El fiscal departamental de Santa Cruz aseguró que tiene visa de turista. Señaló que la información sobre las visas debe llegar por los canales diplomáticos para conocer el motivo, alcance y fundamento jurídico de la decisión.
“Somos respetuosos con relación a que se hubiese cesado o que se hubiese revocado supuestamente esta situación de las visas. Vale decir, en todo caso, nosotros como Ministerio Público necesitamos conocer de manera oficial la información que se ha venido difundiendo a través de los diferentes medios de comunicación reitero y redes sociales a través del conducto regular”, indicó.
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Zeballos explicó que se pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar la información mediante los canales diplomáticos, para conocer el sustento, motivo, alcance y fundamento jurídico de la decisión.
“Desconocemos si es una decisión política, si es una decisión económica o si es una decisión netamente administrativa, pero necesitamos saber por qué de dicha decisión”, sostuvo.
Pide información por la vía oficial
El fiscal departamental también pidió que se respete la institucionalidad del Ministerio Público y afirmó que las investigaciones en curso continuarán.
“No vamos, en todo caso, a permitir injerencias o influencias políticas, venga de donde venga. Una cosa es vertir opiniones que las respetamos, pero otra muy distinta es pretender condicionar o interferir o inclusive afectar el trabajo de la institución soberana que representa el Ministerio Público”, afirmó.
Zeballos señaló que, una vez que se conozca la información oficial, la Fiscalía podrá asumir una postura institucional respecto a la medida.
Respecto a su caso, aseguró que tiene una visa de turista y que viajó al país estadounidense para asistir a un curso.
El fiscal afirmó que desconoce las razones específicas de la medida y señaló que, como institución, se respeta la soberanía de cada país y las decisiones relacionadas con el flujo migratorio. Sin embargo, sostuvo que «ese respeto debe ser recíproco entre países».
Antecedentes
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la medida alcanza inicialmente a 13 ciudadanos bolivianos, entre ellos fiscales, jueces, un magistrado constitucional, un exministro de Justicia, un exejecutivo de la Aduana, un coronel de la Policía y un empresario privado.
Entre los nombres que figuran en la lista difundida por el Departamento de Estado de EE.UU. están:
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Santa Cruz.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Santa Cruz.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente interino de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez de La Guardia.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Además, Estados Unidos anunció una designación pública contra el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, bajo la sección 7031(c), al señalarlo por presunta “corrupción significativa”. Además, lo acusaron de solicitar y aceptar sobornos vinculados a actividades de narcotráfico y a la evasión de la justicia por parte de delincuentes.
