en décadas, según el informe mensual de la organización Prisoners Defenders. El recuento incluye 19 nuevas incorporaciones y siete bajas durante el mes, lo que representa un aumento neto de 12 personas respecto de julio. En los últimos 12 meses, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, la lista sumó 281 presos políticos nuevos, la cifra más alta en tres años, con un promedio de más de 23 casos por mes.
“Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel. Grabar lo que hace un agente violando sus funciones puede llevar a prisión. Y el castigo llega también a los hijos, a las madres, a toda la familia”, declaró Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en diálogo con Infobae.
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Del total de personas registradas, 155 son mujeres, un récord absoluto en décadas según la organización. La lista incluye además a 38 personas que fueron detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 permanecen encarceladas.
Cuba ha totalizado 2.167 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021 hasta finales de agosto de 2026, en cinco años y dos meses, de los cuales 2.020 ingresaron en prisión desde entonces.
El castigo se extiende a las familias de los detenidos
El informe documenta que la represión no se limita a la persona directamente perseguida, sino que alcanza también a madres, padres, hijos y comunidades enteras mediante encarcelamientos simultáneos, amenazas, sanciones económicas, vigilancia y separación forzosa familiar.
“El castigo se ceba en los hijos y en la familia completa. Estamos hablando de madres que reclaman lo imprescindible para cuidar de sus hijos. ¿Cómo puede la respuesta ser detenerlas? Eso es la realidad cotidiana de Cuba, un infierno para cualquier ser humano”, afirmó Larrondo.
Doraikis Delgado González fue detenida sin orden de arresto ni tutela judicial el 7 de julio pasado, tras transmitir en directo una protesta en Alamar, La Habana, donde los vecinos reclamaban el restablecimiento de la electricidad después de más de un mes de apagones. Permanece en prisión provisional en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, acusada del delito de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”. Padece hemofilia y necesita atención médica especializada, algo que las autoridades le negaron al rechazar la modificación de su medida cautelar. Es madre de dos niños de siete y ocho años, que quedaron al cuidado de vecinos mientras su padre trabaja para sostener económicamente a la familia y a la propia Doraikis en prisión.
Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, fue detenida el 28 de agosto en su vivienda de Lawton, en el municipio habanero de Diez de Octubre, después de denunciar durante más de dos semanas la falta de agua en su domicilio. Ante el desabastecimiento, la familia había llegado a recoger agua de lluvia para beber. Cuatro agentes se presentaron en su casa sin citación previa y la detuvieron delante de su hija menor, que lloraba al ver cómo se llevaban a su madre. Fue trasladada al Centro de Torturas El Vivac y excarcelada el 2 de septiembre, aunque según la información recibida por la organización debe presentarse diariamente a firmar en una unidad policial.
“Fue excarcelada el 2 de septiembre, sí, pero según la información recibida, tiene que presentarse diariamente a firmar en una unidad policial. Otra familia en la que van a cebarse. De nuevo, el castigo se ceba en los hijos y en la familia al completo”, señaló Larrondo.
Un adolescente de 16 años está sin atención médica en prisión
Entre los casos documentados en agosto, el informe destaca la situación de Christian de Jesús Crespo Álvarez, preso de conciencia de 16 años, detenido sin orden de arresto durante las protestas de marzo en Morón contra los apagones. Permanece en prisión provisional en el penal de Canaleta, en Ciego de Ávila. En junio se confirmó que contrajo hepatitis dentro de la prisión, pero las autoridades se negaron a trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada y lo mantuvieron en la enfermería del penal.
“Contrajo hepatitis en la cárcel, como pasa en decenas de miles de casos al año y con multitud de enfermedades en las cárceles de Cuba. Pero no lo trasladaron a un hospital. Fue agredido después de rechazar la comida por su pésimo estado y condiciones”, relató Larrondo a Infobae.
Como represalia por un supuesto intento de fuga, las autoridades le impusieron una sanción disciplinaria y lo trasladaron a una zona donde permanece recluido junto a presos adultos considerados peligrosos, pese a su condición de menor. Su familia denuncia además que las autoridades pretenden imputarle los delitos de “sabotaje” y “evasión”, sin haber tenido acceso a la petición fiscal ni a información oficial del proceso.
Golpizas, trabajo forzoso y abandono médico
El informe documenta 463 presos con patologías médicas graves entre quienes permanecen encarcelados y confirma que estas enfermedades están relacionadas con la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo, agravadas por la negación sistemática de atención médica. También verificó 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental, sin tratamiento adecuado.
Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021, fue esposado y golpeado el 26 de agosto en la Prisión de Trabajo Forzoso La Lima, en Guanabacoa, La Habana, después de negarse a realizar labores incompatibles con su estado de salud. Según la denuncia de su familia, el Teniente Coronel Parada, jefe de la prisión, lo golpeó brutalmente y le provocó inflamaciones en todo el cuerpo, además de dejarle un ojo morado e hinchado. Le negaron un examen médico tras la agresión. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ya había declarado arbitraria su privación de libertad y exigido su liberación inmediata.
“Le negaron incluso un examen médico tras la agresión para que no hubiera pruebas documentales de la barbarie que le hicieron. Naciones Unidas ya había exigido su liberación. Mientras, en Europa se venden los puros cubanos y el carbón vegetal que elaboran los presos en Cuba en estas condiciones”, denunció Larrondo.
Una condena que amenaza la vida de un enfermo de cáncer
El 1 de septiembre, un tribunal condenó a Carlos Alberto McDonald Ennis a siete años de prisión. Carlos desarrolló un cáncer maligno en la región maxilofacial mientras estaba encarcelado, período durante el cual las autoridades le negaron atención médica, medicamentos y acceso a los resultados de las pruebas realizadas. Necesita 35 sesiones de radioterapia y solo ha podido completar cuatro. La sentencia todavía no es firme y mantiene una fianza de 50.000 pesos hasta que adquiera firmeza, pero amenaza con devolverlo a prisión mientras continúa el tratamiento.
La condena se sostiene sobre una supuesta vinculación con la organización Cuba Primero, que tanto Carlos como la propia organización niegan. El tribunal no acreditó ningún acto violento ni identificó una conducta penal concreta atribuible a él.
“Es decir, una sentencia de muerte velada. Hay que luchar con todo por la vida de estas personas. Lo peor es que le envían a prisión no por un acto violento ni una conducta individual que justifique ninguna pena. Solo porque dicen que es miembro de Cuba Primero, una organización con la que él jamás ha mantenido siquiera contacto, y la organización, además, lo ratifica”, afirmó Larrondo.
La clasificación de los presos políticos
Según la metodología de Prisoners Defenders, los 1.339 prisioneros políticos verificados se dividen en 807 convictos de conciencia, 495 condenados de conciencia y 37 casos catalogados como otros presos políticos, categorías vinculadas al tipo de proceso judicial y a la naturaleza de los cargos imputados.
“Son unos pocos casos que explican lo que pasa con otros cientos de casos. No son tan excepcionales. Por desgracia, estas situaciones son las habituales entre los presos políticos en Cuba”, relató el presidente de la ONG.
Y concluyó: “El informe completo recoge los detalles y las cifras, porque detrás de estos 1.339 nombres hay personas que necesitan atención, protección y libertad, y familias que siguen esperando una respuesta mientras el daño continúa cada día y la comunidad internacional permanece en silencio”.
