Octubre comenzó con un megaoperativo ejecutado en simultáneo en Santa Cruz, La Paz y Sucre, donde se produjeron arrestos y capturas. El Gobierno asegura que el fiscal general protegió al narcotráfico. EEUU detectó “corrupción significativa”
La operación que terminó con la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, comenzó cerca de las 22:00 del miércoles 30 de septiembre y se extendió durante la madrugada del jueves 1 de octubre en La Paz, Santa Cruz y Sucre. El balance divulgado ayer por el Gobierno habla de 14 aprehendidos, entre ellos tres altos fiscales y un mayor de la Policía, mientras el vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió que las pesquisas y los operativos continuarán: “Esto recién comienza”.
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El caso irrumpió apenas dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalara públicamente a Mariaca por presunta “corrupción significativa” y afirmara que habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó esas acusaciones antes de su aprehensión. La medida estadounidense, en el caso del fiscal general, apunta a un mecanismo denominado OFAC que tiene que ver con el seguimiento a recursos que pudieron ser generados con actividades ilegales y contra los intereses de Estados Unidos.
Operativo
El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, reconstruyó la secuencia del operativo. Según su informe, las unidades especializadas comenzaron a trabajar con reportes financieros elaborados por organismos estatales y con antecedentes de dos investigaciones abiertas en Santa Cruz de la Sierra, relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, una por legitimación de ganancias ilícitas y otra por tráfico de sustancias controladas.
La primera aprehensión que detalló Álvarez fue la del mayor Rubén Aparicio Villarroel, ejecutada en La Paz antes de las acciones directas llevadas a cabo en Viru Viru. El jefe policial sostuvo que, después de su captura, Aparicio proporcionó información que vinculaba a “altas autoridades del Ministerio Público” con evidencias de soborno y narcotráfico.
Así, Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos posteriormente en Viru Viru. De acuerdo con la Policía, inicialmente se preveía trasladarlos a dependencias fiscales cruceñas, pero informes de Inteligencia alertaron sobre el desplazamiento de grupos que iban al aeropuerto con la supuesta intención de interferir en el procedimiento. Por razones de seguridad, ambos fueron enviados a La Paz y conducidos, hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
En paralelo, en Sucre fue aprehendido el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores. La Policía señaló que fue encontrado en dependencias de la Fiscalía General junto a otras personas, que presuntamente pretendían retirar documentación relacionada con la investigación en curso.
Irusta fue posteriormente trasladado por tierra hacia La Paz. El despliegue continuó en domicilios vinculados con los investigados. Álvarez informó que dos técnicos especializados en cámaras de videovigilancia e informática fueron encontrados en la vivienda del fiscal Zeballos. La versión policial sostiene que habían ingresado para retirar los DVR de las cámaras y que esa actuación fue interpretada como un intento de obstaculizar la investigación del caso Mariaca y evitar que se preservara la información almacenada en esos dispositivos.
Horas después, ya en horas de la madrugada, los agentes detectaron el ingreso de una ambulancia particular al domicilio de Mariaca. Inicialmente, según el comandante, los efectivos consideraron que el vehículo llegó para atender una emergencia. Cuando salió del inmueble fue interceptado y registrado. En su interior, la Policía halló maletines con dinero. El recuento se realizó bajo dirección fiscal con presencia de la Unidad de Transparencia. El acta estableció la existencia de Bs 3,5 millones y $us 10.000.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que esos recursos serían producto de “exacciones” realizadas a ciudadanos que acudían a la F iscalía.
Investigados
El Gobierno informó inicialmente que los 14 aprehendidos estaban distribuidos entre cuatro autoridades o funcionarios de jerarquía —Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio—, cuatro personas interceptadas con el dinero y seis funcionarios del Ministerio Público.
El general Álvarez mencionó, además, a ocho funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz que llegaron en vehículos oficiales y particulares hasta la vivienda de Mariaca, en medio del operativo.
Oviedo sostuvo que la investigación alcanza los presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. El ministro afirmó que se había “desmontado una organización criminal enquistada en la justicia” y atribuyó a Mariaca la conducción de una estructura que, según el Ejecutivo, utilizó posiciones dentro del Ministerio Público para proteger actividades vinculadas con el narcotráfico.
José Luis Gálvez reforzó esa línea horas después. El portavoz afirmó que los teléfonos celulares de los aprehendidos estaban siendo sometidos a procedimientos de extracción y análisis con el objetivo de reconstruir contactos y flujos de llamadas. Dijo que la hipótesis que guía la investigación es que una organización vinculada con el narcotráfico consiguió protección dentro del propio Estado.
“El poder no puede ser un refugio para el delito”, sostuvo Gálvez, quien presentó el operativo como un “parteaguas” para la reestructuración del Ministerio Público. En ese sentido, el personero aseguró que la Asamblea Legislativa está frente a “una oportunidad” para cambiar y renovar la justicia.
La Asamblea Legislativa debe sesionar hoy para tomar una determinación respecto al futuro institucional de la Fiscalía.
El factor Marset
La investigación vuelve además sobre antecedentes relacionados con Sebastián Marset. El comandante señaló expresamente que entre los elementos analizados hay procesos por legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas relacionados con el narcotraficante uruguayo.
El ministro Oviedo recordó que Mariaca era fiscal de Santa Cruz en julio de 2023 cuando se produjo el fallido operativo de captura de Marset. En ese tiempo, el uruguayo contaba con documentos de residencia y permisos migratarios otorgados por el Ministerio de Gobierno, una entidad que fue comandada por Eduardo del Castillo entre 2019 y 2025. Ahora, la exautoridad figura entre los “buscados” y vinculados con las pesquisas del caso, dijo Oviedo.
Álvarez, por su lado, insistió en que será la investigación dirigida por el Ministerio Público la que determine la participación y responsabilidad individual de los aprehendidos, a partir de los indicios materiales, declaraciones y otros elementos que sean incorporados al proceso. Hasta el cierre de la edición de ayer, la Fiscalía no había planteando la imputación formal con el requerimiento para que un juez determine el futuro de Mariaca, además de sus colegas implicados, operadores de justicia y otros ciudadanos que pudieron formar parte de la supuesta “estructura criminal” de respaldo al narcotráfico.
“Hay un conjunto de personas que están siendo naturalmente parte de este proceso, no podemos adelantar, comprenderá que hasta por un tema de sentido común, porque precisamente si están siendo buscados no se puede dar las alertas de quienes están siendo buscados”, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo ante la inquietud periodística sobre los encausados.
“El operativo continúa. La investigación continúa”, dijo luego Galvez y reiteró la frase con la que el Ejecutivo anticipó nuevas acciones: “Esto recién comienza”.
