Estamos cerca de quedarnos sin energía. A pesar de los discursos, persisten la desigualdad y la pobreza que, por años, fue maquillada para ocultar sus hundidos cachetes que hoy reaparecen. Los servicios públicos, además de insuficientes, son malos. La infraestructura física se deteriora cada día. En los últimos años somos campeones en cantidad de bosques y naturaleza destruidos. El cambio climático que los intereses privados aceleran demanda acciones urgentes que los gobiernos siguen ignorando. El pandillaje, la inseguridad y las economías ilegales, ganan terreno de forma acelerada. En síntesis, la institucionalidad está destruida, por lo que crecen el desorden y el caos.
Para revertir las tendencias y lograr que el Gobierno recupere el control del Estado, es necesario definir una visión de futuro —expresada en objetivos— que permita establecer las prioridades: “Un problema es un obstáculo que impide lograr un objetivo”; si no hay objetivos, puede haber temas de discusión, pero no hay problemas a resolver.
Bolivia no tiene objetivos de desarrollo definidos, ni en alcances, ni en plazos. Pero los políticos —y la academia— insisten dogmáticamente en que la cadena causal déficit → emisión → inflación explica el deterioro de nuestra economía. En consecuencia, las acciones correctivas “aceptables” deben ser medidas de austeridad que respeten la autonomía del Banco Central. Cualquier otra posible solución estaría fuera de nuestras posibilidades “porque son económicamente caras y no tenemos recursos suficientes”.
El dogmatismo vigente implica un permanente rechazo a las evidencias empíricas, ignorando datos y hechos que contradicen la creencia impuesta; es también manifestación de intolerancia porque todas las opiniones contrarias se consideran erróneas o enemigas. El resultado es la falta total de pragmatismo en las decisiones de gobierno, que se toman como un acto de fe en la ideología o en la teoría, pero que no aseguran los resultados reales esperados (y necesarios).
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Las consecuencias las conocemos: primero, nuestro estancamiento respecto al resto de América Latina, porque repetimos las fórmulas viejas que, no solo no funcionaron, sino que tampoco son ya pertinentes; segundo, la polarización: las discusiones se vuelven agresivas porque nadie cede ni negocia sus interpretaciones particulares de lo que cree necesario para que “esta vez funcione”; y, tercero, nos condena a repetir los errores aplicando soluciones fallidas que se justifican —ideológica, teórica y políticamente—, para mantener las lealtades de grupos o partidos.
A lo largo de los últimos 40 años, los gobiernos han adoptado una filosofía económica común —que es compatible con la supuesta cadena causal— que asume que, gobernar, es confiar en los mercados, transferirles las responsabilidades, financiarizar la economía, y administrar las finanzas públicas tal como se maneja la economía de un hogar. Tal enfoque ha persistido incluso con el MAS, gobierno anticapitalista (¿?), que malgastó la herencia del gas como lo haría un hogar irresponsable, mientras que, el sistema financiero capitalista acumuló, de lejos, las mayores utilidades de la historia a costa de “emprendedores”, forzados a ser cuentapropistas (endeudados) por idea del Banco Mundial.
Ante la posible profundización de la crisis a muy corto plazo, no podemos seguir con la misma rutina. Apelar a la reforma constitucional como la solución, implica plazos que pueden no ser compatibles con la emergencia, por un lado, pero que tampoco garantizan resolver los temas de fondo porque no hay una visión de país que nos permita identificar los problemas reales, menos aún, orientar la CPE hacia esa meta. Pero el mayor peligro es la falta de iniciativas concretas: hoy, lo que hace o deja de hacer el gobierno, es objeto de escrutinio y de críticas cargadas de intereses políticos que buscan acentuar falsos debates para pescar en río revuelto. Necesitamos poner en mesa una agenda seria, propositiva y realista, que, por dura que sea, ofrezca certidumbre y esperanzas a la ciudadanía.
Para ello, debemos adoptar una forma radicalmente diferente de pensar. En lugar de insistir en forzar a la economía para que se ajuste a las teorías, entendamos primero cómo realmente debe funcionar la economía para que garantice un “bienestar sostenible” a las familias.
Frente a la alternativa dominante de “ajustar los cinturones” —que siempre significa los cinturones de los más flacos—, la realidad es que un gobierno que emite su propia moneda fiduciaria (que no está respaldada por ningún activo físico) no tiene las limitaciones financieras que a un hogar le impone su ingreso laboral. El Estado no tiene limitaciones financieras (en su moneda); las limitaciones están en la disponibilidad de los recursos: humanos, físicos, materiales, y naturales; los conocimientos, destrezas y habilidades; la capacidad productiva y el medioambiente. Sobre todo, la limitante mayor es la falta de liderazgos para plantear metas realistas y pertinentes, y guiar el camino hacia ellas.
En consecuencia, la pregunta correcta al diseñar y poner en práctica propuestas de desarrollo no es “¿podremos pagarlo?”, sino “¿tenemos los recursos no monetarios necesarios?”. Este enfoque rompe el paradigma de la austeridad con la que se justifican las acciones y las políticas que nos han colocado a la cola de América Latina. Pero romper ese paradigma, requiere el liderazgo de un gobierno corajudo, libre de las cegueras políticas, ideológicas, teóricas, o “interesadas”, pero capaz de guiar el camino. Con esa libertad, puede asegurar el buen uso de los recursos en el manejo y control de los servicios públicos, de los mercados, del rol del Estado, gestión de las autonomías, la inflación, etc., asegurando la equidad y el bienestar de las personas, ahora y en el futuro…
¿Qué nos falta, y qué tenemos que hacer, para tener políticos con coraje para gobernar? Primero, por ahora, cambiar el “chip del chismorreo” al del desafío: pasar de “Rodrigo se cae en octubre”, “habrá revocatorio”, “terminará su gestión, pero sin Lara”, “volverá el MAS sin/con Evo”, etc., a “el gobierno democrático de Paz (RPP) termina en noviembre de 2030”. Segundo, las organizaciones con representación parlamentaria y el gobierno de RPP deben concertar lineamientos de política y metas (al 2030, pero con proyecciones a largo plazo) en economía (empleo, productividad y distribución de ingresos), energía, justicia y autonomías. Y, tercero, el gobierno debe asumir la responsabilidad de promover, adecuar los medios, y hacer los cambios que se requieran para lograr las metas al 2030.
Hago mías las palabras de Richard Murphy. Un gobierno corajudo tiene claridad y no promete nada. Pero hace lo más importante: acepta y asume la responsabilidad plena de hacer que los cambios sean posibles recurriendo a todas las herramientas —conceptuales, administrativas y operativas— que necesita para alcanzar los objetivos a los que la sociedad aspira.
Ojo. Murphy supone una sociedad con racionalidad elemental. Con políticos buscando pelos en la leche para estar en los medios, y dirigentes “capos” en bloquear por meses, puede que no funcione.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo en INASET