Seis contenedores fueron incinerados durante septiembre. La Cámara Forestal sostiene que la carga debía preservarse porque el proceso judicial continúa abierto.
La Cámara Forestal de Bolivia denunció la quema en el puerto de Arica de madera boliviana retenida dentro de una investigación por la presunta presencia de sustancias controladas. El sector sostiene que la carga constituye una prueba y no debía ser destruida mientras el proceso judicial siga abierto.
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Según los reportes conocidos desde Chile, seis contenedores fueron incinerados: uno el 3 de septiembre y otros cinco el día 11. La controversia volvió a escalar ayer, cuando una comisión del Senado boliviano llegó hasta la zona de incineración y denunció que observó un nuevo traslado de madera investigada hacia el lugar.
La Fiscalía Regional de Arica había pedido el 21 de septiembre suspender nuevas incineraciones mientras se resolvían diligencias requeridas por las empresas. La investigación chilena continúa abierta.
Su presidente, Pedro Colanzi, afirmó que las nuevas acciones contradicen el pedido de resguardar el cargamento hasta que los informes y las pericias sean incorporados a la causa. A su juicio, trasladar más madera hacia la zona de incineración en presencia de los senadores bolivianos agrava la controversia.
“Se está quemando el esfuerzo de miles de trabajadores y la reputación de un sector que se ha construido durante más de 50 años”, manifestó.
Cuestionan las pruebas
Colanzi reiteró que las compañías rechazan haber impregnado deliberadamente la madera con droga. Señaló que contrataron a exagentes y especialistas vinculados a la DEA y recurrieron a institutos internacionales para revisar los análisis.
El dirigente sostuvo que, después de cuatro meses, las autoridades chilenas tampoco mostraron una cantidad concreta de sustancia controlada recuperada de la carga.
Impacto económico
Colanzi estimó que las empresas perdieron entre $us 10 millones y $us 15 millones. Añadió que el sector forestal dejó de producir alrededor de $us 35 millones desde el inicio del conflicto, además de sufrir un daño reputacional que, según afirmó, no puede cuantificarse.
También advirtió que algunas de las 23 compañías involucradas enfrentan riesgo de quiebra y que el precedente genera incertidumbre para otros sectores bolivianos que utilizan puertos chilenos para exportar.
