Liliana Carrillo V. / ERBOL
Ha comenzado la redacción del anteproyecto de ley del Código de Minería, según anunció el Gobierno. Es el siguiente paso tras la Cumbre Nacional de Minería, que se desarrolló la última semana de julio entre tropiezos y sin todos los sectores involucrados. El encuentro derivó en reuniones sectoriales, sin plenaria, y expuso profundas fisuras y disidencias.
Fuente: ERBOL
¿Qué se puede esperar del nuevo Código Minero? Para el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, la norma debería establecer las bases legales, ambientales y sociales del sector: “Queremos un Código Minero que responda a las necesidades actuales, genere seguridad jurídica y establezca reglas claras para acompañar el desarrollo de la minería boliviana”, sostuvo. No obstante, el proyecto se enfrenta a la posición de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), pueblos indígenas y defensores ambientales, entre otros, que no participaron en la Cumbre.
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“Al final, creemos que lo que va a salir será un proyecto de ley resultado solo de un diálogo de actores mineros, sin intención de involucrar a otros sectores que deberían ser considerados en la discusión: el caso de la sociedad civil, el caso de indígenas, el caso de la academia, el caso de la cooperación extranjera, incluso de los municipios”, resume el experto en minería Alfredo Zaconeta.
La Cumbre dinamitada
La minería boliviana, histórica columna vertebral de la economía nacional, vive un momento crucial. Por un lado, crece la demanda internacional de recursos minerales que el país posee; pero, por otro, el sector padece por la falta de inversiones, el crecimiento de la minería ilegal ante el boom del oro, el incumplimiento de las normativas ambientales y los conflictos sociales ante el debilitamiento de las entidades estatales. Urge una norma que actualice la Ley de Minería y metalurgia, vigente desde 2014, a la realidad nacional.
En este entendido, y acorde a su promesa electoral de “fortalecer del marco normativo y seguridad jurídica para la inversión minera”, el gobierno de Rodrigo Paz inició en diciembre de 2025 el proceso general con reuniones sectoriales para definir ejes temáticos de la Cumbre prevista para el 22, 23 y 24 de julio. No obstante, pronto aparecerían las grietas.
La primera fue la disputa y división de los cooperativistas. La Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) se opuso a la inclusión en la Cumbre de tres instituciones que desconoce: la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco R.L.), la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman L.P. R.L.) y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol). Estas, por su parte, exigen su reconocimiento como organizaciones independientes.
La víspera de la inauguración de la Cumbre, el ministro Calderón anunció el cambio de la modalidad del encuentro, no habría plenaria sino reuniones sectoriales. “Hay un pequeño roce entre algunos actores que estaban invitados y no queremos enfrentamientos. Tenemos que asegurar la seguridad de todos, tenemos que asegurar que todos se lleven en armonía, porque ese es el proceso de diálogo”, justificó.
La Fencomin se marginó del proceso, reivindicando la representatividad del sector. El ejecutivo de esta federación, Richard Caricari, acusó a los ministros de Minería y de Trabajo de ser los responsables de que “la Cumbre se caiga». “No nos pueden dividir, los tres actores de la minera —estatales, privados y cooperativas— debemos ser tratados por igual”, dijo el dirigente en conferencia de prensa.
En conjunto, las cooperativas generan el 58,1% de la producción minera del país y aportan el 0,2% de los impuestos, según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y del INE. De acuerdo del CEDLA, en dos décadas, las cooperativas se incrementaron de 850, en 2006, a 3.117, en 2025. De éstas, más del 70 % son auríferas, están concentradas en La Paz y cubren el 99 % del oro que se produce en Bolivia.
El segundo quiebre vino de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que también se marginó del evento. El 23 de julio, primer día de la Cumbre, tras de una reunión corta con el ministro Calderón, el ente sindical de los mineros sindicalizados se retiró solicitando mejoras en la organización. Posteriormente planteó la realización de una plenaria con la participación de todos los sectores.
Un mes después, el ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, calificó la cumbre como “un fracaso”. “Con esa su maldita Cumbre, que solamente la ha hecho sectorial, les ha hecho pelear a los compañeros cooperativistas. También nos quería engatusar a nosotros”, dijo. Y sus cuestionamientos escalaron hasta pedir la renuncia del ministro Calderón, acusándolo de obstaculizar los trámites de los contratos mineros de las empresas estatales y privadas legales, parcializarse con las cooperativas mineras auríferas ilegales y apoyar las actividades de las comercializadoras clandestinas.
