Por Fernando Romero, economista

  

1.  Resumen ejecutivo del Memorando del FMI

El programa económico plantea una estabilización integral de la economía boliviana mediante ajuste fiscal, control monetario y un régimen cambiario más flexible. El objetivo es reducir gradualmente el déficit, limitar el financiamiento del BCB al sector público, reconstruir las reservas internacionales y recuperar la sostenibilidad de la deuda. El programa establece un déficit del SPNF de hasta Bs. 46.800 millones en 2026 y una meta de base monetaria de Bs. 133.900 millones al cierre del año.

 

El ajuste también contempla eliminación de subsidios, racionalización del gasto, mayor movilización de ingresos y reformas estructurales. En paralelo, se busca proteger a los sectores vulnerables mediante un piso de gasto social de Bs. 9.300 millones acumulados a diciembre de 2026 y mejorar la focalización de las transferencias. La inflación se proyecta en 14% al cierre de 2026, con una reducción posterior hacia niveles de un dígito.

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En el ámbito financiero, se pretende fortalecer la estabilidad bancaria mediante pruebas de estrés, evaluaciones de calidad de activos, mayor supervisión y mecanismos de resolución bancaria. El régimen cambiario será flexible y orientado al mercado, mientras el BCB deberá mantener en cero el nuevo crédito neto al sector público. En conjunto, el programa busca corregir desequilibrios profundos y recuperar la confianza, aunque implica importantes costos de corto plazo sobre inflación, crecimiento, crédito y capacidad adquisitiva.

 

2.     Principales recomendaciones y metas en el ámbito monetario y fiscal

1.  Consolidación fiscal y eliminación del déficit primario

Es la condición central del programa. Bolivia debe realizar un ajuste fiscal de aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, eliminar el déficit primario al finalizar el programa y llevar el déficit global hasta 3,5% del PIB en 2029. Para 2026 el déficit no debería superar Bs. 47.000 millones o 9,3% del PIB. Esto implica controlar gasto corriente, masa salarial, inversión pública y subvenciones.

 

2.  Prohibición del financiamiento del déficit mediante el BCB

El programa establece un techo de cero para nuevos créditos netos del BCB al SPNF. Es probablemente uno de los cambios financieros más importantes: el déficit fiscal deberá financiarse sin recurrir a emisión monetaria del Banco Central. Esto busca evitar que el déficit vuelva a convertirse en inflación, presión cambiaria y pérdida de reservas.

 

3.  Sostenibilidad de la deuda pública

El programa pretende colocar la deuda pública en una trayectoria descendente y llevarla a menos del 90% del PIB en 2029. Para ello se combinarán consolidación fiscal, crecimiento económico y reducción de los costos reales de nuevo endeudamiento. También se busca desarrollar el mercado interno de deuda y mantener el acceso al financiamiento multilateral.

 

4.  Eliminación de la subvención a combustibles

El programa prevé que en 2027 no existan subvenciones a los combustibles provenientes del TGN o de empresas estatales y que los precios alcancen niveles de recuperación de costos desde enero de ese año. Es fiscalmente importante porque reduce una fuente significativa de presión presupuestaria, pero representa uno de los mayores riesgos inflacionarios y sociales.

 

5.  Régimen cambiario flexible y determinado por el mercado

Bolivia debe mantener un régimen cambiario flexible, permitir que los bancos negocien libremente las divisas y limitar la intervención del BCB. El objetivo es corregir las distorsiones cambiarias y recuperar competitividad, pero la depreciación puede incrementar temporalmente la inflación y el valor en bolivianos de la deuda externa.

 

6.  Fortalecimiento de reservas internacionales

El programa establece un piso para el incremento de las RIN, además de metas para las reservas internacionales brutas. El aumento de reservas dependerá de los desembolsos de organismos internacionales, del ajuste externo y de una gradual recuperación de la compra de divisas.

 

7.  Control de la base monetaria e inflación

La base monetaria pasa a ser el principal instrumento operativo del nuevo marco monetario. Para 2026 el techo de base monetaria es de Bs. 133.900 millones a diciembre, mientras el programa proyecta inflación de 14% al cierre de 2026 y un retorno a un dígito en 2028.

 

8.  Protección social focalizada

El programa exige un piso de gasto en asistencia social y plantea crear un registro social unificado con mecanismos de comprobación de medios económicos. La finalidad es que los recursos lleguen a quienes realmente necesitan protección durante el ajuste.

 

9.  Reforma del sistema financiero

Se realizarán pruebas de estrés, evaluaciones de activos, fortalecimiento de requisitos de capital y liquidez y reformas al régimen de resolución bancaria. También se plantea avanzar hacia la eliminación de topes a las tasas activas y de los cupos de crédito.

