Magistrado advierte un vacío institucional para proteger el medioambiente y los parques nacionales


El magistrado del Tribunal Agroambiental Richard Méndez advirtió que la desaparición del Ministerio de Medio Ambiente ha causado un vacío institucional que dificulta el cumplimiento de las resoluciones emitidas en 2025 para la protección ambiental ante los incendios, que pueden afectar incluso a parques nacionales.

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El mgistrado del Tribunal Agroambiental, Richard Méndez.

Fuente: ANF

“No tenemos una autoridad ambiental competente nacional como el Ministerio de Medio Ambiente, que genera las políticas y los planes para el tema de la gestión ambiental”, dijo Méndez al programa Sin Concesiones de Radio Fides.



Agregó que, en consecuencia, las resoluciones emitidas en 2025 para prevenir los incendios han “quedado en cierta medida sin efecto porque ya no existe esa autoridad ambiental competente”.

En 2025, el Tribunal Agroambiental emitió una resolución con 12 disposiciones y mecanismos de protección del jaguar y su hábitat, entre ellas la declaración de una pausa ecológica para las quemas y chaqueos en todo el territorio nacional y la suspensión inmediata de las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

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El magistrado advirtió que, “curiosamente”, también se ha iniciado un proceso de reestructuración en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), que podría afectar el cumplimiento de las resoluciones para la protección ambiental, aunque la normativa permitiría que las autoridades departamentales hagan cumplir la ley.

El ministro de Producción Sostenible, Oscar Mario Justiniano, pidió a fines de agosto a los guardaparques poner sus cargos a disposición para un plan de reestructuración, medida que fue rechazada por la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac).

Esa organización señaló que la solicitud del Ministerio constituye un intento de vulneración de los derechos laborales de los guardaparques y de “debilitamiento de las áreas protegidas” que, según señaló, gozan de protección constitucional.

El magistrado afirmó que esas decisiones de reestructuración implicarían que no se cuente con guardaparques y que la “custodia de los parques, de las áreas protegidas, estaría en entredicho”.

“Entonces, nos encontramos con una situación de imposibilidad de parte de la autoridad ambiental competente para que pueda ejecutar la resolución que el año pasado se ha emitido por el Tribunal Agroambiental”, sostuvo.

JA