La Fiscalía de EEUU sostiene que el uruguayo proporcionó voluntariamente esa información en el aeropuerto Viru Viru y durante su traslado a Virginia. La defensa cuestiona las condiciones en las que declaró y busca que sus dichos sean excluidos del proceso,
Fuente: El DEBER
El uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera reveló a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingés) que todavía tenía dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína en Bolivia y afirmó que el Primer Comando de la Capital (PCC) traficaba hacia el país entre el 80% y el 90% de sus armas, según un documento presentado por fiscales de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito Este de Virginia, al que tuvo acceso EL DEBER.
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Las declaraciones fueron realizadas horas después de su captura en Santa Cruz de la Sierra, el 13 de marzo de 2026, durante su traslado desde el aeropuerto internacional Viru Viru hacia Estados Unidos y en entrevistas con agentes de la DEA. La Fiscalía de EEUU sostiene que Marset habló de manera voluntaria y que previamente había sido informado de sus derechos.
El documento, al que tuvo acceso EL DEBER, forma parte de la respuesta del Gobierno estadounidense a la solicitud de la defensa para suprimir las declaraciones de Marset en suelo boliviano y las pruebas obtenidas a partir de ellas.
La Fiscalía de EEUU señala que los agentes administraron a Marset las advertencias de Miranda en dos oportunidades: primero, después de que las autoridades bolivianas lo entregaran a la DEA en Santa Cruz, y posteriormente en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia.
10 toneladas de cocaína en Bolivia
Después de su llegada a Estados Unidos, los agentes de la DEA revisaron junto con Marset los dispositivos electrónicos decomisados durante el operativo en Bolivia.
Los policías bolivianos habían incautado 23 teléfonos celulares, dos iPads y una computadora MacBook, que posteriormente fueron entregados a la DEA junto con el detenido.
Según la Fiscalía de EEUU, Marset identificó como suyos tres teléfonos —un iPhone 17 Pro Max naranja, un iPhone 17 blanco y un iPhone 16 de color oro rosado—, además de una MacBook y un iPad. También proporcionó las contraseñas de esos equipos.
Los agentes le preguntaron si tenía billeteras de criptomonedas. Marset utilizó uno de los teléfonos para mostrar una billetera que contenía aproximadamente 1,5 millones de dólares en criptomonedas. Posteriormente mostró otra billetera con unos 1,43 millones de dólares y una tercera con aproximadamente 1,03 millones de dólares.
En total, los investigadores identificaron alrededor de 3,96 millones de dólares en esas tres billeteras. De acuerdo con el relato presentado por los fiscales, Marset dijo que esas criptomonedas provenían de sus ganancias por el tráfico de cocaína en Bolivia.
Cuando le preguntaron dónde estaba el resto de su dinero, respondió que no tenía más porque prefería reinvertir las ganancias en la compra de droga. Fue entonces cuando, según la Fiscalía de EEUU, declaró que en ese momento tenía su dinero invertido en aproximadamente 10 toneladas de cocaína.
El documento no precisa en qué lugares de Bolivia se encontraría esa droga ni quiénes estarían encargados de custodiarla.
La revelación sobre el PCC
El expediente estadounidense incorpora además otra declaración atribuida a Marset. Según los fiscales, el narcotraficante manifestó a los agentes de la DEA que el PCC traficaba desde Estados Unidos entre el 80% y el 90% de las armas que llegaban a Bolivia.
La afirmación aparece en el relato de la Fiscalía como parte de la información que Marset habría proporcionado durante su periodo bajo custodia estadounidense en el aeropuerto Viru Viru.
El dato adquiere relevancia en medio de la disputa que las autoridades de la Policía Boliviana han descrito entre organizaciones criminales brasileñas con presencia en el país.
En los últimos días, el Gobierno boliviano atribuyó parte de la reciente ola de asesinatos registrada en Santa Cruz y Beni a las pugnas de poder dentro del crimen organizado y mencionó específicamente al Comando Vermelho y al PCC.
El vocero presidencial José Luis Gálvez sostuvo el martes que la captura de Marset y de otros integrantes de organizaciones criminales había generado un “desorden” dentro del crimen organizado y relacionó ese escenario con el incremento de las manifestaciones violentas.
La Fiscalía dice que Marset colaboró voluntariamente
El Gobierno estadounidense sostiene que Marset fue informado de sus derechos y que aceptó voluntariamente conversar con los agentes.
Según el documento, el 14 de marzo, en una sala de entrevistas del Aeropuerto Internacional Dulles, los agentes le explicaron que cualquier cooperación con el Gobierno podía ser considerada para una eventual reducción de su condena, pero que la decisión final correspondería a un juez.
Marset firmó un formulario en español mediante el cual, según los fiscales, reconoció que comprendía sus derechos y renunció a la presencia de un abogado durante la entrevista. También firmó un consentimiento para que la DEA registrara sus dispositivos electrónicos.
Durante esa conversación, según la Fiscalía, Marset bromeó con que firmar el documento y proporcionar información podía darle “puntos” para una eventual reducción de su condena. Los agentes, según el relato oficial, le respondieron que ellos no tenían autoridad para conceder esos beneficios y que cualquier decisión sobre su sentencia correspondía a un juez.
La Fiscalía sostiene que Marset nunca pidió terminar la entrevista ni invocó durante ella su derecho a contar con un abogado.
La versión de los abogados de Marset es distinta. La defensa sostiene que el uruguayo fue presionado para colaborar con las autoridades estadounidenses y cuestiona que la entrevista realizada en Dulles no haya sido grabada en audio.
Los abogados también afirman que Marset pidió hablar con un abogado y que los agentes no atendieron esa solicitud. Por ello, cuestionan que el reporte elaborado posteriormente por los investigadores refleje fielmente lo ocurrido durante la entrevista.
La Fiscalía rechaza esos argumentos y sostiene que las salas de los aeropuertos no contaban con equipos adecuados de grabación, por lo que la entrevista no fue registrada en audio conforme a la práctica habitual de la DEA.
Los fiscales también niegan que se haya prometido a Marset una reducción concreta de su condena a cambio de información.
