El jurista y ex ministro boliviano expuso, en una conferencia del Interamerican Institute for Democracy, los fundamentos por los que considera nulo el texto constitucional aprobado en 2009. El evento convocó a juristas y analistas especializados.
Fuente: Infobae
El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentó este miércoles la conferencia “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es nula”, en la que el jurista y ex ministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín expuso con detalle los fundamentos jurídicos e históricos por los que sostiene que ese texto constitucional, aprobado en 2009, carece de validez desde su origen y que la única salida real para Bolivia es la restitución de la Constitución Política republicana de 1994.
El evento tuvo lugar en la sede del instituto, ubicada en 2100 Coral Way, suite 500, Miami, Florida, y convocó a juristas, académicos y analistas especializados en derecho constitucional latinoamericano.
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La conferencia contó con la participación de los expertos Jhonny Nogales, Gisela Derpic, Fernando Untoja, Germán Gutiérrez y el ex gobernador de Santa Cruz Guido Áñez, moderados por Francisco Endara Daza.
El debate giró en torno a la tesis central de Sánchez Berzaín: que la llamada Constitución del Estado Plurinacional nació muerta y que cualquier intento de reformarla equivale, en sus propias palabras, a “hacerle una transfusión de sangre a un cadáver”.
La nulidad tiene origen en el golpe de Estado de octubre de 2003
Sánchez Berzaín situó el origen del problema en el derrocamiento del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, que denominó golpe de Estado y cuyo instrumento de confesión pública, según su lectura, fue la llamada “Agenda de Octubre”. Ese documento, elaborado al día siguiente del derrocamiento en una reunión en El Alto entre el entonces vicepresidente Carlos Mesa y los actores del golpe, incluyó como primer punto la convocatoria a una asamblea constituyente, figura que -señaló Berzaín- no tenía cabida en el marco constitucional vigente.
“La ruptura del orden constitucional empieza a producirse con el golpe de Estado del 17 de octubre de 2003”, afirmó el jurista, y agregó que “los golpistas tienen hoy día oculta” esa agenda, cuya recuperación, dijo, es “tarea de la prensa boliviana y del pueblo boliviano”.
Dos leyes falsificadas y una cadena de irregularidades
El expositor describió lo que llamó un iter criminis —camino del delito— que arranca con la Ley 2410 de necesidad de reforma constitucional. Según Berzaín, esa ley fue promulgada el 8 de agosto de 2002 con la firma de Jorge Quiroga, pese a que este había entregado la presidencia a Sánchez de Lozada el 6 de agosto. “¿Cómo es que promulga una ley el 8 de agosto del 2002?”, preguntó, y concluyó que esa promulgación no tiene validez legal y que, por tanto, nunca existió un primer acto legítimo sobre el cual construir el proceso de reforma.
A esa primera irregularidad se sumó la Ley 2631 del 24 de febrero de 2004 —sancionada cuatro meses después del golpe—, mediante la cual se introdujo la figura de la Asamblea Constituyente en el artículo 232 de la Constitución, que no existía en ninguna norma constitucional anterior. “Nunca había la frase Asamblea Constituyente en ninguna norma constitucional de Bolivia”, afirmó. Para Berzaín, esa introducción constituye “falsedad material y falsedad ideológica”, delitos contemplados en el Código Penal boliviano con penas de más de ocho años de prisión, agravadas cuando son cometidos por funcionarios públicos.
El proceso continuó con la instalación de la Asamblea Constituyente en Sucre durante la presidencia de Evo Morales, que derivó en lo que Sánchez Berzaín llamó la masacre de La Calancha, seguida del traslado forzado del cuerpo constituyente a un cuartel militar en Oruro. El texto elaborado en ese cuartel no incluía el Estado plurinacional ni la reelección inmediata —dos demandas clave del proyecto político del MAS—, por lo que fue modificado mediante un acuerdo parlamentario plasmado en la Ley 3941 del 21 de octubre de 2008, que, según Berzaín, permitió al Congreso “atribuirse los derechos del pueblo” al facultarse para realizar “los ajustes necesarios” sobre la propuesta constitucional antes de someterla a referéndum.
“Se atribuyeron los derechos del pueblo. Eso también es delito”, afirmó Sánchez Berzaín al referirse a esa ley, que calificó de sediciosa y conspiratoria.
La resistencia popular y tres masacres
El proceso no fue sin resistencia. Berzaín enumeró tres hechos de violencia que considera parte constitutiva del iter criminis: la masacre de Cochabamba, con la muerte del joven Urresti como hecho más notable; la masacre de El Porvenir, en Pando, donde fue detenido el gobernador Leopoldo Fernández, quien permaneció preso hasta 2019; y la masacre del Hotel Las Américas, en Santa Cruz, ya investigada y certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló a Morales y a su gobierno como responsables.
A raíz de esa última masacre, el gobierno habilitó los casos judiciales denominados Terrorismo I y Terrorismo II, que Berzaín describió como el inicio de la persecución sistemática de quienes resistían la nueva Constitución, con miles de presos políticos y exiliados. “Se termina el Estado de derecho con la plena vigencia de la Constitución de la República antes de que aprueben su Constitución del Estado Plurinacional”, sostuvo.