 

10.  Reformas estructurales para inversión privada

Se pretende eliminar gradualmente controles de precios y restricciones a exportaciones, revisar las reglas de hidrocarburos y minería, mejorar la seguridad jurídica, reestructurar empresas estatales y fortalecer la gobernanza. La finalidad es sustituir gradualmente el impulso basado en gasto público por inversión privada, productividad y empleo formal.

 

3.  Tres aspectos positivos y tres negativos del memorando del FMI

Aspecto positivo 1: Recuperación de la disciplina fiscal

El programa ataca directamente uno de los principales problemas estructurales: el déficit fiscal persistente y su financiamiento mediante el BCB. El objetivo de eliminar el déficit primario y reducir el déficit global a 3,5% del PIB en 2029 puede mejorar la solvencia del Estado, disminuir las necesidades de endeudamiento y recuperar credibilidad ante acreedores e inversionistas. Desde una perspectiva financiera, es positivo separar progresivamente la política fiscal de la emisión monetaria.

 

Aspecto positivo 2: Mayor estabilidad cambiaria, monetaria y financiera

La transición hacia un tipo de cambio determinado por el mercado, junto con un nuevo marco monetario basado en la base monetaria, busca corregir distorsiones acumuladas. La prohibición de nuevo financiamiento del BCB al Gobierno ayuda a contener presiones inflacionarias y cambiarias. Además, las pruebas de estrés bancario, la evaluación de activos y el fortalecimiento de la supervisión pueden reducir riesgos sistémicos.

 

Aspecto positivo 3: Mejores condiciones para inversión privada

La revisión de los marcos regulatorios de hidrocarburos y minería, la eliminación gradual de restricciones a exportaciones, el fortalecimiento de los derechos de propiedad y la mejora de la gobernanza pueden contribuir a recuperar la inversión privada nacional y extranjera. Si estas reformas se aplican con seguridad jurídica y reglas estables, Bolivia podría recuperar capacidad productiva, exportadora y generadora de empleo formal.

 

Aspecto negativo 1: Ajuste fiscal con impacto sobre la actividad económica

El ajuste de 8,5% del PIB es considerable y se concentra inicialmente en el período de mayor debilidad económica. La reducción del gasto público, la

 

contención salarial y la postergación de inversiones pueden disminuir la demanda interna, afectar a proveedores del Estado y profundizar temporalmente la recesión. El propio Memorando reconoce que la actividad económica continuará contrayéndose en 2026 y alcanzaría su nivel mínimo en 2027.

 

Aspecto negativo 2: Riesgo inflacionario por el ajuste cambiario y combustibles

La transición cambiaria y la eliminación de subsidios pueden elevar costos de transporte, producción y distribución, trasladándose posteriormente a alimentos y otros bienes. El propio programa reconoce que el reajuste de precios relativos puede retrasar la desinflación y generar riesgos sociales importantes. Por eso resulta especialmente delicado pasar de una inflación proyectada de 14% en 2026 a una inflación de un dígito en 2028.

 

Aspecto negativo 3: Mayor costo del crédito y riesgo financiero durante la transición

La política monetaria restrictiva puede elevar las tasas de interés y encarecer el financiamiento para empresas y hogares. El Memorando reconoce expresamente que el nuevo marco monetario podría generar volatilidad de las tasas y aumentar los costos del financiamiento del Tesoro en el mercado interno. Además, la liberalización de tasas puede revelar problemas de calidad de cartera que permanecían parcialmente ocultos bajo condiciones reguladas.

 

4.  Tres riesgos importantes que se identificaron

 

Riesgo de ajuste excesivo: recesión + inflación

El principal riesgo macroeconómico es que Bolivia enfrente simultáneamente una reducción del gasto, menor inversión pública, crédito más caro, depreciación cambiaria y mayores costos energéticos. Esto puede producir una combinación de recesión, inflación y deterioro del empleo, especialmente durante 2026-2027. El programa reconoce que el PIB podría seguir contrayéndose hasta alcanzar un mínimo en 2027. Si la economía cae más de lo previsto, los ingresos fiscales disminuirán y será más difícil cumplir las metas de déficit.

 

Riesgo cambiario, de reservas y de deuda

Una depreciación adicional del boliviano puede elevar el costo interno de la deuda externa y aumentar los precios de productos importados. Al mismo tiempo, Bolivia tiene importantes obligaciones externas vinculadas al servicio de deuda y a la importación de combustibles. Si los desembolsos externos se retrasan o las exportaciones pierden dinamismo, las reservas utilizables podrían permanecer bajo presión. El propio programa reconoce que las reservas líquidas parten de niveles bajos y que la acumulación depende parcialmente del financiamiento externo.