“Vemos la parcialización del Gobierno y de esta cartera de Estado con el otro sector minero cooperativo aurífero, liberando áreas mineras y favoreciéndoles en todo sentido”, dice el pronunciamiento de la FSTMB del 26 de agosto. Según Paye, esa actitud responde a las observaciones que realizaron los mineros asalariados a la Cumbre. “De lo que le hemos observado, de eso se agarra (el ministro Calderón) … Hemos indicado con claridad que se retire, porque esa clase de autoridades no nos sirven, no aporta nada”.
La FSTMB aglutina a unos 15.000 trabajadores sindicalizados. Representa a los mineros que trabajan en empresas estatales de la COMIBOL, como Huanuni o Colquiri, y en minas privadas.
Indígenas excluidos y prensa restringida
Al retiro de las mayores federaciones de mineros sindicalizados y cooperativistas, se sumaron denuncias de Pueblos indígenas y defensores ambientales por su exclusión en la agenda de reuniones con el Gobierno.
Mediante un pronunciamiento, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) denunció: “El gobierno de Rodrigo Paz demuestra su poca capacidad y falta de visión de país, al impulsar un Código Minero de interés nacional, a espaldas del pueblo boliviano. Además de excluir de este diálogo a nuestros Pueblos Indígenas que somos víctimas de la contaminación con mercurio de la minería de oro cooperativizada y empresarial extranjera transnacional, así como a defensores ambientales tanto indígenas y de la sociedad civil”.
A Calderón también apuntaron las denuncias por obstaculizar el trabajo de los periodistas en la Cumbre Minera. “La ciudadanía tiene derecho a conocer qué se debate, quiénes participan, cuáles son las propuestas y qué decisiones se adoptan en torno a un sector estratégico para Bolivia. No se puede debatir de espaldas al país. Las políticas restrictivas de información y los criterios discrecionales de acreditación constituyen una vulneración de la libertad de prensa y del derecho de la sociedad a recibir información oportuna, plural y completa sobre asuntos de interés público”, sostiene un pronunciamiento de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP).
De contratos indefinidos a limitación de regiones
Al término de las reuniones sectoriales, la Cumbre Minera emitió las conclusiones de los seis ejes temáticos tratados: 1) Seguridad jurídica minera, 2) Contratos mineros, 3) Institucionalidad y organización del sector minero, 4) Medioambiente, 5) Comercialización, trazabilidad y minería ilegal; y 6) Desarrollo productivo, inversiones e incentivos.
Entre las principales resoluciones de la propuesta, destinada a reformular el Código Minero, destacan: Contratos indefinidos y aprobación “de facto”: Se plantea extender la vigencia de los contratos administrativos mineros de forma indefinida —eliminando el límite actual de 30 años—. Además que si el Congreso no aprueba las licencias en un plazo máximo de tres meses, el Ejecutivo emita una autorización transitoria automática para el inicio inmediato de operaciones.
Desregulación ambiental: Se propone eliminar la licencia ambiental como requisito previo para la adecuación de derechos mineros. Además, se propone la abrogación de la Ley 535 de Minería y la creación de una judicatura especializada.
Limitación a regiones: La propuesta exige reafirmar la minería como competencia privativa del nivel central del Estado, vetando la facultad de municipios y gobernaciones para declarar sus territorios libres de minería o imponer sanciones.
Ley del Oro: El documento aboga por impulsar una nueva ley específica para el sector del oro y por reestructurar entidades estatales como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Con estos y otros insumos desarrollará su trabajo la Mesa Técnica encargada de la redacción del Anteproyecto de Código Minero, según anunció el Ministerio sin dar los nombres de los especialistas que participarán en esta etapa. “Estamos avanzando sobre un proceso que ya tiene una base de diálogo y trabajo conjunto. Ahora corresponde dar un paso más y transformar ese esfuerzo en una propuesta normativa concreta”, afirmó el ministro Calderón.
No obstante, las propuestas ya generan cuestionamientos sobre su constitucionalidad, sus efectos ambientales y el peso que tendrán los intereses del sector aurífero en la nueva normativa.
Requena: “Varias conclusiones de la Cumbre son inconstitucionales»
Para la diputada Cecilia Requena, las conclusiones de la Cumbre Minera fueron el resultado predecible de un encuentro sesgado: “Convocaron solo a ellos, a actores sin sentido de responsabilidad que no se comprometen a nada”, asegura.
