Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El fiscal general Roger Mariaca se acogió a su derecho al silencio durante su declaración ante la FELCN y enfrenta una investigación por organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. La Policía, entretanto, desplegó un operativo en la Fiscalía de La Paz para localizar al fiscal departamental Luis Carlos Tórrez, mientras el presidente del TSJ pide respetar el debido proceso para todos los aprehendidos. Estados Unidos vincula las recientes operaciones en Bolivia con el Escudo de las Américas y Christopher Landau respalda al presidente Rodrigo Paz frente al crimen organizado. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio durante la declaración que debía prestar ante agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía de Sustancias Controladas. La investigación lo sindica por los delitos de organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Mariaca fue trasladado a La Paz, donde debía declarar ante el fiscal Juan Pablo Mazzone, acompañado por su abogado Rodrigo Demetrio Salmón del Río. La diligencia se realizó después de su aprehensión en Santa Cruz y de su traslado a dependencias de la FELCN en El Alto. La investigación continúa mientras el Ministerio Público define las actuaciones procesales que corresponden y la autoridad jurisdiccional deberá determinar su situación jurídica.
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Un contingente policial, incluidos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), ingresó este jueves a la Fiscalía Departamental de La Paz para localizar al fiscal departamental Luis Carlos Tórrez. Los agentes acordonaron el edificio y revisaron los registros disponibles para determinar si la autoridad se encontraba en el lugar. El cuaderno de novedades estableció que Tórrez no había acudido a trabajar, información que también fue confirmada por la secretaria de la Fiscalía Departamental. La intervención se produjo un día después de las aprehensiones de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta y de los operativos policiales en distintas dependencias del Ministerio Público. La Policía no explicó oficialmente las razones de la búsqueda ni informó si existía una orden de aprehensión u otra actuación judicial contra Tórrez.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que una eventual extradición de Roger Mariaca a Estados Unidos “está sobre la mesa”, aunque aclaró que hasta ahora no existe una solicitud formal de Washington. La autoridad sostuvo que EEUU podría abrir una causa contra el fiscal general y, si posteriormente solicita su extradición, Bolivia deberá analizar el pedido conforme a los procedimientos establecidos. Justiniano también denunció la existencia de un supuesto “manto de protección fiscal” que estaría entorpeciendo las investigaciones y dando tiempo a los aprehendidos para presentar recursos destinados a recuperar su libertad. El ministro señaló que la investigación debe continuar hasta establecer las responsabilidades correspondientes. Cualquier eventual pedido de extradición dependerá, sin embargo, de que Estados Unidos presente formalmente una solicitud.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, afirmó que Roger Mariaca, Alberto Zeballos y las demás personas aprehendidas deben ser sometidos a un proceso con respeto al debido proceso y al principio de imparcialidad. Saucedo señaló que, una vez que los investigados estén a disposición de una autoridad jurisdiccional, serán los jueces competentes quienes deberán valorar los elementos reunidos durante la investigación y emitir las resoluciones correspondientes. Evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones porque la investigación todavía se encuentra en desarrollo. También sostuvo que la posición de la Sala Plena es respetar la institucionalidad y garantizar que los operadores de justicia actúen con imparcialidad. Mariaca y Zeballos permanecen en dependencias de la FELCN en El Alto.
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó que las recientes operaciones de aplicación de la ley desarrolladas en Bolivia cumplen con la visión acordada por 15 países bajo el denominado Escudo de las Américas. El funcionario señaló que la seguridad regional depende de socios sólidos y sostuvo que las naciones participantes respaldan a sus aliados en acciones destinadas a combatir redes de narcoterrorismo y proteger la gobernanza democrática. Segura se pronunció tras las aprehensiones del fiscal general Roger Mariaca y otras autoridades y exfuncionarios, a quienes se les suprimió la visa, según un anuncio hecho por Washington contra ciudadanos bolivianos. La iniciativa fue acordada el 22 de septiembre por las 15 naciones participantes.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó el respaldo de la administración de Donald Trump al presidente Rodrigo Paz en sus esfuerzos para impedir que el crimen organizado se infiltre y corrompa instituciones del Estado boliviano. Landau sostuvo que Washington apoya firmemente al mandatario boliviano en esta tarea y advirtió sobre los riesgos de politización y corrupción en organismos que se definen como independientes, esto, a propósito de los operativos contra personas investigadas por presuntos vínculos con una estructura criminal dentro del Ministerio Público. El Gobierno boliviano agradeció el respaldo y señaló que valora la disposición de Washington para profundizar la cooperación bilateral en seguridad, institucionalidad y Estado de derecho, bajo criterios de respeto mutuo y soberanía.
El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, sostuvo que, a su juicio, Roger Mariaca era amigo de Sebastián Marset y lo protegía. La autoridad recordó que Paraguay había advertido públicamente que el narcotraficante uruguayo se encontraba en Bolivia y que esa denuncia generó tensiones entre ambos países. Riera vinculó además el caso con el episodio de las hermanas Villalba, a quienes Paraguay buscaba por su relación con el grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Según el ministro, Paraguay había pedido al entonces ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo que actuara contra ellas después de ubicarlas en Bolivia. Riera sostuvo que Del Castillo no procedió como esperaba Paraguay y afirmó que posteriormente las mujeres fueron trasladadas a Venezuela.
La jueza Livia Alarcón negó que haya ingresado a la vivienda donde se refugiaba Sebastián Marset antes de su captura y afirmó que la persona que aparece en las imágenes difundidas corresponde a Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo. Alarcón puso a disposición su teléfono celular para una georreferenciación y las cámaras de seguridad de su domicilio, con el argumento de demostrar que se encontraba allí el 13 de marzo. La jueza también defendió las actuaciones realizadas en los procesos relacionados con el entorno de Marset y sostuvo que observó varios sobreseimientos emitidos por el Ministerio Público por incumplimientos en las notificaciones. En particular, señaló que el sobreseimiento a favor de Katherin Marset fue observado y no estaba ejecutoriado. El Consejo de la Magistratura investiga a Alarcón.
Bolivia registró un saldo comercial favorable de $us 2.029,2 millones entre enero y agosto de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese periodo, las exportaciones llegaron a $us 8.987,1 millones, un incremento de 53,8% respecto a los $us 5.825,8 millones del mismo periodo de 2025. Las importaciones sumaron $us 6.957,9 millones. El resultado estuvo impulsado principalmente por la minería y la industria manufacturera. Las exportaciones mineras alcanzaron $us 3.783,4 millones, un crecimiento de 73,3%, mientras la industria manufacturera llegó a $us 4.027,4 millones, con un aumento de 59,3%. Entre los productos con mayor crecimiento figuran el oro metálico, cuyas ventas externas alcanzaron $us 1.494,5 millones, y la plata, con $us 2.306,8 millones. En contraste, las exportaciones de gas bajaron a $us 701,1 millones.
La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un financiamiento de $us 224 millones para reiniciar y concluir proyectos de la Red Vial Fundamental en siete departamentos: La Paz, Oruro, Pando, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. La operación será ejecutada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y contempla obras como la doble vía Santa Cruz–Warnes, Oruro–Challapata, Escoma–Pacobamba, Uyuni–Hito LX y el programa Puentes de Integración. El programa prevé poner en servicio 469 kilómetros de carreteras y beneficiará a 3.862.055 personas. El organismo explicó que el financiamiento busca responder al encarecimiento de materiales, insumos importados y combustibles que afectó la ejecución de las obras. La CAF supera los $us 1.000 millones aprobados para el sector vial boliviano.