 

Riesgo de estabilidad financiera y social

La transición hacia un sistema con mayor libertad cambiaria y de tasas puede revelar vulnerabilidades existentes en bancos y empresas. El Memorando reconoce riesgos relacionados con calidad de cartera, liquidez, retiros de depósitos y descalces cambiarios. Paralelamente, la eliminación de subsidios y controles de precios puede generar conflictos sociales si la compensación no llega oportunamente a los hogares vulnerables. El riesgo es que un problema económico termine convirtiéndose simultáneamente en un problema financiero y social.

 

5.   ¿Qué se recomendaría para reducir el impacto negativo sobre la población?

Mi recomendación principal sería no ejecutar el ajuste como un recorte lineal del gasto, sino como una reingeniería del gasto público. El Estado debe eliminar primero gasto improductivo, duplicidades, privilegios, proyectos de baja rentabilidad económica y empresas públicas estructuralmente deficitarias, protegiendo infraestructura crítica, salud, educación, alimentación y programas de generación de empleo.

 

En segundo lugar, la eliminación de subsidios debe estar acompañada de una compensación social automática y temporal. No recomendaría esperar hasta que aparezca el daño para entregar ayuda. El registro social unificado debe funcionar antes de los principales ajustes de precios y permitir identificar hogares pobres, trabajadores informales, pequeños productores y sectores altamente expuestos al costo del transporte. Esto coincide con el propio Memorando, que reconoce que la protección social es indispensable para mitigar el impacto de la liberalización de precios.

 

Tercero, recomiendo que la política monetaria restrictiva sea gradual y dependiente de la inflación efectiva, evitando una contracción excesiva del crédito productivo. El objetivo no debería ser simplemente reducir la base monetaria, sino lograr que la liquidez sea compatible con estabilidad de precios sin provocar una crisis de crédito.

 

Cuarto, el Gobierno debería priorizar inversión pública con alto retorno económico y social, especialmente infraestructura logística, energía, agua, producción y conectividad. El propio programa plantea que los proyectos sean evaluados mediante análisis costo-beneficio y que se prioricen aquellos con mayores externalidades positivas.

 

Quinto, en materia de inversión privada, la mejor política anticrisis sería generar seguridad jurídica, estabilidad tributaria, reglas claras y rapidez administrativa, especialmente para hidrocarburos, minería, agroindustria, energía y exportaciones. La inversión privada debe comenzar a sustituir progresivamente al gasto público como motor del crecimiento.

 

Sexto, recomiendo establecer un “semáforo social” del programa: si la inflación de alimentos, desempleo, pobreza, cartera vencida o costo del transporte supera determinados umbrales, el Gobierno debería activar automáticamente medidas compensatorias temporales. Esto permitiría que la disciplina fiscal sea compatible con estabilidad social.

 

Finalmente, debe existir una regla fundamental: el ajuste fiscal debe recaer principalmente sobre el gasto improductivo y no sobre el ingreso real de los hogares pobres. El propio programa contempla mantener un piso de gasto social, por lo que la protección de los sectores vulnerables no debería considerarse un gasto residual, sino una condición para que el programa sea económica y políticamente sostenible.

 

6.  Conclusión final

El Memorando representa un programa de estabilización profundo y necesario, pero de alto riesgo en su etapa inicial. Su fortaleza está en atacar simultáneamente déficit fiscal, financiamiento monetario, distorsiones cambiarias, deuda, inflación y debilidades financieras.

 

La meta de eliminar el déficit primario y reducir el déficit global a 3,5% del PIB en 2029 puede mejorar significativamente la solvencia del Estado. También puede recuperar la credibilidad del BCB y crear mejores condiciones para la inversión privada.

 

Sin embargo, el ajuste de 8,5% del PIB es suficientemente grande como para generar costos económicos y sociales importantes. La eliminación de subsidios, la depreciación cambiaria y el endurecimiento monetario pueden presionar simultáneamente precios, empleo y crédito.

 

Por ello, la velocidad y la calidad de la ejecución serán tan importantes como las metas fiscales. El éxito dependerá de proteger efectivamente a los hogares vulnerables y evitar que el ajuste se convierta en una recesión prolongada.

 

Si las reformas logran estabilizar las cuentas públicas, recuperar reservas, atraer inversión y elevar la productividad, Bolivia puede salir fortalecida estructuralmente.

 

En consecuencia, este programa es económicamente coherente y potencialmente necesario, pero socialmente delicado y financieramente exigente; su éxito dependerá de que la estabilización sea acompañada por crecimiento, inversión, protección social y una ejecución fiscal de alta calidad.