Johnny Nogales sostiene que el Gobierno debe pasar de explicar la herencia del MAS a apurar las reformas que bolivia reclama.
Por Pablo Deheza
A diez meses de la posesión de Rodrigo Paz, las leyes sectoriales anunciadas desde el primer día, salvo la de Inversiones, no han sido remitidas a la Asamblea Legislativa. De aquellas llamadas a transformar las reglas para hidrocarburos, minería, electricidad y otras áreas estratégicas, no se conocen ni los borradores. La reforma constitucional no pasa del anuncio y las alianzas que llevaron a Paz a la presidencia se han ido deshaciendo una a una. Mientras tanto, el gobierno acaba de ampliar el estado de excepción por otros noventa días, en momentos en que se conoce que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige, desde enero de 2027, levantar el subsidio a los combustibles. El abogado y analista político Johnny Nogales Viruez conversó en exclusiva con Animal Político, de La Razón, sobre esta acumulación de plazos vencidos y las urgencias del país.
Nogales Viruez, columnista habitual sobre la crisis institucional boliviana y crítico de larga data de la Constitución de 2009 —a la que describe desde hace años como «el dogal que mantiene al país atado a la estructura estatista del socialismo del siglo XXI»—, participó además esta semana en un foro sobre las irregularidades que rodearon la aprobación de esa Constitución. Sin concesiones con el legado del MAS como con el desempeño del actual gobierno, su diagnóstico es tan duro con el pasado como con el presente.
Diez meses después
Consultado sobre el contraste entre la velocidad de otros procesos de ajuste previos —Víctor Paz Estenssoro firmó el decreto 21060 a los 23 días de asumir, en 1985; Fujimori lanzó su shock a los diez días de ser investido, en 1990— y los diez meses transcurridos sin las leyes estructurales prometidas, Nogales fue directo. «Todavía existe, particularmente en el discurso de los ministros que escucho a través de los medios, el tema de la herencia que han recibido del Movimiento al Socialismo. Y, por supuesto, nadie sensato puede negar que esa herencia fue producto de veinte años de deterioro económico e institucional… Pero una cosa es explicar de dónde vienen los problemas y otra, muy distinta, es explicar por qué no se los está resolviendo. Han transcurrido diez meses. La herencia puede explicar el punto de partida, pero no puede convertirse en el programa de gobierno”.
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Para el analista, la pregunta relevante ya no es de responsabilidades históricas. «Más allá de saber quién causó la crisis —todos sabemos quién la causó—, la pregunta es si el actual gobierno tiene la capacidad política, económica y administrativa para resolverla. El estado de excepción puede comprar tiempo, la denuncia de los veinte años puede explicar el pasado, el origen, la causa. Pero ninguna de esas cosas sustituye la obligación fundamental de un gobierno, que es resolver los problemas del presente y, por supuesto, preparar el país para lo que viene”.
El atasco sin acuerdo político
Sobre la ausencia de las leyes sectoriales pese al 87 % de representación parlamentaria que, según cálculos del propio Rodrigo Paz, se opone a la herencia del MAS, Nogales sostiene que la fórmula técnica del ajuste nunca fue el problema. «No hace falta consultar a ningún oráculo… para saber lo que Bolivia debe hacer. La crisis y sus remedios han sido ampliamente debatidos durante la campaña electoral: reducir el déficit fiscal, suspender los subsidios ciegos, terminar con el financiamiento del Banco Central al gobierno, recuperar la producción, cerrar las empresas estatales que solo acumulan pérdidas. La fórmula es conocida”.
Lo que falta, dice, es otra cosa: un liderazgo que inspire, «un plan comprensivo, estructural, que no se trate de dictar medidas inconexas». Además de un equipo ministerial con credibilidad propia y, sobre todo, «una cosa que se tuvo en 1985 y que ahora no se tiene: el acuerdo político. No importa tener el 87 % o el 90 % de gente que podría ser afín a un modelo de libertad política y económica. Lamentablemente hay una fragmentación de la representación ciudadana a través de los partidos políticos”.
La pesada herencia
Esa fragmentación, sostiene, no es casual. La atribuye a la propia Constitución de 2009, que «quitó la exclusividad de la representación política a los ciudadanos a través de los partidos y se la otorgó también a los movimientos sociales… precisamente para desvirtuar y debilitar a los partidos políticos». Esto dio lugar a lo que llama «alianzas espurias» sin línea política ni ideales compartidos. Es el caso, dice, del propio Partido Demócrata Cristiano que llevó a Rodrigo Paz a la presidencia.
Nogales aprovechó además para lanzar una advertencia sobre quienes ahora cuestionan el acuerdo con el FMI. «Quienes nos condujeron durante veinte años a esta debacle, quienes malversaron, malbarataron y dilapidaron nuestros recursos, y en gran medida también cometieron latrocinio —latrocinio viene de ‘latro’, que significa ladrón, y es el robo de la cosa pública—, han corrido a disfrazarse de patriotas. Incluso han llegado a decir que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una traición a la patria. Esta es, realmente, una desvergüenza total”.
La reforma constitucional
Sobre las reformas a la Constitución —minimalistas y quirúrgicas como sugieren algunas voces o más ambiciosas, como la de 111 artículos que plantea Tuto Quiroga— Nogales fue categórico. Desde su perspectiva, ninguna ley nueva alcanza mientras siga en pie la norma marco. «Las nuevas leyes que se han planteado van a poder, de alguna manera, modificar procedimientos, pero no van a poder ir por encima de la Constitución Política del Estado. Y eso, lo saben los inversionistas: ninguna ley puede darles más garantías que la ley marco”.
