El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, presentó los resultados de un estudio de verificación nacional que advierte sobre un riesgo inminente para el derecho a la alimentación de poblaciones en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado. Las verificaciones fueron realizadas en 54 establecimientos de todo el país.
Fuente: UCOM/DPB
“Queremos alertar sobre un riesgo inminente en el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado. Realizamos 54 verificaciones a nivel nacional y el resultado es definitivamente muy preocupante. Queremos enviar un mensaje claro a la población, pero también a los diferentes niveles del Estado —central, departamental y municipal— para que adopten las medidas necesarias y eviten que este riesgo para el derecho a la alimentación se profundice”, señaló el Defensor del Pueblo.
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El relevamiento técnico, realizado en establecimientos ubicados en las nueve capitales departamentales y El Alto, constató una situación presupuestaria crítica en centros de acogida para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), hogares para Personas Adultas Mayores (PAM) y hospitales públicos de segundo y tercer nivel.
De acuerdo con el informe defensorial, uno de los principales factores que incide en esta situación es el incremento generalizado de precios registrado tras la eliminación de la subvención al diésel, además de las variaciones del mercado.
Como consecuencia, el 67% de los centros de NNA y el 60% de los hogares de PAM reportaron un incremento en el costo de adquisición de alimentos. Asimismo, el 56% de los establecimientos destinados a la niñez y el 73% de los hogares de personas adultas mayores señalaron que los recursos asignados son insuficientes para cubrir la cantidad y diversidad nutricional requeridas.
Los hallazgos también evidencian dificultades en el abastecimiento diario. En los centros de NNA, el 17% ya no cuenta con reservas suficientes de alimentos frescos, como carne, verduras y frutas, mientras que el 22% presenta un desabastecimiento parcial.
En los hogares de personas adultas mayores, el 20% reportó falta de productos secos y el 27% carencia de alimentos frescos. Para afrontar este déficit, algunos establecimientos adoptaron medidas de contingencia que afectan otros componentes de la atención, entre ellas solicitar donaciones (40%), sustituir alimentos por opciones de menor costo (33%) y reducir recursos destinados a transporte, educación, pañales y medicamentos psiquiátricos.
En el ámbito sanitario, el 52% de los 21 hospitales visitados reportó limitaciones presupuestarias para garantizar la alimentación y nutrición de sus pacientes.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo dirigió un emplazamiento urgente al nivel central del Estado, al Ministerio de Salud y Deportes, a los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) y Municipales (GAM), así como a los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), para que adopten medidas correctivas inmediatas.
La autoridad defensorial demandó la asignación de recursos extraordinarios y la actualización de los presupuestos institucionales de acuerdo con el costo de vida actual, con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación y prevenir afectaciones a la dignidad y la salud de estas poblaciones.
