Por Ricardo V. Paz Ballivián
El derecho a manifestarse públicamente es una garantía fundamental que sostiene a cualquier régimen democrático real. Funciona como la válvula de escape de la presión social, permitiendo a la ciudadanía visibilizar demandas legítimas, increpar al poder y exigir el cumplimiento de la ley. Sin embargo, en la práctica política boliviana este mecanismo se ha distorsionado de forma severa. El bloqueo de carreteras y calles no es una extensión de la protesta, sino una medida coercitiva que anula los derechos básicos de la mayoría y termina ensañándose contra los sectores más postergados de la población.
Luego de sufrir los efectos devastadores de 53 días de parálisis en los meses pasados, el país vuelve a enfrentarse a la amenaza de nuevos cercos como respuesta a la eliminación de la subvención estatal al diésel. Más allá del debate estrictamente económico sobre la sostenibilidad de esa medida fiscal, la herramienta elegida para rechazarla exige una revisión conceptual profunda desde la sociología y el análisis político.
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En su célebre tratado sobre el suicidio, Émile Durkheim identificó una variante particular de autodestrucción en la que el individuo no actúa impulsado por la desesperanza pura, sino por el deseo deliberado de infligir un castigo o un costo moral a otra persona. Es la lógica de quien se inflige un daño severo con el único fin de perturbar al antagonista. El bloqueo de caminos en Bolivia opera exactamente bajo esta premisa.
Los sectores que acatan y sostienen estas medidas, en su inmensa mayoría campesinos, pequeños productores agrícolas, choferes independientes y trabajadores del sector informal, terminan destruyendo sus propios medios de vida. Ven pudrirse sus cosechas en las carreteras, pierden sus exiguos capitales de trabajo y ahondan su precariedad, todo bajo la consigna de asfixiar al gobierno o doblegar al Estado. Se trata de una lógica punitiva donde la víctima acepta su propia ruina económica presente con la ilusión de que ese sacrificio provocará la caída o la rendición del adversario político.
El resultado de este cálculo es profundamente desigual. Mientras la dirigencia sindical y las élites políticas que convocan a la medida operan a resguardo, protegidas por sus cuotas de poder o sus redes de contención económica, las consecuencias catastróficas las pagan los sectores más humildes. Los 53 días de desabastecimiento vividos recientemente no afectaron la calidad de vida ni el patrimonio de la clase política formal, ni de las dirigencias de las corporaciones sindicales. Desarticularon el trabajo del agricultor que no pudo llevar su producción al mercado, encarecieron la canasta familiar y empujaron a la quiebra a miles de familias que dependen del ingreso diario para subsistir.
Reiterar este método de presión frente al ajuste del precio del diésel no representa una gesta de resistencia popular, sino un ejercicio de empobrecimiento sistemático dirigido contra los propios bloqueadores y contra la clase trabajadora en general.
Un Estado de derecho no puede funcionar si la manifestación de un grupo exige la anulación lisa y llana de las garantías de los demás. Ninguna reivindicación socioeconómica, por justa que pretenda ser en su origen, tiene la jerarquía ética para privar a la ciudadanía del derecho a la circulación, a la atención médica, al abastecimiento y al trabajo. La movilización ciudadana debe expresarse a través de marchas, huelgas, concentraciones y el debate público, jamás mediante el secuestro del libre tránsito del territorio nacional.
Bolivia necesita romper definitivamente este bucle destructivo. Exigir el respeto al derecho a la protesta es una obligación para mantener la fiscalización ciudadana sobre el poder político, pero esa postura debe desmarcarse con absoluta firmeza de la práctica del bloqueo y la coacción violenta. Protesta sí, porque la democracia requiere voces críticas y calles abiertas para la expresión libre; suicidio social no, porque ningún proyecto de sociedad puede construirse arruinando la vida de los más desposeídos en nombre de una causa que termina destruyendo a quienes dice defender.