Una medida acertada para bajar la inflación ha sido la de seguir una solución monetarista, como es disminuir la oferta monetaria, acompañada para su éxito de una política cambiaria flexible (asegurando el equilibrio en balanza de pagos y aislando la inflación externa). Según esta teoría, toda inflación es en última instancia un fenómeno monetario, de manera que, bajando esa oferta, disminuyan precios. Sin embargo, habría que determinar algunos parámetros muy propios de la economía boliviana en esta coyuntura.
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El diagnóstico requerido va por una interpretación más microeconómica que agregada. Aunque, corresponde decir algo sobre lo último, como que, conservando una economía estatista, ésta se hace muy sensible a la variación de los precios internacionales (shock de oferta) y, recesión constante (stanflation), por su carácter de economía altamente dependiente de la importación de bienes tanto de capital, como primarios, cuyos pagos provienen ineluctablemente de la exportación de sus recursos naturales y precios internacionales, por lo que, difícilmente la aplicación de políticas económicas convencionales lograría funcionar tal como se desearía.
Está claro que el fin a corto plazo es arremeter contra la inflación como principal problema. En este momento, hay tres elementos inflacionarios claves: exceso de oferta monetaria + tipo de cambio + precios de combustibles. El Acuerdo de Intenciones con el FMI, ataca los tres. El primero va en curso con una subida del encaje legal, un tipo de cambio flexible y, el tercero se posterga para el próximo año. Quiero referirme a este último.
La demanda de combustible no parece adoptar una curva normal, puesto que en vez de darse una relación inversa entre precio–cantidad (a mayor precio menor demanda y viceversa), encuentro que a mayor precio la demanda aún puede crecer, lo que equivale a un tipo de relación directa precio-cantidad, es decir que, nos topamos con una curva de demanda que presenta una relación positiva (tipo, bienes Giffen), entre el precio y la cantidad demandada, que en general se da cuando el bien marca un determinado status. Mi hipótesis de esta “anomalía” se enmarca en algunos hechos: 1) el combustible en cuestión, es catalogado como bien de “primera necesidad” y, lo que cambia de ruta/dirección a la pendiente de la demanda de negativa a positiva, tiene una causa exclusiva: la discriminación de precios, es decir, ocurre cuando el monopolista (YPFB/Estado) cobra precios diferenciados por el mismo combustible en mercado distintos para disímiles tipos de consumidores; 2) paradójicamente, tanto para el precio subvencionado (Ps) como no subvencionado (Pn-s) la demanda será igualmente creciente, tanto para el primero (Ps), donde su demanda variará dentro el rango de precios (que van desde Pn-s a Ps) para especular, desviando el combustible al mercado de mayor precio, en cambio, para quienes acepten el Pn-s, su demanda estará en función de la renta disponible o demanda efectiva (y no demanda “deseada”); 3) respecto a la oferta, los consumidores subvencionados se conforman con una oferta limitada del monopolio estatal, hay que tomar en cuenta que la oferta monopólica, prevé y provee con datos del ayer, según datos históricos, por lo que la oferta estará siempre rezagada y, será insuficiente, más aún si, se establece, precio y cantidad fijos, por otro lado, para quien pague el precio internacional, la oferta podría ser sin límites si hubiese libre importación. En síntesis, la demanda se hace sobredimensionada, pues llega a crecer incluso, independientemente de precios altos, por una discriminación de precios y una oferta limitada.
Lo que nunca ha comprendido la economía estatista, es la praxis de los agentes económicos que conocen casi perfectamente el mercado y, en el caso que compete, la discriminación de precios, ya que se manejan en el marco de sus expectativas (racionales), incluso muchas veces, anticipando políticas económicas futuras del Estado. Esto significa que, apartando el aspecto jurídico que sanciona como ilegal el trasladar/desviar/acaparar combustible, olvida en general el Estado y sus monopolios que, en el mercado, está actuando un agente económico según sus expectativas racionales, cuyas decisiones van de acuerdo a la maximización de sus beneficios (que para el caso son irrecusablemente ilícitos). Por eso, no pocos se dedican a la ilegal especulación, puesto que actúan enmarcados en sus expectativas de costes de oportunidad entre comprar bienes y servicios o invertir en el juego de diferenciación de precios, en el que se instalan cadenas irregulares que van desde funcionarios del monopolio (ejecutivos y empleados), pasando por surtidores, hasta vendedores minúsculos de bidón, todos con el fin de obtener mayor renta o plusvalía. Es un trade-off.
De ahí que, se incremente la demanda de combustible y del dinero, por su rendimiento efectivo en aquel juego de precios diferenciados, hecho que puede limitar el efecto de una disminución de la oferta de dinero. La actual diferenciación de precios, impulsa, además, (in)conscientemente una inflación inducida. Lo que limita el éxito de implementar políticas antiinflacionarias efectivas.
Oscar A. Olmedo
(Economista con estudios en filosofía)