El paro del transporte, los plazos regionales y la convocatoria a movilizaciones ponen a prueba la estrategia de diálogo y control del Ejecutivo.
AMpliado de Evo Pueblo en Lauca Ñ, Cochabamba. Foto: Evo Morales
El Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta una semana marcada por la presión de distintos sectores, con demandas vinculadas al precio del diésel, la distribución de recursos y nuevas convocatorias de movilización por parte del evismo.
El escenario se desarrolla mientras permanece vigente el Estado de Excepción, ampliado por la Asamblea Legislativa por otros 90 días, hasta diciembre. La administración de Paz tiene el desafío de equilibrar la aplicación de esa medida con su estrategia de diálogo para contener las protestas y evitar.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las mesas de diálogo continuarán, pero advirtió que no se permitirán bloqueos. “Hay un desplazamiento de la Policía y de las Fuerzas Armadas, no se van a permitir los bloqueos”, señaló.
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La advertencia cobra relevancia ante el paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia para este lunes 28 de septiembre, en rechazo al retiro de la subvención al diésel.
Aunque varias organizaciones se desmarcaron de la medida, el transporte urbano de Santa Cruz ratificó el paro y anunció una marcha. El sector cuestiona el nuevo precio del diésel, fijado en Bs 17,95, y demanda soluciones sostenibles.
Por su parte, el vocero presidencial José Luis Gálvez pidió reconsiderar la protesta y priorizar el diálogo. “Que podamos evitar que se lleve adelante el paro del transporte anunciado para este lunes mediante el diálogo”, planteó.
Las regiones abren otro frente
A la presión del transporte se suma la agenda de los gobernadores. Seis de los nueve gobernadores se declararon en estado de alerta y fijaron el 31 de octubre como plazo para que el Gobierno atienda demandas relacionadas con el modelo 50/50.
La agenda incluye mayor distribución de recursos fiscales, compensaciones por el incremento del diésel, incorporación del costo real del combustible en el PGE 2027, devolución de recursos y avances en materia de autonomía financiera.
El reclamo introduce un frente institucional al conflicto económico, debido a que las gobernaciones buscan convertir el compromiso político del 50/50 en una redistribución efectiva de recursos y competencias.
A ello se suma el Comité Multisectorial, que dio al Gobierno un plazo de 15 días y advirtió con movilizaciones desde octubre. En Santa Cruz, la Asamblea de la Cruceñidad también fijó el 10 de octubre como fecha para evaluar respuestas sobre combustibles, seguridad, salud, educación y carreteras.
El factor político
El sábado, en un ampliado de Evo Pueblo en Lauca Ñ, Cochabamba, el expresidente Evo Morales dio plazo hasta el 3 de octubre para que el Gobierno abrogue el Decreto 5716, que precisamente retiró el subsidio al diésel, y anunció la preparación de movilizaciones desde el 13 de ese mes.
“Tenemos dos semanas para prepararnos”, afirmó en Lauca Ñ.
Al respecto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respondió: “Nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley”.
Así, el Ejecutivo plantea una fórmula que combina negociación para atender demandas y aplicación de la ley frente a bloqueos.
Las próximas semanas concentran varias fechas de presión: 28 de septiembre por el paro del transporte, 3 de octubre por el ultimátum de Morales, 10 de octubre por las demandas sociales y cívicas, y 31 de octubre por la agenda de los gobernadores.
El desafío para el Gobierno será administrar estos conflictos de manera simultánea, mantener abiertos los canales de negociación y garantizar la libre circulación sin profundizar la conflictividad política y social.
