Álvaro Riveros Tejada
Ante la insólita, como inverosímil noticia de que funcionarios chilenos se hayan, dado a la delincuencial tarea de incinerar el lote de las famosas narco maderas que ellos mismos incautaron y, ante la imposibilidad de dar con los 108.000 kilos. de cocaína supuestamente infiltrados al interior de éstas, por perversos narcos bolivianos; en un giro de los acontecimientos que dejaría a Sherlock Holmes pidiendo una jubilación anticipada, las autoridades chilenas han decidido que la mejor manera de probar la existencia de la “diosa blanca” en las entrañas de ese inocente maderamen de exportación, es simplemente, quemándola.
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El mensaje de tal actitud es simple, debemos olvidarnos de la anticuada cadena de custodia, de los peritajes científicos o de esa molesta costumbre judicial de mostrar las pruebas a la prensa. En la era de la «justicia mágica trasandina,» la evidencia se consume en una hoguera purificadora antes de que nadie pueda parpadear. El decomiso del siglo, de 108 toneladas de cocaína, que nadie vio y nadie probó, ha pasado directamente del mito urbano al estado gaseoso.
A fin de entender la genialidad de esta operación es necesario que repasemos, cómo la lógica de la infiltración y la eficiencia estatal se fusionaron en un abrazo perfecto: Primeramente, nos incautaron en el puerto de Arica, un cargamento de madera fina de exportación. Las autoridades chilenas afirman, con precisión milimétrica, que dentro de éste había exactamente 108 toneladas de polvo blanco.
Pasaron los días y nadie mostró ni un gramo de la droga. ¿Para qué? Hay que tener fe en la palabra oficial. Exigir fotos o análisis de laboratorio independientes es de gente desconfiada. Ante el riesgo latente de que algún juez impertinente o una comisión internacional experimentada; a solicitud de nuestro gobierno, pida revisar la carga, se toma la decisión más transparente posible: incinerar todo.
Cualquier abogado principiante o cualquier persona que haya visto media hora de una serie policial, sabría que destruir la única pieza material de un caso se llama, en el aburrido código penal, “ocultamiento de pruebas”. Pero aquí no estamos para tecnicismos legales. ¡Faltaba más! Convertir el cuerpo del delito en humo y carbón es una estrategia chilena y vanguardista en la trata de un litigio.
Ahora bien, el juicio se sostendrá sobre bases increíblemente sólidas: el recuerdo difuso de quienes firmaron el acta y las fotos del humo elevándose hacia el cielo. Si la defensa argumenta que ahí solo había aserrín y tablas viejas, la fiscalía siempre podrá invitarlos a inhalar el aire de la zona, para comprobar el contenido.
Hay que reconocer los méritos de este procedimiento. Al quemar la madera, se han ahorrado costosos procesos de almacenamiento, se evitó la fatiga de los peritos encargados de pesar la sustancia y de los perritos encargados de olfatearla, de paso, se resolvió el asunto de la forma más rápida: haciendo que desaparezca.
Ante la vergüenza internacional, la defensa oficial se ha vuelto un malabarismo retórico: mientras los exportadores exigen un justo resarcimiento por el daño y disculpas por la avería reputacional ocasionada, las autoridades chilenas insisten en que «sus científicos” vieron cosas que los reactores químicos normales no pudieron. Es el nacimiento de la posverdad aduanera: “la droga estaba ahí, invisible, indetectable, pero – ¡Chita la payasá – juramos que estaba allí!”. Crean una nueva forma de despojarnos: ayer fue del Mar, mediante una invasión injusta y hoy, de nuestra floreciente industria maderera, destruyendo pruebas.