Santa Cruz concentró la mayor cantidad de denuncias durante esta gestión 2026, con 19. Le sigue el departamento de Tarija, donde se ha registrado hasta ahora cuatro denuncias.
Fuente: https://elpais.bo
Bolivia registró 26 denuncias por el delito de incendio durante el primer semestre de 2026, una cifra ligeramente menor a la reportada en el mismo período del año pasado. Sin embargo, detrás de estos procesos persiste un desafío para la justicia: identificar a los responsables, lograr que las investigaciones avancen y conseguir sanciones efectivas frente a incendios que cada año dejan miles de hectáreas afectadas.
De acuerdo con datos difundidos por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), entre enero y junio de 2025 se registraron 28 denuncias por el delito de incendio a escala nacional, mientras que en el mismo período de 2026 fueron reportadas 26. La variación representa una disminución del 7,1%.
Santa Cruz concentró la mayor cantidad de denuncias en ambos períodos, aunque también mostró una reducción significativa. Los casos pasaron de 19 durante el primer semestre de 2025 a 11 en igual período de 2026.
La concentración de denuncias en este departamento refleja la presión existente sobre las zonas forestales y rurales, donde las quemas y los incendios continúan representando uno de los principales riesgos ambientales.
Tarija ocupa el segundo lugar, con cuatro denuncias, dos más que en la gestión anterior. Cochabamba y La Paz comparten el tercer puesto, con tres procesos cada uno, frente a los dos registrados en cada departamento durante el primer semestre de 2025.
Pando y Oruro registraron dos denuncias, mientras que Chuquisaca y Potosí no reportaron casos durante el período analizado.
No obstante, la cantidad de denuncias no refleja necesariamente la dimensión territorial del problema. Los incendios registrados durante los meses posteriores al primer semestre dejaron miles de hectáreas afectadas y obligaron a movilizar a bomberos, policías, Fuerzas Armadas, autoridades locales y voluntarios.
Procesos penales
El artículo 206 del Código Penal establece que quien, mediante incendio, genere un peligro común para las personas o los bienes, puede ser sancionado con privación de libertad de dos a seis años. Dependiendo de las circunstancias y del daño ocasionado, las investigaciones también pueden involucrar otras figuras penales y agravantes.
Uno de los problemas, según antecedentes de la Procuraduría General del Estado (PGE), no está únicamente en iniciar procesos, sino también en lograr que estos avancen hasta una sentencia. La entidad informó que, tras revisar casos relacionados con incendios forestales de gestiones anteriores, identificó más de 174 procesos penales en materia ambiental. Sin embargo, una parte importante permaneció en etapa preliminar o no prosperó debido, entre otros factores, a las dificultades para identificar a los responsables.
En otro balance, la Procuraduría señaló que entre 2023 y 2024 intervino en 22 procesos considerados graves y obtuvo nueve sentencias condenatorias ejecutoriadas. También advirtió que durante años no se impulsaron de manera suficiente acciones de reparación por los daños ambientales provocados por los incendios, un aspecto que comenzó a incorporarse en el debate jurídico.
Otra de las dificultades señaladas por distintos actores está relacionada con la necesidad de adecuar las sanciones a la gravedad de los hechos. En ese contexto, desde la Fiscalía de Tarija, durante la temporada de mayor incidencia de incendios, se planteó que diputados y senadores consideren en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley destinado a endurecer las penas por el delito de incendio.
Incendios de gran magnitud en Tarija
Durante 2026, los incendios forestales consumieron más de 10.000 hectáreas en el departamento de Tarija, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). La Reserva de Sama concentró aproximadamente la mitad del área afectada.
Las emergencias se concentraron principalmente en los municipios de Cercado y San Lorenzo, y demandaron la intervención de los tres niveles del Estado.
Las investigaciones policiales y fiscales establecieron que la mayoría de los casos estuvieron relacionados con actividad humana.
