Estas declaraciones se produjeron en Bolivia, Perú y Estados Unidos, desde su arresto hasta sus primeras audiencias
[Foto: AFP] / Detención de Sebastián Marset
Fuente: Unitel
Los abogados del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, solicitaron que una serie de declaraciones, que realizó su defendido tras su detención en Bolivia, sean excluidas como parte de la evidencia.
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso UNITEL, los abogados de Marset solicitaron que las declaraciones que realizó tras su detención no sean utilizadas como pruebas. La defensa sostiene que estas declaraciones fueron obtenidas de manera ilegal en el marco de conversaciones informales.
Estas declaraciones se produjeron en Bolivia, Perú y Estados Unidos, desde su arresto hasta sus primeras audiencias.
Por su parte, la Fiscalía argumenta que las declaraciones realizadas de forma libre y voluntaria sin coerción pueden ser admitidas como prueba.
Uno de estos momentos ocurrió en un vuelo de Bolivia a Perú. Los agentes Reyes y Vega conversaron con Marset, y según el documento, le informaron que la charla sería grabada en audio, a lo que él habría dado su consentimiento.
Durante esta conversación, los agentes le explicaron parte de la acusación. Marset habría admitido algunos señalamientos, entre ellos la entrega de dinero por parte del coacusado Federico Santoro Vasallo en Sudamérica, aunque también negó o cuestionó otros puntos.
El agente Reyes le habría aclarado que cualquier inquietud sobre la acusación debía ser tratada con su abogado. Marset, según los documentos, respondió que aceptaba la situación y que abordaría esos aspectos más adelante.
El 11 de enero del 2027 se instalará el juicio en contra del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien será juzgado por 12 ciudadanos estadounidenses que definirán su situación jurídica.
El uruguayo enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para narcoterrorismo y lavado de activos.
En el caso de que el jurado lo declare culpable, el juez determinará la sentencia, que podría ir desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua.