Respecto a los puntos aprobados —como la validación tácita de contratos no aprobados por el Congreso o el despojo de competencias ambientales a las alcaldías—, la legisladora es enfática: “Son propuestas inconstitucionales. ¿Con qué argumento un derecho minero privado va a estar por encima del derecho de un municipio a proteger la vertiente que provee de agua a su pueblo”, cuestiona.
Requena subraya el precedente de municipios como Palos Blancos o Alto Beni que buscan resguardar sus territorios mediante declaratorias ambientales locales: “El mensaje a los municipios es que pueden declarar áreas protegidas y la AJAM tiene que abstenerse de dar derechos mineros en esas áreas protegidas”.
La diputada alerta sobre el riesgo de la propuesta de levantar el aval legislativo en los contratos mineros. Destaca la contención de 19 contratos que no cumplían con los requisitos constitucionales ni ambientales en la pasada gestión del Parlamento. “Demostramos con un análisis muy riguroso, contrato por contrato, que no se podían aprobar porque eran inconstitucionales”.
Advierte sobre la necesidad de que la nueva normativa minera consigne claramente la protección del medio ambiente. “Cada vez que se dan más derechos mineros, se fortalece más a un sector que ya tiene un enorme poder económico, social y político. Las federaciones de mineros podrían perfectamente autorregularse y comprometerse a cumplir las normas ambientales, a dejar de usar mercurio, a hacer bien las consultas… Así como reclaman que se les dé facilidades, podrían comprometerse a algo tan elemental como cumplir la norma. Pero no, no se comprometen a nada»
Requena puntualiza que el nuevo Código Minero debe construirse con el trabajo en red de la sociedad civil. “De las mal llamadas cooperativas, no hay ni una sola que esté cumpliendo con la norma ambiental. Todas están contaminando impunemente fuentes de agua que van a ser críticas en el siglo XXI. Si algo vale oro, es el agua. Además necesitamos que los consumidores de oro se hagan cargo. Países como Suiza exigen trazabilidad, pero a otros a los que exportamos no les importa cómo se produce acá. Hay que exigirles medidas de trazabilidad para controlar esto que está descontrolado desde la demanda”, concluye.
Zaconeta: “Un proyecto que será un reducto de lo mismo»
Por su parte, el investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, considera que la Cumbre no logró articular una visión integral de Estado, limitándose a ceder terreno ante los intereses del sector cooperativista a cambio de réditos políticos de corto plazo.
“Lo que busca el sector cooperativo con la discusión de la nueva ley es modificar o romper el artículo 151 de la actual norma, que les prohíbe asociarse con capital privado. El Gobierno piensa que va a llegar inversión extranjera vía las cooperativas, que hoy detentan el 99% de la producción del oro. Pero en Bolivia tenemos un rezago geológico y nadie va a venir a invertir en algo que implica altos riesgos si no hay reglas claras”, explica.
Zaconeta considera que el Nuevo Código en construcción debería abordar temas urgentes. «Necesitamos una ley específica del oro que permita delinear su aprovechamiento, definir qué áreas sí y cuáles no se dedican a la minería, cómo se sustituye el mercurio y cómo se combate a las comercializadoras que financian operaciones”, ejemplifica.
Urge también, en opinión del experto, establecer una nueva caracterización de actores mineros que diferencie legalmente a las cooperativas de subsistencia de aquellas que operan con lógica e infraestructura empresarial. “Hay cooperativas con retroexcavadoras básicas y otras con personal en planilla, insumos de 40.000 litros de diésel y capital extranjero. Hay que trabajar en una nueva normativa para diferenciar estas y las que se identifiquen como empresas tendrán que pasar a ser empresas”.
En este marco, la norma debería reconocer además a la minería artesanal: “En Bolivia no hay una categorización de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE). El comunario que sale a barranquear no está reconocido por la norma, es desplazado de su territorio y no puede comercializar legalmente su producción”, puntualiza.
La construcción de la norma, finalmente, debe ser inclusiva y transparente. “Si seguimos con la mirada miope de ver la minería solo como el generador de divisas o con cuánto se queda el Estado, estamos equivocados. Si no se incluye a los indígenas, a los afectados, a la academia, a las ONG, además de los actores mineros, lo que se a tener es una norma con mucha resistencia en el territorio”, concluye Zaconeta.
Fuente: ERBOL
