El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, afirmó que el departamento necesita unos tres millones de litros diarios, pero se llegaron a programar despachos superiores a 3,5 millones. El Ejecutivo detectó vulneraciones en los sistemas de distribución, removió a más de 40 funcionarios y prepara denuncias penales.
Fuente: El Deber
Santa Cruz recibía más combustible del que, según los cálculos del Gobierno, necesitaba diariamente y, pese a ello, durante semanas las filas persistieron en las estaciones de servicio. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, atribuyó esa contradicción a una red de desvío de carburantes en la que estarían involucrados malos funcionarios, algunos transportistas y operadores de surtidores.
“Santa Cruz necesita algo alrededor de tres millones de litros al día y nosotros empezamos a programar de manera diferente más de 3,5 millones”, afirmó Zamora al explicar las acciones asumidas para normalizar el abastecimiento.
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Según la autoridad, incrementar los volúmenes enviados no fue suficiente porque parte del combustible habría sido desviado antes de llegar al consumidor final.
“No hay combustible porque nos lo roban, no es que no haya el combustible. El combustible estaba en Yacimientos, se mandaba más de la cantidad que se necesita, pero nos lo roban”, sostuvo la autoridad este domingo.
Zamora señaló que las investigaciones identificaron posibles irregularidades, tanto dentro como fuera de las instituciones encargadas de manejar el sector. Mencionó a malos funcionarios de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de algunos transportistas de cisternas y estaciones de servicio.
“No vamos a poner a todos en la misma bolsa, pero sí hay gente que está actuando de mala manera”, aclaró.
El ministro aseguró que una primera revisión reveló vulnerabilidades en varias etapas de la cadena de distribución. Entre ellas mencionó problemas en los sistemas de “programación, asignación, facturación, despacho y cierre de operaciones”.
También aseguró que fueron encontradas “asignaciones discrecionales sin parámetros objetivos” y “modificaciones posteriores de tablas de facturación”, situaciones que ahora son revisadas por las instancias de Transparencia.
Como resultado de estas acciones, Zamora informó que más de 40 personas fueron apartadas de sus cargos, aunque no precisó cuántas pertenecían a YPFB y cuántas a la ANH.
“Tenemos una gran cantidad de personas, superan más de 40 personas destituidas. Se ha hecho cambio de sistemas y otros”, señaló.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, llegó además para preparar las denuncias penales contra las personas que sean identificadas dentro de estos esquemas.
Entre los mecanismos detectados, Zamora relató el caso de una cisterna en la que presuntamente se extraían entre 3.000 y 4.000 litros de combustible y luego se reemplazaba ese volumen con agua para mantener aparentemente la cantidad transportada.
“Ayer mismo se vio en una cisterna cómo tenían una forma de sacar el combustible y llenarlo con agua. Se sacaban 3.000, 4.000 litros y lo llenaban con agua para que la cantidad enviada sea la misma”, denunció.
También afirmó que en surtidores, especialmente en algunas provincias, se llegó a comercializar carburante a diferentes precios.
Zamora vinculó estas prácticas con la diferencia entre el precio de adquisición y el de reventa. Señaló que carburante comprado en Bs 9,70 por litro, podía llegar a venderse entre Bs 15 y Bs 20, generando márgenes elevados para quienes lograban desviar grandes volúmenes.
“Imagínese esas grandes mafias que nos roban más de 100.000 litros. ¿Cuánto dinero?”, cuestionó.
El Gobierno asegura que después de los cambios en las gerencias distritales y en los mecanismos de programación comenzó a registrarse una reducción de las filas en Santa Cruz. Zamora afirmó que un esquema similar comenzó a aplicarse en Cochabamba, donde calculó una necesidad diaria cercana al millón de litros.
La autoridad situó además el problema dentro de una discusión más amplia sobre el modelo de subvención a los combustibles. Según sus cálculos, sostener esa política demanda de unos $us 50 millones cada semana.
“El problema estructural se llama subvención”, afirmó Zamora, quien sostuvo que esos recursos podrían destinarse a carreteras, salud o educación.
El Ejecutivo plantea ahora tres líneas de trabajo: por una parte garantizar la producción de combustibles, realizar cambios estructurales dentro de YPFB y desmontar las redes que, según Zamora, aprovecharon las debilidades en la comercialización y distribución para desviar carburantes.
Fuente: El Deber
