MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
Matar el cordón ecológico de Santa Cruz es matarnos a todos. El atentado perpetrado contra el pulmón de la ciudad no es un simple error administrativo, es una acción criminal que pone en jaque a la región y nos expone directamente a una catástrofe.
Las recientes inspecciones conjuntas realizadas por la Subgobernación de la provincia Andrés Ibáñez y el gobierno municipal han sacado a la luz una herida inaceptable: la tala ilegal de 44.5 hectáreas de bosque en zonas de protección estratégica, extendiéndose peligrosamente hasta las riberas del río Piraí. Este crimen ambiental, ejecutado en la clandestinidad y con un desprecio absoluto por el bienestar colectivo, no es solo un golpe a la flora y la fauna; es una amenaza directa a la seguridad física, hídrica y social de toda la ciudadanía cruceña.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los cordones ecológicos y los bosques protectores no son terrenos baldíos ni fichas de cambio para el lucro de avasalladores y mafias de tráfico de tierras. Son la esponja natural que frena las riadas, el escudo que resguarda la infraestructura urbana de desastres mayores y el refugio que mitiga las inclemencias climáticas. Permitir que se arrase con hectáreas enteras bajo el manto de la impunidad y «sin conocer» a los autores materiales es abrirle la puerta de par en par a una tragedia urbana anunciada.
Frente a este ecocidio, la indignación pasiva ya no sirve. Santa Cruz exige una respuesta drástica y una acción inmediata fundamentada en tres frentes:
Primero, control territorial implacable para frenar la destrucción de inmediato mediante patrullajes permanentes, uso de drones y vigilancia satelital estricta para clausurar cualquier intento de avance ilegal sobre las áreas protegidas.
Segundo, reforestación urgente y técnica para restaurar la cobertura boscosa intervenida —próxima a zonas críticas como el final de la Radial 26— para devolverle el escudo natural a los barrios y blindarlos frente a desastres.
Tercero, cero impunidad y castigo real para exigir una investigación a fondo que alcance no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales, cómplices y funcionarios que por acción u omisión facilitaron el ilícito. La justicia debe dictar condenas ejemplarizadoras: atentar contra la vida de los cruceños se paga con cárcel.
Los ciudadanos no podemos mirar hacia otro lado. La defensa del río Piraí y de nuestras áreas estratégicas es, en esencia, la defensa de nuestro hogar y del futuro de las próximas generaciones. Si las instituciones y la sociedad civil no nos movilizamos hoy en un solo bloque, mañana lamentaremos tragedias que pudieron evitarse. ¡Basta de tolerancia con los destructores! El momento de actuar con rigor es ahora.