La Paz. El coronel Allen Acosta niega las acusaciones y señaló al exedecan de Evo Morales por manipular a los reclusos para dañar su imagen. Las supuestas víctimas también apuntan a una servidora de Régimen Penitenciario y a otro grupo de privados de libertad, “treintones”, por la venta de celdas y torturas.
Internos del penal de San Pedro reunidos en uno de los patios del recinto. Foto: Régimen Penitenciario.
Fuente: https://maggytalavera.com.bo
Por Carlos Quisbert
Internos de distintas secciones del penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, presentaron denuncias contra el exgobernador del recinto, teniente coronel Allen Acosta, a quien señalan por extorsiones de hasta Bs 5.000 y actos de tortura. El oficial descalificó las acusaciones y señaló al exmilitar y exedecán de Evo Morales, Ruring River Covarrubias, por manipular a los privados de libertad para dañar su imagen.
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“He tomado conocimiento sobre los cobros que efectuó el anterior director del recinto penitenciario de San Pedro, teniente coronel Allen Acosta, a diferentes personas privadas de libertad y/o representantes de distintas secciones del recinto, por diferentes conceptos en diferentes oportunidades, con el argumento de que (el dinero) estaba destinado a autoridades de ministerios, diputados y autoridades o funcionarios de Régimen Penitenciario”, señala una de las denuncias a las que Periodismo Sin Photoshop tuvo acceso.
La nota, con fecha 9 de septiembre, tiene la firma del privado de libertad Danilo Reyes quien pide “una investigación seria, objetiva, imparcial y transparente” con el fin de identificar a otros involucrados. El mismo, asegura que, por el momento, guarda en reserva la identidad de los directos afectados con el fin de evitar represalias, pero que una ves abierto el caso proporcionará “nombres, fechas, montos económicos, testimonios, documentos y otros elementos que permitirán esclarecer los hechos denunciados”.
Al margen de dicha carta, Periodismo Sin Photoshop tuvo acceso a otras cuatro notas manuscritas, firmadas por los privados de libertad Joaquín C. G.; Jimmy E. E. P.; Fredy T. G. y Santos M. C. quienes denunciaron la extorsión de Bs 3.000 y Bs 5.000, además actos de tortura. Presuntamente estos se cometieron entre julio y agosto.
Consultado sobre los señalamientos, el oficial negó los mismos, “evidentemente hay denuncias, pero son completamente falsas y esto pasó porque se realizó varios informes y se le cortó varias cosas a este Covarrubias, él es quien está manipulando estas denuncias”, sostuvo en breve contacto telefónico.
De acuerdo a datos de personal de la Inspectoría de la Policía Boliviana, Acosta debió ser apartado del cargo hace más de dos meses, pero mandos de Régimen Penitenciario y el área legal demoraron los trámites por razones que “se deben investigar”.
Covarrubias cumple una condena de 15 años por violación a una menor de edad. Anteriormente fugó de la cárcel en Cochabamba y en 2020 fue identificado como la persona que, portando una credencial de la Cámara de Diputados, hizo cruzar la frontera a Noemí Meneses, expareja de Morales. En julio de este año, se difundió un video en el que bailaba junto a una policía al interior del penal, al momento de que se celebraba un matrimonio, el hecho causó la destitución de otro gobernador.
Familiares
Asimismo, familiares de otro grupo de privados de libertad tomaron contacto con este medio y apuntaron a la exdirectora de Régimen Penitenciario, Fabiola Albarracín, quien supuestamente conocía sobre otros excesos cometidos por el exgobernador y personal policial y no asumió medidas.
Los familiares, sin detallar las secciones, señalaron a otros reclusos, denominados “treintones” o personas con condenas ejecutoriadas, quienes, pese a que la norma lo prohíbe, ejercen como delegados de los internos. Citaron lo nombres del expolicía Milton Canaviri, el exmilitar Cirilo Gonzales Quispe, Omar Márquez y Dario Lazarte.
“Tienen una red para negocios de comida dentro de la cárcel, venden y alquilan celdas a personas que buscan protección, desde 5.000 dólares. Los internos ya los han denunciado varias veces, desde 2019, incluso por actos de tortura. Canaviri tiene sentencia ejecutoriada y Régimen Penitenciario no lo traslada a Chonchocoro”, reclamó la pareja de un abogado detenido en San Pedro.
Muralla, matrimonio y tortura
En relación a las denuncias contra Acosta, uno de los privados de libertad relató que el 20 de julio fue víctima de insultos, actos de tortura y discriminación. Afirmó que mientras vendía bolsas de yogurt fue increpado por el oficial y luego otros policías, por órdenes superiores, los golpearon y patearon. Todo inició por un llamado de atención a su apariencia y el color de su piel, mencionó.
El recluso, al momento de escribir en la hoja de un cuaderno su denuncia, se encontraba en el sector de aislamiento, “Muralla”, sin contacto con sus familiares.
Otro de los denunciantes se identificó precisamente con delegado del sector “Muralla” y sindicó al oficial por la extorsión de Bs 3.000, monto que presuntamente él entregó, por temor a ser aislado y sin que se le explique los motivos.
Otra denuncia, con fecha 28 de agosto, menciona que un interno obtuvo un permiso especial, firmado por un juez, para salir a un registro civil y contraer matrimonio con su pareja en estado de gestación. El privado de libertad contó que, concluido el acto, él, su esposa, los padrinos y algunos familiares fueron invitados a servirse un plato de comida al interior del penal, aprovecharon que era un día de visitas.
Sin embargo, de acuerdo al relato, los policías les llamaron la atención por reunirse a comer en el patio y retuvieron al recluso como a sus allegados, de pie y aislados por más de cuatro horas. El interno aseguró que Acosta lo amenazó con levantar informes contra los civiles que estaban en el lugar y le exigió el pago de Bs 5.000 a cambio de dejarlos ir sin represalias.
El interno sostiene que la esposa sufrió una descompensación, pero que aun así tuvo que salir y prestarse el dinero y que el 21 de agosto entregó el monto al oficial. “Pido se me haga la devolución (del dinero) y se sancione a este señor por este abuso contra mi persona, mi esposa e invitados, espero atentamente su respuesta”, dice parte de la nota escrita a mano.
Periodismo sin Photoshop buscó la versión de las actuales autoridades de Régimen Penitenciario, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición de esta nota.
Un último caso se denunció parte de otro interno de la sección San Martín, quien relató que el 12 de agosto, el exgobernador lo sorprendió usando su celular, “Samsung A10 con la pantalla rota”. Presuntamente Acosta le decomisó el aparato y lo amenazó con el aislamiento si no pagaba Bs 3.000.
“Con mucho esfuerzo mi mamá se prestó el dinero”, dice la nota del reo, quien asegura que pagó el dinero. Su nota concluye con la afirmación de que los cobros ilegales también se cometieron contra otros internos y pedía el cambio del oficial.
