La justicia que tarda no sólo no es injusticia, es una aberrante violación de derechos. Lo lacerante es que nuestro sistema judicial ha transformado la injusticia en una de las mercancías más cotizadas y lucrativas del mercado negro institucionalizado; es decir, en Bolivia no se investiga se hace caja y arqueo de hechos para verificar a cuánto ascienden las ganancias por la venta de detenciones domiciliarias, penas de tres años que es igual a excarcelaciones.
Los operadores de justicia descubrieron el negocio más rentable con menor riesgo para hacerse millonarios. No necesitan robar bancos, les basta con tener el cuaderno de investigaciones de un caso escabroso y “listo el pollo”.
Primero imputan al sindicado, no importa si hay pruebas, o no, con eso el negocio está asegurado. Luego dejan pasar el tiempo en la tapa preparatoria, vienen las ampliaciones, pericias que «se demoran», fiscales de vacaciones, jueces que «reprograman» y pasan los meses y el año de ampliación de investigaciones para delitos transnacionales como es el narcotráfico y conexos.
Cuando se vence el plazo máximo de investigación sin acusación formal el caso muere según el art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) este es el momento cuando se activa el negocio, “si quieres salir ahora con detención domiciliaria o que no te acusen formalmente hay que colaborar” que es igual a pagar, comprar tiempo y libertad sin importar principios jurídicos y menos derechos jurídicos y humanos.
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La preclusión dejó de ser una garantía para el sindicado o el imputado, es justicia retardada que se convirtió en el cronómetro del chantaje.
Este modus operandi de los administradores de justicia actúa con la precisión de una maquinaria “bien aceitada”, el manual invisible de la corrupción judicial dicta que el primer paso es la inacción deliberada para amasar expedientes dentro de una parálisis judicial deliberada y muy bien planificada. Concluido el tiempo judicial reglamentario el escenario queda perfecto para el acto final.
Abundan los casos que evidencian esta vergüenza, la memoria colectiva tiene presente el reciente denominado “caso maletas”, 32 valijas con cargamento que nunca revelaron donde se encuentran, pero se supo que están vinculados millones de millones de dinero ilícito, droga líquida encontrada en el mismo depósito donde estaban, o están, las famosas maletas.
El caso del pez gordo narco “caso Marset”, cuyas investigaciones nadie sabe en que quedaron y tampoco sobre las cajas fuerte, supuestamente vacías.
Los ajustes de cuentas con acribillados a plena luz del día con veintenas de disparos sin temor a la ley son consecuencia de una justicia que se compra y la impunidad está garantizada.
Mientras no se sancione penal y ejemplarmente a jueces, fiscales y operadores jerárquicos que dejan precluir casos, mientras no haya un control público de expedientes, esto va a seguir siendo la principal industria perniciosa del Órgano Judicial que fabrica millonarios que tienen por cobradores al miedo de los inocentes y la impunidad de los delincuentes.
Mientras las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justica, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público miran a otro lado, confrontando a un gobierno débil para distraer la perdiz, reclamando condiciones para justificar estos hechos que camuflan el negocio, será una historia de nunca acabar. Negocio redondo para el operador judicial con cero riesgo penal, así los verdaderos implicados recuperan las calles y los expedientes pasan al archivo muerto dejando tras de sí un fétido rastro de ilegalidad y fortunas inexplicables.
Romper este círculo vicioso exige no sólo reformas normativas, sino una fiscalización implacable que castigue verdaderamente a los burócratas que convirtieron el sistema judicial en su mina de oro personal.
La utopía de todo ciudadano de a pie es una justicia correcta en una Bolivia sumida en la pobreza a causa de la corrupción.
Walthy M. Egüez Paz