En una nota anterior (“Financiarizacion: del espejismo del crecimiento a la desigualdad estructural”), me permití complementar la disección que Javier Gómez hace a las fuentes de la rentabilidad del sistema financiero (SIF) destacando, primero, que el SIF muestra una acelerada concentración del ahorro en el 1% de las cuentas con los mayores depósitos, mientras que la cartera (deudas) se concentra en las cuentas con los menores saldos; segundo, no existe una relación causal evidente entre la cartera de créditos y el crecimiento de los sectores a los que se destinan los recursos; y, tercero, los ingresos, utilidades y el patrimonio del SIF, han crecido de forma desproporcionada con relación a los beneficios que habrían generado para el conjunto de la economía.
En síntesis, planteo que, premeditado o no, lo real es que, la financiarización de la economía, además de su alta rentabilidad para el SIF, ha concentrado rentas en un reducido segmento de la población; no ha contribuido al crecimiento de una economía diversificada, capaz de reducir las brechas de ingreso, productividad y equidad, que necesitamos para recuperar un sitial digno en el contexto regional. El resultado, es precarización laboral con el creciente cuentapropismo, el desplome de la productividad y de la capacidad de generar valor mediante la producción.
Pero, Javier Gómez toca, además, un tema particularmente sensible por las connotaciones políticas, más allá de las económicas, a las que me referiré en esta entrega. Cito a Javier: “los incentivos monetarios y regulatorios continúan orientando los recursos hacia las inversiones financieras en desmedro del crédito a la producción y la inversión privada”; “No se puede reprochar a los bancos por actuar racionalmente. Si una entidad puede invertir a 273 días en valores del BCB al 10,45%, mientras el crédito productivo tiene tasas máximas cercanas al 11,5%, la decisión es previsible.”
Efectivamente, en estas condiciones, no hay donde perderse: si en 273 días se puede ganar el 10,45% sin hacer nada, mientras que colocar microcréditos al 11,5% anual implica costos administrativos muy altos, sólo un tonto optaría por la segunda opción. Comprar títulos es mejor negocio que apoyar al desarrollo productivo, al empleo y a la equidad.
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Lo único que se necesita, es asegurar que el BCB (o TGN) emita regularmente valores. Para que eso suceda, hay que establecer, como norma, que el Gobierno emita títulos valor por el monto del déficit, y que el sector financiero los adquiera ganando intereses. Eso es lo que hace la Ley del PGE 2026. Pero tan sencillo razonamiento tiene un serio problema conceptual y ético: el déficit público no necesita ser financiado. Prohibir al BCB registrar ese financiamiento directo y obligar al Tesoro a endeudarse es un absurdo contable que convierte un dato neutro en un problema artificial… con costos reales para el Estado.
Recordemos. El déficit es un flujo. No es deuda ni ahorro: es el registro de que el gasto público superó los ingresos en un período. Como el Estado gasta más de lo que recauda, su efecto neto es transferir recursos a la economía privada (interna o externa). En consecuencia, no necesita ser financiado: si hay un déficit, es porque el gasto ya se ejecutó; no hay nada que “cubrir” porque el dinero ya fue emitido y transferido a la economía privada, como ingreso privado y como circulante.
En consecuencia, hablar de “financiar el déficit” es conceptualmente incorrecto: la decisión política de convertirlo en deuda, es lo que genera ingresos financieros al SIF. El Banco Central no “financia” el déficit: actúa como cajero del Tesoro, registrando operaciones en la moneda que ya fue creada al gastar. El asiento contable que acredita al Tesoro, no implica nueva emisión autónoma ni, menos, que el BCB esté financiando el déficit: es simplemente el registro de la contrapartida del gasto que ya se ha realizado.
No es necesario emitir bonos u otros instrumentos para eliminar el déficit. Solo sirven para ofrecer al sector financiero privado una fuente segura de rentabilidad, transfiriendo los intereses desde el Estado hacia los dueños del capital. En términos prácticos, es un mecanismo de política –sectorial o financiera, no de necesidad contable.
Repito. En el marco de la soberanía monetaria, el déficit es un flujo que ya ocurrió, y transfirió recursos a los actores no públicos; no requiere ser financiado. El Banco Central no lo “cubre”, solo lo registra: en resumen, los títulos valor y los bonos son una decisión política que transforma un flujo inocuo en un pasivo remunerado (¿para beneficio de quienes menos lo necesitan?).
En el altar del presupuesto equilibrado, se sacrifica a los más débiles. Y eso es así porque, el discurso sobre el comportamiento de la economía, se basa en el mito de la analogía del hogar. Los hogares necesitan ingresos o préstamos antes de poder gastar. Un gobierno emisor de moneda no necesita ingresos antes de gastar. El gobierno crea el dinero que necesita al gastarlo y lo pone en circulación. Los impuestos retiran parte de ese dinero después de que el gasto ha tenido lugar.
La analogía del hogar produce conclusiones políticas erróneas, primero, porque se basa en un análisis equivocado del papel del gobierno dentro de la economía; segundo, porque el tránsito del capitalismo industrial al capitalismo financiero, ha privilegiado el rentismo a la generación de valor mediante el trabajo productivo; y, tercero, porque no es cierto que toda emisión de moneda se transforma, necesariamente, en inflación.
El punto central, es que el gobierno existe para satisfacer las necesidades de la gente. La política no puede reducirse a equilibrar el flujo de caja del gobierno. La política económica no debe organizarse en torno a satisfacer a los mercados financieros. Debe organizarse en torno a la necesidad de proveer a la gente de vivienda, buen trabajo, salud, medio ambiente sano, y libertad para una vejez segura.
Los políticos –y sus políticas, deben decidir a quién sirven, y cuáles intereses protegen.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo en INASET