Por: Arq. Ingrid Wichtendahl
Antes de desarrollar la propuesta metodológica para transformar nuestra realidad, es imperativo establecer una precisión técnica en materia de urbanismo: la planificación tradicional ha muerto por ineficacia.
En las últimas décadas, el viejo concepto de gobierno vertical ha evolucionado hacia la gobernanza urbana. Este nuevo paradigma de gestión exige una vinculación directa entre legislación, urbanismo y vida local, siendo la única garantía real para que los habitantes ejerzan su derecho a la ciudadanía. Bajo este enfoque, la validez de los macroplanes directores y códigos abstractos quedó superada. El mundo adoptó el Proyecto Urbano como la herramienta idónea para intervenir la ciudad por fragmentos; para regenerar, rehabilitar y devolver habitabilidad a los espacios degradados, haciendo a las metrópolis económicamente competitivas y atractivas para la inversión privada.
La emblemática transformación de Barcelona (1980-1987), liderada por el urbanista Oriol Bohigas, sentó el precedente definitivo. A decir de Bohigas: «El proyecto urbano no es un diseño arquitectónico ni un plano teórico; define la forma y el contenido de un fragmento de ciudad, desde el espacio público hasta la arquitectura, fijando directrices tan precisas que desatan una sucesión de ejecuciones reales».
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Lamentablemente, Santa Cruz de la Sierra sigue anclada en una visión tecnócrata y burocrática, administrada con códigos obsoletos que son incapaces de producir resultados tangibles.
¿Qué ciudad hemos producido los cruceños?
La Inteligencia Artificial (IA) suele repetir un axioma genérico: que la ciudad es el producto colectivo de los ciudadanos, el Estado y el capital privado. Sin embargo, a la IA se le escapa la excepcionalidad del modelo cruceño. En nuestra historia, el ciudadano, bajo la figura del socio cooperativista, fue el verdadero artífice y financista de sus servicios básicos, sustituyendo la histórica ausencia estatal.
La Santa Cruz de la Sierra que despertó la admiración continental gracias al Plan Techint y al exitoso sistema cooperativo, hoy adolece de todos los males urbanísticos imaginables. La ciudad se ha convertido en la receptora de una masiva migración de desocupados que llegan del interior del país con sus usos y costumbres y, al amparo de la permisividad institucional, ocupan aceras, calles, rotondas y plazas con el comercio informal. El resultado es un paisaje de miseria visual, insalubridad e incivilidad que destruye el bienestar colectivo y el medioambiente.
A la privatización ilegal del espacio público se suman la mendicidad, la contaminación acústica, el colapso vehicular, el deterioro del entorno construido y la acumulación crónica de basura. Esta crisis tiene una causa estructural: la anomia social, estimulada por una flagrante ausencia de autoridad municipal. El ciudadano —ya sea como peatón, conductor, constructor o comerciante— ha internalizado que violar la norma no tiene consecuencias jurídicas ni coercitivas.
El síntoma más perverso de esta debilidad institucional es el descontrol de la mancha urbana. En las últimas décadas, la ciudad viene sufriendo un proceso de loteamiento predatorio y especulativo que reduce el suelo a simple mercancía barata. Esta expansión infinita reproduce la precariedad en periferias cada vez más alejadas. Es un negocio redondo para los especuladores de la tierra, pero una hipoteca trágica para el futuro de la ciudad. El erario municipal termina asumiendo el altísimo costo de dotar de infraestructura a zonas inviables, consolidando un círculo vicioso de clientelismo político: obras precarias a cambio de votos.
Mientras la mancha urbana se expande de forma insostenible, las sucesivas administraciones municipales se han mostrado incapaces de gestionar la cotidianidad urbana más elemental: el transporte público masivo, la limpieza, el alumbrado, la semaforización y la prevención de incendios operan en condiciones de obsolescencia vergonzosa.
La acumulación de problemas no resueltos ya no admite más dilaciones. Es una demanda urgente que el Gobierno Municipal abandone el cortoplacismo y adopte los instrumentos técnico-jurídicos de la gobernanza y el derecho urbanístico moderno. Solo así podremos producir una ciudad de primer orden que refleje la identidad, los ideales y la dignidad del ciudadano cruceño. Tema que desarrollaré en la segunda parte.