Los trabajadores y sus representantes denunciaron este hecho como un “despido masivo encubierto”.
Foto grupal de Guardaparques. Foto: Urgente.bo.
La Defensoría del Pueblo notificó al ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, debido a una nota emitida por la misma cartera de Estado que instruye a 143 guardaparques del país poner sus cargos a disposición.
De la misma, forma la diputada Cecilia Requena, desde la Asamblea Legislativa anunció que se tomarán acciones preventivas contra esta medida.
“Seguiremos dando la batalla vital ante este nuevo ataque contra las Áreas Protegidas, respaldando al personal con larga experiencia y compromiso probado con ellas. Defenderlas es imposible sin guardaparques y cuerpo de protección”, expresó la asambleísta a través de sus redes sociales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Contexto
En días anteriores, se conoció que el ministro Óscar Justiniano, pidió, a través de un instructivo con fecha del 28 de agosto, a todo el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), incluido los guardaparques, que pongan “sus cargos a disposición” mientras el organismo define su nueva estructura.
Este documento, adjuntado a una carta enviada a la directora del Sernap, Cecilia Miranda, provocó el rechazo de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), que se declaró en emergencia y calificó esta medida como un “mecanismo encubierto para un despido masivo”.
Acciones
Ante este hecho la Defensoría del Pueblo notificó a Justiniano con un Requerimiento de Informe Escrito (RIE), mediante el cual solicitó información relacionada a la situación laboral de las y los servidores públicos involucrados.
Asimismo, pidió conocer las medidas adoptadas respecto a la continuidad de sus funciones y las previsiones institucionales vinculadas con la situación laboral que atraviesan.
De manera paralela, la institución defensorial solicitó una audiencia urgente con el titular de esa cartera de Estado, para expresar la importancia de garantizar la protección de los derechos de quienes cumplen funciones de custodia, vigilancia y conservación en las áreas protegidas.
“La Defensoría remarca que los procesos de reestructuración del Estado pueden constituir decisiones legítimas de gestión pública; sin embargo, su implementación debe observar las garantías constitucionales y los derechos laborales, evitando medidas arbitrarias y procurando que no se produzcan retrocesos en la protección efectiva de los derechos humanos y ambientales”, señala el pronunciamiento realizado por la institución.
Por su parte, la diputada de Alianza Unidad, Cecilia Requena anunció que se tomarán acciones preventivas ante este hecho, que “amenaza de destrucción adicional de la institucionalidad y la gestión ambiental de Bolivia” y señaló que se insistirá en la aprobación de tres leyes que elevan la base legal de cerca de 20 áreas protegidas de interés nacional a rango de ley.
“Sostendremos la lucha contra extractivismos, actividades ilegales y hasta criminales que las están agrediendo a diario, incluyendo el trabajo en cambios normativos y seguimiento a denuncias”, manifestó Requena.
Finalmente, la Abolac presentó ante la Defensoría del Pueblo, una denuncia formal por la presunta vulneración de derechos laborales fundamentales del personal de las áreas protegidas del país y no descartó asumir medidas si sus demandas no son atendidas.
