Fuente: Infobae
(Con información de AP)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una respuesta internacional coordinada contra el crimen organizado transnacional, al sostener que las redes delictivas ya cooperan entre países con mayor eficacia que los Estados.
“Ningún Estado derrota solo un enemigo que no reconoce fronteras”, afirmó Noboa durante su intervención en Nueva York. El mandatario planteó que las rutas del narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la minería ilegal atraviesan varios países y exigen una acción conjunta de gobiernos, policías, fiscalías y organismos internacionales.
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Noboa calificó de “inadmisible” que las organizaciones criminales logren coordinarse por encima de las fronteras mientras los países mantienen respuestas aisladas. “Los criminales ya globalizaron su cooperación”, dijo, y reclamó que la comunidad internacional construya mecanismos para anticiparse a las operaciones de las mafias.
Ante esto, el jefe de Estado ecuatoriano presentó tres medidas para enfrentar a las estructuras criminales que operan en distintos territorios. La primera consiste en crear, dentro de las Naciones Unidas, un mecanismo internacional destinado a rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado.
La segunda propuesta apunta a establecer una plataforma permanente de intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera. El objetivo, según explicó, es facilitar el cruce de datos y permitir que los Estados detecten movimientos de las organizaciones antes de que concreten delitos.
Como tercera medida, Noboa solicitó que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad para la prevención de conflictos. El presidente pidió que el organismo cuente con herramientas para responder con mayor rapidez a los Estados que requieran cooperación, con menos trámites burocráticos y resultados verificables.
“No pedimos que otros actúen en lugar de los Estados, pedimos cooperación solicitada con pleno respeto a la soberanía de cada nación y con resultados que se puedan medir”, manifestó el mandatario ecuatoriano.
Durante su discurso, Noboa señaló que el crimen organizado dejó de ser únicamente un problema policial o interno de cada país. Indicó que las bandas tomaron control de territorios, penetraron instituciones y debilitaron la autoridad estatal en distintas zonas de América Latina.
“Durante mucho tiempo se trató al crimen organizado como un problema policial. Hoy sabemos que es más que eso. Cuando controla territorios y penetra instituciones, sustituye a la autoridad legítima, erosiona el Estado de derecho y desestabiliza sociedades enteras”, dijo.
El presidente remarcó que esa expansión convirtió a las mafias en una amenaza para la paz y la seguridad internacional. También mencionó el impacto de estas estructuras sobre el ambiente y citó como ejemplos la pesca ilegal cerca de las Islas Galápagos y la destrucción de áreas de la Amazonía por la minería ilegal.
“Las armas que llegan a nuestras calles cruzaron varios países, el dinero que financia a las mafias se lava lejos de donde se comete el crimen”, expresó Noboa. Además, añadió que las redes de narcotráfico, trata de personas y extracción minera clandestina utilizan circuitos financieros y logísticos que atraviesan continentes.
Ecuador registró un aumento de la violencia desde 2021, en medio de disputas entre bandas locales vinculadas con organizaciones de Colombia y México por rutas de salida de droga. Ese escenario provocó un incremento de homicidios, secuestros, extorsiones y ataques armados.
Noboa asumió la Presidencia a fines de 2023, luego de que Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. Desde entonces, su Gobierno desplegó a las Fuerzas Armadas junto con la Policía en tareas de seguridad interna, extendió estados de excepción y avanzó con planes para construir una megacárcel.
En 2024, el mandatario declaró un conflicto armado interno contra una veintena de grupos criminales, a los que su administración clasificó como organizaciones terroristas. La estrategia incluyó operativos militares, controles en centros penitenciarios y cooperación con Estados Unidos en materia de entrenamiento, inteligencia y equipamiento.
