Afirman que las empresas públicas constituidas durante los gobiernos del MAS fueron un botín político, enfocado en beneficiar con fuentes de empleo a su militancia y sus aliados. Dirigencia sindical y exautoridades “masistas” fueron las únicas que se beneficiaron con negociados alrededor de las empresas estatales, por lo que la única forma de terminar con la afectación al Estado es con un cierre definitivo. Exigen que junto al proceso de reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas, se avance en todas las investigaciones para establecer responsabilidades en exautoridades y funcionarios que impulsaron la creación de estas entidades.
Fuente: El Diario
Tras la determinación del Gobierno para iniciar un proceso de reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas deficitarias, el diputado por la alianza Libre, Edgar Zegarra, afirmó que las entidades estatales creadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), nacieron muertas debido a que su origen es el cálculo político, la falta de planificación y los negociados con la dirigencia sindical.
En criterio de Zegarra, lo único que actualmente generan las empresas creadas durante los gobiernos del MAS es un déficit económico que cada día hunde más a la economía nacional y ahonda la crisis que afecta a toda la población.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Hay empresas que han nacido muertas y solo son un gasto para el Tesoro General de la Nación (TGN), esas empresas deberían desaparecer porque lo único que generan es déficit”, dijo.
El legislador representante del departamento de Potosí aseguró que los motivos para la constitución de aquellas empresas públicas que hoy son objeto de cuestionamientos, siempre fue político y enfocado en beneficiar con fuentes de empleo a la militancia del partido azul, a través de negociados entre la dirigencia sindical y las autoridades de turno, por lo que la única forma de terminar con esta afectación al Estado es mediante un cierre definitivo.
“Son empresas que simplemente han enriquecido los bolsillos de autoridades y dirigentes sindicales por eso han nacido sin un rol, sin un objetivo, sin un rumbo y carentes de una planificación adecuada que genere ingreso para el Estado boliviano”, explicó.
Según Zegarra, junto al proceso para el cierre de empresas públicas deficitarias deben avanzar todas las investigaciones para establecer responsabilidades en las exautoridades y funcionarios que impulsaron la creación de estas entidades, esto para que responsan ante la justicia por el daño provocado y se recuperen los recursos defraudados. “Hay mafias que se han enriquecido a costa del Estado”, finalizó.
Ayer, el Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5727, norma que establece medidas para la reorganización, disolución y/o liquidación de las Empresas Públicas del nivel central del Estado, declarando de prioridad ese proceso. Así, el nivel central acata el Artículo 6 de la Ley N° 1755, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, que abrió el proceso para mantener o no la vigencia y continuidad de empresas estatales.
El proceso se realizará a partir de un diagnóstico técnico efectuado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, el mismo que debe ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep) (ambas instancias técnicas creadas por la Ley de la Empresa Pública 466).
Asimismo, la Ley 1755, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026, estableció que el Coseep entregue en un plazo de un mes, a partir del 30 de agosto, los diagnósticos sobre el estado y viabilidad económica de las empresas estatales.
En el caso de que el diagnóstico del Coseep recomiende la reorganización de una empresa, el ministerio a cargo de la misma tiene un plazo de 15 días hábiles para proceder reorganizarla y mientras dure el proceso de reorganización, la empresa continúa trabajando con normalidad.
Si en cambio, el Coseep recomienda la disolución y/o liquidación de la empresa, el ministerio a cargo de la misma presentará al Ministerio de la Presidencia en un plazo máximo de 15 días hábiles, un proyecto de Decreto Supremo, o Anteproyecto de Ley de disolución o liquidación de la misma, según si la empresa fue creada por decreto o ley.
En este caso, el ministerio responsable de la empresa tiene dos días hábiles para notificar a los administradores de la misma, instruyendo su limitación en la toma decisiones administrativas, entre ellas: no podrán contraer nuevo endeudamiento, ni solicitar u obtener garantías o avales del Tesoro General de la Nación; ni enajenar, gravar, transferir o dar en uso a terceros activos fijos o inmuebles; tampoco suscribir contratos de bienes, obras o servicios cuya ejecución exceda la presente gestión 2026.
Paralelamente, tampoco podrán firmar nuevos contratos de inversión; incorporar nuevo personal permanente, salvo reemplazo indispensable para la continuidad operativa o la seguridad industrial. Asimismo, no podrán aprobar incrementos salariales, bonos o beneficios extraordinarios; ni condonar, castigar o reprogramar acreencias a su favor.
Para la disolución o liquidación, el proyecto de Decreto Supremo o Anteproyecto de Ley de disolución y/o liquidación debe identificar a la empresa, señalar bajo qué norma fue creada, que debe respaldarse en la ley 1755, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026 y en el DS 5727, y adjuntar la resolución del Coseep que aprueba el diagnóstico técnico de la OFEP.
Además, en esas normas, debe designarse la entidad liquidadora y sus atribuciones; el plazo de liquidación con hitos verificables; el tratamiento de activos, pasivos y garantías del TGN, e incluir una solicitud de información para determinar responsabilidades sobre la administración de la empresa. La determinación de responsabilidades se tramitará de forma paralela e independiente.
La disolución y/o liquidación no se suspenderá por investigaciones, auditorías o procesos administrativos de determinación de responsabilidades, y no se exime de responsabilidad a los servidores y exservidores públicos vinculados a su gestión. La entidad liquidadora deberá publicar en su portal institucional el estado de avance de las disoluciones y/o liquidaciones.
Los ministerios responsables de las empresas presentarán un informe semestral del proceso de reorganización, disolución y/o liquidación, también deben presentar un informe final al Órgano Ejecutivo, y éste lo debe derivar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El pasado 30 de julio, la ALP aprobó por más de dos tercios de votos la Ley 1755, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2026. El Artículo 6 de esta norma establece precisamente la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas.
Al inicio de la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, el ministerio de la Presidencia informó de al menos 14 empresas estatales que el masismo manejaba como producto del presunto éxito de su Modelo Económico Social Comunitario Productivo, entre ellas se encontraban: YLB, Mutún, BoA, Emapa, Quipus, EBA, Easba, Yacana y Editorial del Estado.
En ese momento, el nuevo gobierno reveló que los expresidentes Evo Morales y Luis Arce gastaron 7.750 millones de dólares para su mantención, usando la mitad de las Reservas Internacionales que administraba el Banco Central de Bolivia (BCB) para sostener 45 empresas nuevas y 22 subsidiarias. De todo ese dinero se recuperó solo el 18%; mientras que el 82% restante ($us 6.000 millones) prácticamente no eran recuperables.
El proceso de dilapidación continuó luego con el expresidente Arce, que lo bautizó como programa de “industrialización con sustitución de importaciones”, del cual, en 2025 (año electoral) la inauguración de plantas industriales abarcó biocombustibles, construcción, manufactura, fertilizantes, agroindustria, insumos, industria farmacéutica, litio, minería, química básica y alimentos. Una de las últimas en instalarse fue la planta procesadora de papas que produce desde papas fritas en snack hasta las papas congeladas listas para freír, con costos mayores a otros productos incluso importados.
En 2006, al inicio de los gobiernos del MAS, había nueve empresas públicas, entre ellas YPFB, Comibol y ENDE y, transcurridos 20 años hasta 2025, llegaron a crearse 67 empresas; sin embargo, las únicas rentables siempre fueron las tres mencionadas, que ya prestaban sus servicios antes de la llegada del “masismo” al poder.
Fuente: El Diario
