El Gobierno tiene algo más de tres meses para preparar el fin de la subvención a los combustibles. Paz anticipó decisiones difíciles y prometió proteger a los sectores vulnerables.
El logotipo del FMI. / Foto: Bloomberglinea
Fuente: El Deber
Bolivia comienza la etapa más difícil de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acceso a los $us 1.900 millones no será inmediato ni se realizará en un solo desembolso. Desde ahora, el Gobierno deberá ejecutar reformas, alcanzar metas económicas y superar evaluaciones trimestrales.
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El programa tendrá una duración de 36 meses y marcará el retorno de Bolivia a un acuerdo plurianual con el FMI después de 20 años. Sus objetivos son ordenar las cuentas públicas, fortalecer las reservas internacionales, reducir la inflación y recuperar el crecimiento.
Los recursos estarán destinados principalmente a respaldar la balanza de pagos y las reservas internacionales. No financiarán la subvención a los combustibles ni podrán cubrir directamente el gasto corriente del Estado.
Algo más de tres meses para el cambio
La medida más sensible llegará en enero de 2027. El Memorando de Políticas Económicas y Financieras establece que los precios de los combustibles deberán alcanzar niveles que permitan recuperar sus costos. El Presupuesto General del Estado de 2027 tampoco deberá contemplar recursos del Tesoro ni de las empresas públicas para subvencionar gasolina y diésel.
El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, confirmó el calendario. “Esperemos que hasta fin de año ya no se tenga esta subvención regresiva”, declaró. Según la autoridad, el beneficio favoreció en mayor proporción a quienes tienen más recursos y será retirado gradualmente, tomando en cuenta los precios internacionales.
Navarro recordó que el proceso comenzó con los precios de Bs 6,96 para la gasolina y Bs 9,80 para el diésel y continuó con la aplicación de valores diferenciados para determinados consumidores. El Gobierno calcula que sostener la subvención demanda cerca de $us 60 millones por semana.
La eliminación no alcanzará a todos los subsidios. “A los servicios básicos y el gas de garrafa no se va a quitar la subvención”, precisó el viceministro.
En los hechos, el Ejecutivo dispone de algo más de tres meses para definir los nuevos precios y preparar medidas que amortigüen sus efectos sobre el transporte, la producción y el costo de vida.
Paz anticipa decisiones difíciles
El presidente Rodrigo Paz anticipó este viernes, durante un acto en la refinería Guillermo Elder Bell, en Santa Cruz, que se aproxima una etapa de definiciones.
“En los siguientes días tendremos que tomar decisiones”, afirmó. Más adelante admitió que algunas serán “difíciles” debido al comportamiento de los precios internacionales.
El mandatario resumió la orientación que pretende dar a los recursos públicos con una frase: “Prefiero invertir en refinación que en subvención”. Sostuvo que el dinero destinado a mantener artificialmente bajos los precios podría utilizarse para potenciar refinerías y financiar carreteras, hospitales, colegios, salud y educación.
Paz también defendió el acuerdo con el FMI. Explicó que los recursos no serán entregados para gastarlos libremente, sino para “estabilizar, fortalecer y desarrollar” la economía boliviana.
El escudo social todavía debe construirse
El retiro de la subvención deberá combinarse con programas de contención social. El Gobierno asumió el compromiso de ampliar la asistencia dirigida a los hogares vulnerables y respetar un piso mínimo de gasto sometido al seguimiento del FMI.
El programa establece un gasto acumulado de al menos Bs 9.300 millones en asistencia social hasta diciembre de 2026. También dispone que el Ejecutivo presente hasta marzo de 2027 el marco legal para crear un registro social unificado.
Ese sistema deberá integrar las principales bases de datos públicas e identificar a las familias que necesitarán compensaciones por el aumento de los combustibles y la liberación de otros precios.
Todavía falta definir cuánto recibirá cada hogar, qué beneficios serán ampliados y quiénes podrán acceder a ellos. Esa precisión será determinante: la protección social deberá estar funcionando cuando comience el ajuste, no después de que sus efectos lleguen a los precios.
Déficit, reservas y gasto público
El ministro de Economía, Christian Morales, explicó que el programa busca reconstruir las reservas y reducir progresivamente el déficit fiscal.
La meta oficial es elevar las reservas internacionales netas desde aproximadamente $us 3.170 millones hasta $us 5.940 millones al cierre de 2026. De acuerdo con Morales, los activos líquidos disponibles representan actualmente apenas $us 52 millones.
El Gobierno también proyecta reducir el déficit fiscal desde un estimado de 9,1% del PIB en 2026 a 6,4% en 2027 y 3,8% en 2028. El programa completo plantea un ajuste equivalente a aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029.
Para alcanzar esas metas, el Ejecutivo deberá contener la masa salarial estatal, revisar inversiones públicas consideradas ineficientes, reducir el gasto corriente y reestructurar las empresas públicas que no sean sostenibles.
Otra obligación será cerrar el financiamiento directo del Banco Central al sector público, una práctica utilizada durante los últimos años para cubrir parte del déficit mediante la expansión monetaria.
Dólar y sistema financiero
Bolivia también deberá avanzar hacia un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado, fortalecer la autonomía del Banco Central y acumular reservas internacionales.
El programa contempla revisar los límites a las tasas de interés y los cupos obligatorios de crédito. Estos cambios pueden modificar las condiciones bajo las cuales los bancos prestan dinero a familias, productores y empresas.
Las metas serán revisadas cada tres meses. El FMI evaluará, entre otros indicadores, el déficit fiscal, las reservas, la emisión monetaria, el crédito del Banco Central al sector público y el gasto destinado a protección social.
La puerta a otros créditos
El acuerdo puede facilitar la gestión de más de $us 5.000 millones adicionales con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF y otras instituciones financieras multilaterales.
No todo ese financiamiento será de libre disponibilidad. Una parte podría destinarse a apoyo presupuestario y otra estará vinculada a proyectos y reformas específicas. Cada crédito tendrá sus propias condiciones y deberá negociarse y aprobarse por separado.
El respaldo internacional dará al Gobierno un margen para estabilizar la economía, pero no sustituirá las reformas. El desafío inmediato será desmontar una subvención que durante años contuvo los precios y, al mismo tiempo, impedir que el ajuste empuje a más familias hacia la pobreza.
El propio Gobierno admite que vienen decisiones difíciles. Ahora deberá demostrar que puede ordenar la economía, retirar gradualmente la subvención y construir a tiempo una protección efectiva para quienes tienen menos.