Sobre la propuesta de modificar 111 de los 411 artículos vigentes, advirtió que «muchos de ellos pueden significar cambios de derechos o de bases fundamentales del Estado. Eso ya exige una Asamblea Constituyente». Con todo, «una Constitución, por más que se le cambien cien artículos, puede terminar con un cambio cosmético, de maquillaje, pero seguir siendo la misma Constitución de naturaleza estatista. Porque una Constitución posee, como he dicho siempre, una lógica, un espíritu, una concepción del poder. Y creo que eso es precisamente lo que hay que cambiar”.
La brecha en inversiones
De ese espíritu estatista, Nogales destaca el costo económico concreto: 67 empresas estatales de las cuales, según informes oficiales, solo unas cuantas son rentables. «Y hasta en esas tengo ciertos reparos, porque si usted invierte 100 millones de dólares y gana 100 mil dólares, eso no es ganar dinero», remarca.
Reclama también por una autonomía departamental proclamada pero nunca aplicada. «Porque el MAS ha centralizado tanto las competencias como los recursos”. A eso suma el obstáculo concreto para atraer capitales: la prohibición constitucional de recurrir a arbitraje internacional. Esto remite toda controversia a «una justicia boliviana que está tan venida a menos». Agrega que «no se le puede pedir a nadie que venga a traer su dinero y sus recursos» en esas condiciones”. Esta limitación ayuda a explicar por qué Bolivia captó apenas $us 625 millones de inversión extranjera directa en 2025. El dato contrasta fuertemente con los más de $us 16.000 millones que se proyectan para Perú en 2026.
Un gobierno que se desgasta
Pasada la luna de miel, Nogales describe un Ejecutivo que ha perdido aliados en vez de sumarlos. Hace una relectura reveladora sobre cómo Rodrigo Paz llegó al poder. Fue, dice, resultado de una estrategia de campaña ajena que «pintó de azul» a otros candidatos, del apoyo posterior de Doria Medina y hasta del voto del propio electorado del MAS en el balotaje, «porque lo consideraban el mal menor». De ahí que, para Nogales, muchos ciudadanos —decepcionados tras diez meses— sigan sosteniendo al gobierno no por convicción sino por temor a la alternativa: «Piensan que el señor Lara podría ser un peor gobernante que Rodrigo Paz. Piensan que, si se rearticula el Movimiento al Socialismo, podríamos retornar a la situación de 2019». Cita el fracaso del gobierno de Jeanine Áñez, que le devolvió oxígeno electoral al MAS en 2020.
A esa erosión política se suman los escándalos sin resolver: «No sabemos quiénes son los dueños de casi 200 kilos de oro ni qué querían hacer con ellos. No sabemos qué contenían las 32 maletas de Viru Viru, cuyo dueño hasta este momento no conocemos. Podían tener cualquier cosa”. Y el episodio que, según Nogales, más daño causó a la credibilidad presidencial: la «gasolina basura» que siguió al ajuste de precios de los carburantes. Desde su mirada «el menos culpable de todos es el exministro de Hidrocarburos (Mauricio Medinacelli), que es el único que está preso», mientras «todos los demás que participaron en ese daño están libres”.
Más estado de excepción
La entrevista abordó también la ampliación del estado de sitio por otros noventa días, que Nogales lee con escepticismo. «Mientras el vocero decía que se habían cumplido los objetivos del estado de excepción, él mismo afirmó luego que continuaban los factores esenciales que habían motivado la convulsión de mayo y junio… y que todavía representaban una amenaza”. Esa contradicción, sostiene, admite una lectura crítica. «Después de noventa días de tener el Estado las facultades excepcionales que se le otorgaron, las causas que llevaron adelante el estado de excepción todavía permanecen. Eso quiere decir que, lamentablemente, no se avanzó mucho durante estos tres meses para resolverlas”. Y advierte sobre los límites de la herramienta. «Un estado de excepción puede despejar carreteras, pero no puede producir combustible, no puede conseguir dólares, no reemplaza una política energética”.
El calendario, afirma, no da tregua. La ampliación se extiende hasta diciembre, pero en enero de 2027 el acuerdo con el FMI obliga a que los combustibles alcancen precios de recuperación de costos, sin presupuesto ya destinado al subsidio. «No tendría mucho sentido llegar hasta diciembre y volver a escuchar que todavía permanecen esos factores esenciales», dice. Y deja planteada una pregunta que atraviesa todo el diálogo: ¿qué va a pasar el día después de que se acabe la ampliación?
Tempus fugit
Para Nogales, el reloj corre sobre una base social que no admite más demoras. «Más de cinco millones de habitantes bolivianos están en la pobreza, y casi dos millones están bajo la línea de la pobreza extrema. Personas que, cuando se levantan, no saben si ese día van a poder comer o no”. Por eso insiste en el precedente de 1985, cuando la alianza entre el MNR y ADN «tuvo en cuenta el impacto social y se estableció un fondo social de emergencia, precisamente para que el impacto de las medidas fuera menor para las clases más desposeídas». Un instrumento que, advierte, el actual proceso de ajuste todavía no tiene.
Pese al desgaste, el expresa su deseo de que le vaya bien al actual gobierno. «Quienes de alguna manera señalamos algunos errores del gobierno, para que pueda enmendarlos, somos los que queremos que tenga éxito. Queremos que no fracase este gobierno, porque eso sería un fracaso para el país entero”. Pero el margen, subraya, se agota. «Esta es una última oportunidad que tiene el gobierno del presidente Rodrigo Paz, y ojalá la pueda aprovechar adecuadamente. No va a ser fácil… tenemos un polvorín en el país que puede explotar en cualquier momento”, concluye.
Fuente: La Razón
