El 20 de junio de 2026, el presidente Rodrigo Paz promulgó un estado de excepción tras 51 días de bloqueos promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo. A pesar de que horas antes se había suscrito un acuerdo de pacificación, el rezago en la respuesta estatal frente a la crisis derivó en una severa escasez de combustibles, alimentos e insumos esenciales para la población. Hoy, transcurridos 88 días, la Asamblea Legislativa Plurinacional debate en sesión extraordinaria la ampliación de esta medida por 90 días mediante el Decreto Supremo 5707. Ante este panorama, surge una interrogante fundamental: ¿el estado de excepción fue eficiente de manera operativa e institucional?
El decreto nació desfasado: al promulgarse cuando ya existía un acuerdo firmado con la dirigencia de la COB para levantar las medidas de presión, la declaratoria se evidenció como una respuesta tardía y descoordinada por parte del Ejecutivo. Esta asincronía política profundizó una severa tensión institucional. Al recurrir a la excepcionalidad a destiempo, la administración gubernamental desgastó aceleradamente su autoridad. Este déficit se vio agudizado por la crisis reputacional desencadenada a raíz del caso de Fernando Cerimedo y Nadia Beller; un episodio que despojó al Gobierno de la credibilidad y la solvencia moral indispensables para justificar un modelo de gobernabilidad sostenido en la restricción de garantías constitucionales.
Más allá de los debates sobre el prestigio gubernamental, a nivel operativo las limitaciones se manifestaron claramente en la falta de ejecución de objetivos clave. Un ejemplo ilustrativo es la imposibilidad de concretar órdenes de aprehensión de alto perfil, como el caso del expresidente Evo Morales. La incapacidad de materializar estas acciones judiciales —que, bajo un régimen de plenos poderes y facultades coercitivas ampliadas, deberían resultar operativamente viables— sugiere que la declaratoria ha funcionado en gran medida como un disuasivo discursivo, más que como un mecanismo efectivo de control territorial y material.
Bajo esta perspectiva, el debate sobre la ratificación de la prórroga plantea un desafío crucial para la Asamblea Legislativa. Si bien los parlamentarios gozan de una indiscutible legitimidad democrática de origen, surge la interrogante sobre su representatividad en esta coyuntura específica: ¿expresarán realmente en sus votos la voluntad de sus regiones o primarán los cálculos políticos frente a una medida tan restrictiva? De aprobarse, este nuevo lapso de excepcionalidad conlleva el riesgo de configurar un mero periodo de latencia táctica. En lugar de consolidar una pacificación estructural, podría brindar a las bases sectoriales el margen necesario para reorganizarse y canalizar el descontento acumulado de manera más articulada. Existe un escenario de alta probabilidad de que, al reactivarse las movilizaciones, las demandas trasciendan los pliegos petitorios originales, escalando hacia exigencias de índole sistémica que comprometan directamente el mandato y la estabilidad del Gobierno.
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Finalmente, resulta imperativo plantear una reflexión frente a la actual crisis: ¿Constituye la ampliación del estado de excepción una solución de fondo a las urgencias económicas, sociales y de gobernabilidad que atraviesa Bolivia, o se trata de una medida de contención paliativa que, a largo plazo, terminará por tensionar aún más las bases del Estado?
Análisis por Adriano Ferreira