El sector señaló que no busca privilegios, sino reglas claras y condiciones que permitan ejecutar los contratos.
El sector de la construcción con pérdidas. Foto: ABI
Fuente: La Razón
Por Boris Góngora
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La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) advirtió que la caída de su Producto Interno Bruto (PIB) al 27,3% durante el primer semestre de 2026 pone en riesgo la continuidad de proyectos, la sostenibilidad de las empresas y el cumplimiento de contratos de obra pública.
De acuerdo con el sector, el dato está consignado en el “Reporte de Inflación y Política Monetaria” del Banco Central de Bolivia (BCB), publicado en agosto, y refleja una de las mayores contracciones entre las actividades productivas del país.
“Este deterioro es resultado de varios factores que acumulan y se agravan entre sí: el incremento de los costos de construcción, las dificultades para acceder a divisas, problemas de flujo financiero, retrasos en los pagos y la falta de aplicación efectiva de los mecanismos de reajuste de precios vigentes”, señala la institución.
A esos factores, suma el retiro de la subvención al diésel, cuyo precio pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro, lo que, según señaló, representa un incremento del 83%, que tiene un impacto directo en los costos de ejecución de las obras que las empresas constructoras no pueden absorber por sí solas.
Ante este escenario, Caboco solicitó al presidente Rodrigo Paz y a los ministros vinculados al sector una reunión urgente para abordar la situación y establecer una agenda de trabajo con medidas concretas.
Entre sus principales demandas, están la aplicación de mecanismos de reajuste de precios para restablecer el equilibrio económico-financiero de los contratos de obra pública actualmente en ejecución.
El sector también pidió acelerar la mesa de trabajo instalada con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Producción Sostenible con el objetivo de impulsar un nuevo decreto supremo de reajuste de precios que sustituya y actualice la normativa vigente.
Asimismo, solicitó la incorporación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a estas mesas de trabajo para agilizar la aplicación de las medidas y atender los problemas financieros que afectan a las empresas constructoras.
Cabocó planteó además fortalecer la participación de empresas constructoras nacionales, estructurar proyectos de gran envergadura en paquetes independientes cuando las características técnicas lo permitan y crear un fondo de compensación de recursos que incluya mecanismos de crédito para garantizar la continuidad de las obras.
El sector señaló que no busca privilegios, sino reglas claras y condiciones que permitan ejecutar los contratos de manera técnica y económicamente sostenible.
“Queremos que la obra pública se reactive y continúe, con el Estado y el sector privado trabajando juntos para lograrlo”, señala el comunicado.
Caboco y las Cámaras Departamentales de la Construcción solicitaron al Gobierno una respuesta rápida y una agenda concreta de trabajo, al considerar que la situación económica del sector requiere decisiones inmediatas para evitar la paralización de obras, el cierre de empresas y la pérdida de empleos.