Fuente: https://www.vision360.bo
Por Milton Condori Apaza
El jueves, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N° 154, para el “Restablecimiento Integral y Restitución de Derechos de Militares y Policías” afectados como consecuencia de la crisis de 2019 y lo remitió al Senado. ¿Cómo se procederá con la restitución de los derechos que plantea la norma? Los efectivos afectados deberán recurrir a la instancia pertinente para solicitar la revisión de su caso e implica también una regularización económica.
La propuesta, que es impulsada por los diputados Carlos Alarcón y Alejandro Reyes (Unidad), contempla a efectivos de la Policía Boliviana que fueron sancionados, retirados temporalmente, dados de baja o reincorporados con afectaciones en su antigüedad, escalafón, evaluaciones, ascensos o registros institucionales tras la crisis de 2019. También incluye situaciones derivadas de procesos iniciados o sanciones impuestas de forma posterior a los hechos de ese año.
Para que los policías afectados logren su restitución, el proyecto de ley señala que los interesados deberán presentar una solicitud escrita al Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana. Esta instancia deberá emitir una resolución de admisión o no admisión y notificará al interesado en un plazo de 10 días.
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Si el tribunal admite la solicitud, tendrá un plazo de 60 días para la “revisión de fondo” y emitir una resolución. Con ese paso, el tribunal remitirá dicho documento al Comando General de la Policía para que dé cumplimiento al proceso en caso de que sea absolutorio.
Una vez cumplido el procedimiento, el efectivo policial afectado por los hechos de 2019 “será restituido según el procedimiento a los cargos y funciones que desempeñaba al momento de su separación o sanción o su equivalente”. La norma prevé que se preserve su antigüedad, años de servicio, escalafón y regularización de fojas de servicio.
En el parágrafo IV de ese artículo, el proyecto de ley señala que el Comando General de la Policía Boliviana y el Tribunal Disciplinario Superior “ordenarán la cancelación total de antecedentes disciplinarios o institucional generados por actuaciones arbitrarias”.
En cuanto a los ascensos, antigüedad y evaluación excepcional, el proyecto normativo señala que el Comando General de la Policía Boliviana dispondrá la aplicación de la evaluación excepcional para “regularizar el ascenso del personal policial alcanzado por la presente Ley, al grado que legal y reglamentariamente le hubiera correspondido”.
Caso militares
En el caso de los efectivos militares afectados, se dispone que la restitución de derechos se realizará mediante la “revisión extraordinaria de las actuaciones disciplinarias y/o administrativas”, que deberán ser requeridas ante “la autoridad, autoridades o tribunales competentes”.
La restitución comprenderá, según el artículo 7, la “rehabilitación de calificaciones, fojas de concepto, informes de mando, puntajes de ascenso, registros de antigüedad y cualquier otro documento institucional afectado por actos irregulares, aplicando mecanismos extraordinarios si fuera necesario”.
Sin embargo, el proyecto normativo señala que la restitución no implica la reincorporación automática a un cargo y destino específico “pero sí garantizará la igualdad de oportunidades con su promoción y reconocimiento pleno de derechos afectados”.
En el artículo 8 del proyecto normativo se menciona que se dispondrá la rehabilitación “plena del personal afectado” siempre y cuando se verifique vulneración “de derechos constitucionales al debido proceso mediante resolución expresa en un plano máximo de 15 días hábiles”. Además, se prevé que la autoridad competente disponga “la extinción de la acción y en su caso sanción disciplinaria y/o administrativa únicamente en procesos sin fundamento fáctico”.
El parágrafo III del artículo señala que “bajo Resolución Fundamentada” se ordenará la cancelación de antecedentes disciplinarios o institucionales generados por actuaciones arbitrarias.
Restitución económica
En cuanto a la restitución económica, el proyecto normativo señala, en el caso de los efectivos policiales, que se restituirá todo “en base a la resolución absolutoria emitida por el Tribunal Disciplinario Superior”. Además, señala que “la restitución de derechos alcanza también al personal que hubiese sido sancionado con retiro temporal de la institución, sin goce de haberes y con pérdida de antigüedad”.
En cuanto a los efectivos militares, la propuesta indica que el personal militar comprendido dentro de la ley “tendrá el derecho a la regularización económica por descuentos, retenciones o suspensión de haberes con la restitución de los montos efectivamente descontados o retenidos conforme al Reglamento de Descuentos de las Fuerzas Armadas”.