El contenido de la Constitución, copiado de Cuba y Venezuela
Más allá de los vicios de origen, Sánchez Berzaín cuestionó también el contenido del texto. Comparó el artículo primero de la Constitución de 1967 —que define a Bolivia como una “república unitaria, democrática y representativa, fundada en la unidad y solidaridad de todos los bolivianos”— con el artículo primero de la Constitución plurinacional, que la define como un “Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario”. El término “comunitario”, interpretó, equivale a comunista y supone la subordinación de los derechos individuales al colectivo.
Afirmó que el texto fue redactado por el abogado Roberto Viciano Pastor, de la Universidad de Valencia, contratado por los regímenes de Cuba y Venezuela, y que su autoría está documentada en informes del propio Viciano en esa casa de estudios. “Ni siquiera fue el Congreso ordinario que votó su aprobación”, dijo, sino un jurista extranjero pagado por potencias foráneas.
El jurista señaló que Bolivia pasó de tener cerca de un 20% de pobreza en 2003 a un 62% en la actualidad, con un 30% de pobreza extrema, y atribuyó esa evolución directamente a la estructura del Estado plurinacional. También recordó que el país contaba con 42 toneladas de reservas de oro al momento del golpe, hoy inexistentes, y con 27.000 millones de dólares en reservas privadas en los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados, cifra que calificó de igualmente perdida.
Lo nulo no se puede reformar
El núcleo de la tesis de Sánchez Berzaín fue la distinción entre nulidad y reforma. Citó el artículo 31 de la Constitución de la República, que establece: “Son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley”. Esa nulidad, subrayó, no requiere declaración judicial porque la propia Constitución establece que sus principios y garantías no necesitan reglamentación para su cumplimiento.
“Lo nulo no se puede reformar”, sentenció, y descartó de plano las propuestas de reforma parcial que circulan en la Asamblea Legislativa boliviana, incluida la del partido Libre, que promueve la modificación de 111 artículos. Desde su perspectiva, reformar una Constitución nula es agravar los delitos ya cometidos, sin posibilidad de sanear el origen.
La solución que propuso es concreta: que el Poder Ejecutivo emita un decreto supremo, el Legislativo una ley y el Poder Judicial un auto supremo que reconozcan la nulidad existente y declaren la vigencia de la Constitución republicana de 1994. “La vigencia de la Constitución de la República es una urgencia”, subrayó.
Los comentaristas: coincidencias y una pregunta sin respuesta
Los panelistas que tomaron la palabra después de la exposición central coincidieron en el diagnóstico, aunque con matices. Jhonny Nogales, periodista y abogado, respaldó la tesis y rechazó el argumento de que el referéndum de 2009 habría validado el texto: “Una ilegalidad no deja de serlo por haber sido sometida a un referéndum”. Señaló además que cualquier reforma de leyes sectoriales —hidrocarburos, minería, inversiones— chocará inevitablemente con los límites de una Constitución que no ha cambiado su esencia estatista.
La doctora Gisela Derpic describió la instalación del Estado plurinacional como la combinación de un “viejo estalinismo” con un “etnicismo fascistoide” y añadió vicios procesales específicos de la Asamblea Constituyente: las comisiones votaron reformas por mayoría simple en lugar de dos tercios, en Oruro solo se aprobó un índice y no los artículos, y quienes redactaron el texto definitivo no eran los asambleístas con mandato popular.
El abogado y político Germán Gutiérrez, desde Sucre, subrayó que la Constitución es además ilegítima —no solo ilegal— porque nunca fue producto de un pacto social mínimo, sino del escenario opuesto: una confrontación irreconciliable que convirtió la Asamblea Constituyente en un campo de batalla.
Por su parte, el abogado y ex gobernador de Santa Cruz Guido Áñez aportó datos del referéndum de 2009: cuatro de los nueve departamentos bolivianos rechazaron la Constitución, con porcentajes de entre el 60% y el 65% en contra en Tarija, El Beni, Santa Cruz y Pando. Citó también una encuesta del ciclo electoral de 2025 según la cual el 56,3% de la población boliviana apoyaría definir al país como una república única.
El ex candidato presidencial Fernado Untoja, en cambio, fue el más crítico hacia la propuesta de Berzaín: compartió el diagnóstico pero cuestionó su viabilidad práctica. “¿Quién puede voltear con un decreto al Estado plurinacional?”, preguntó, y planteó que el plurinacionalismo ha impregnado instituciones y mentalidades a lo largo de casi dos décadas, por lo que la restauración de la República requeriría, a su juicio, dos vectores simultáneos: uno democrático y uno de fuerza. Su pregunta —“¿restauramos la República o la refundamos?“— quedó sin respuesta en el tiempo disponible.
El IID difundirá el argumento en varios idiomas
El Interamerican Institute for Democracy anunció que pondrá a disposición en su página web la documentación completa que detalla todos los instrumentos legales emitidos desde el gobierno de Carlos Mesa hasta el de Evo Morales en violación de la Constitución republicana.
Sánchez Berzaín también anticipó que el argumento de la nulidad será traducido a varios idiomas para su circulación internacional, con el objetivo de documentar ante organismos financieros y gobiernos extranjeros que Bolivia carece de Estado de derecho bajo la Constitución vigente.
El evento de hoy se inscribe en una serie de actividades académicas que el IID organiza en torno al estado de derecho y la institucionalidad en países de América Latina. El mes pasado, el instituto presentó el libro Narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos, del propio Sánchez Berzaín, en la librería Books & Books de Coral Gables, Florida.
