Daniela Cabrera, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y vocera de Unidad Nacional, informó que su bancada está presentando una ley de inversiones que está “casada” con la reforma constitucional, porque para “lograr las inversiones que necesitamos para salvar al país se debe tomar medidas de fondo” y esto requiere hacer saltar los “candados” que tiene la parte económica de la Constitución.
Fuente: Prensa Alianza Unidad
Cabrera recordó que si estas inversiones no se producen de inmediato en el área de hidrocarburos y minería, se avecina una crisis energética y de divisas que sumirá al país en la hiperinflación y la pobreza.
Según la parlamentaria, para que haya esas inversiones se necesita:
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• Permitir los arbitrajes internacionales, para que las empresas no dependan de nuestra Justicia, que no despierta confianza en nadie.
• Reglamentar las nacionalizaciones para que nunca más sean abusivas ni demagógicas, sino que garanticen una justa y rápida indemnización a los afectados.
• Garantizar la libre exportación de ganancias.
• Hacer un acompañamiento de cada inversión que permita que, en 120 días, cumpla todos los requisitos y trámites necesarios.
“Esto es lo que realmente necesitan la inversión para llegar”, señaló Cabrera. “No quiero engañar a nadie –continuó–, esta propuesta exige un cambio constitucional. Pero este cambio no hay que hacerlo en años, sino en meses”.
“Por eso hemos desarrollado una vía simple y rápida de reforma parcial de la Constitución”, explicó la diputada, en referencia a la propuesta de su colega Carlos Alarcón, también de la bancada de Unidad, de quitar la primacía constitucional a los artículos de la actual Constitución que contienen los “candados” a la inversión mediante la introducción de solamente dos nuevos artículos constitucionales y su pronto sometimiento a un referendo.
Cabrera criticó la ley de inversiones del gobierno, que, dijo, “no atraerá ninguna inversión grande” y además “complicará la situación actual”, ya que busca someter a los empresarios a una cantidad de nuevos trámites corruptibles para lograr rebajas de impuestos y pone a los funcionarios a tomar examen a los proyectos de inversión, lo que “es una idea muy mala en un país con baja institucionalidad y alta corrupción”, afirmó.