Tras la ampliación del estado de excepción en Bolivia, el alcalde de Tarija y presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), Johnny Torres, sostuvo que esta medida debe estar acompañada de espacios de diálogo entre el Gobierno Nacional y las regiones para atender las demandas económicas y sociales que persisten en los municipios.
Fuente: https://elpais.bo
Torres señaló que, si bien el estado de excepción busca garantizar la tranquilidad social y el libre tránsito, no debería cerrar los canales de comunicación entre las autoridades nacionales y subnacionales.
“El estado de excepción por sí mismo no arregla nada. El estado de excepción para dialogar, para encontrar consensos, eso sí”, manifestó la autoridad.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En ese contexto, los alcaldes mantienen la coordinación con el Gobierno para abordar una agenda que incluye la distribución de recursos, el abastecimiento de carburantes y la situación financiera de los gobiernos municipales.
Uno de los principales temas planteados por las alcaldías es la propuesta del denominado 50/50, relacionada con una nueva distribución de recursos y competencias entre los distintos niveles del Estado. La agenda municipal también contempla el pedido de devolución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenidos para el fondo destinado a la exploración y explotación de hidrocarburos.
El 50/50 y la devolución del 12% del IDH forman parte de los planteamientos que Torres y la FAM vienen impulsando durante los últimos meses como alternativas para mejorar la situación financiera de los municipios. En agosto, el Gobierno y la FAM acordaron avanzar en una hoja de ruta para la devolución del 12% del IDH en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 y tratar el refinanciamiento de deudas municipales.
Otro de los puntos que genera preocupación en las alcaldías es el abastecimiento y costo del diésel. Torres ya había señalado que los municipios continúan enfrentando dificultades para acceder al combustible y cuestionó el precio establecido para determinados consumidores. La FAM planteó ante el Gobierno la necesidad de revisar las medidas relacionadas con el carburante.
Para Torres, la discusión no debería limitarse a medidas de contención ante los conflictos, sino avanzar hacia acuerdos que permitan a los gobiernos municipales contar con recursos suficientes para garantizar sus servicios y planificar la gestión de 2027.
La autoridad edil insistió en que las soluciones deben construirse mediante la coordinación entre el Gobierno Nacional, gobernaciones y municipios, con el objetivo de evitar nuevos conflictos y generar condiciones para la recuperación económica.
“Es conveniente el diálogo, el acuerdo, la solución, el encontrar una alternativa entre todos”, afirmó Torres.
En esa línea, los municipios esperan que las próximas reuniones con el Gobierno permitan definir una ruta concreta sobre la distribución de recursos, las competencias municipales, el financiamiento y las medidas destinadas a enfrentar las dificultades económicas que atraviesan las entidades subnacionales.
